El candidato Carlos Mesa acusó que hubo fraude en las elecciones,
después de que el Tribunal Supremo Electoral actualizara los datos y le
diera la victoria a Evo Morales
LA PAZ, 21 oct - La autoridad electoral de Bolivia publicó el lunes por la noche nuevos datos que daban al presidente Evo Morales suficientes votos para ganar las disputadas elecciones en primera vuelta, provocando acusaciones de fraude de su principal rival, enfrentamientos en las calles y ataques a oficinas electorales. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió de forma inesperada el conteo preliminar de votos el domingo por la noche cuando los resultados mostraban que las elecciones iban a una segunda vuelta. La pausa abrupta alimentó las preocupaciones de los observadores electorales y de gobiernos extranjeros por la posible manipulación de los votos. Después de una brecha de 24 horas, el TSE actualizó su conteo para mostrar al izquierdista Morales con una mayor ventaja, con un 46.85% de los votos frente al 36.73% de su contrincante Carlos Mesa, apenas lo justo para darle la ventaja de 10 puntos necesaria a fin de consagrarse en primera ronda. Mientras los manifestantes peleaban con la policía en las calles de la capital, La Paz, fuera del lugar de conteo, el candidato de centroderecha Mesa criticó los resultados como "vergonzosos" y dijo que no los reconocería. Reuters "Confiamos en que la ciudadanía no va a aceptar esta votación", dijo Mesa a periodistas en la ciudad de Santa Cruz. "Este gobierno ha planteado una situación imposible (...), de hacerse la burla del voto popular". Un día antes, Mesa -un expresidente que después de dos años de gobierno se vio forzado a renunciar por protestas- había celebrado el pase a una segunda vuelta con el recuento oficial con casi el 84% de los votos mostró que a Morales no le habían alcanzado los sufragios para consagrarse. Pero Morales, quien ganó sus tres periodos anteriores con mayorías sólidas, insistió el domingo en la noche que los votos de las zonas rurales le darían una victoria absoluta. La incertidumbre provocó protestas en el país sudamericano y observadores electorales y diplomáticos internacionales temían que se desencadenaran el tipo de manifestaciones violentas y disturbios que han sacudido a Chile y Ecuador recientemente. AFP
"El resultado está en entredicho y hay aprontes de conflicto. Se
podría desatar un clima que de la tensión pase a la convulsión", dijo el
analista político boliviano Franklin Pareja. Manifestantes incendiaron por la noche los tribunales electorales departamentales de las ciudad de Sucre y de la localidad de Tarija, según imágenes de televisión. Gases lacrimógenos en protestas Antes de que el TSE reanudara el lunes la actualización de los resultados preliminares, miles de bolivianos protestaron frente a un hotel en La Paz donde el tribunal procesaba los votos. La policía disparó gases lacrimógenos contra la multitud, en medio de reportes de enfrentamientos en otros lugares. La decisión previa del TSE de detener el conteo provisional con solo el 83.76% de las actas computadas había llevado al observador oficial, la Organización de Estados Americanos (OEA), a exigir una explicación. "Esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado y con el ejercicio estadístico de la misión de observación", dijo Manuel González, jefe de la misión de la OEA. González dijo que el cambio en un día fue "inexplicable" y es un
golpe a la confianza de los votantes en el proceso electoral, pero no
llegó a considerar ilegítimos los resultados. Reuters Argentina, Brasil yla Casa Blanca también expresaron preocupación por la interrupción en el flujo de los resultados. "Las autoridades electorales deberían restablecer de inmediato la
credibilidad y la transparencia del proceso para que se respete la
voluntad del pueblo boliviano", escribió en Twitter Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Si Morales gana, el líder con mayor cantidad años en el cargo en Latinoamérica extendería su gobierno a 19 años. Antonio Costas, uno de los seis miembros del TSE que coordina el conteo, dijo a Reuters el lunes que se tomó la decisión de suspender el conteo preliminar para centrarse en el cálculo oficial más lento. Ese conteo, aún en curso con aproximadamente el 60% de las boletas procesadas, tiene a Mesa y Morales estrechamente empatados con un poco más del 42% de los votos cada uno. Costas agregó que no había recibido ninguna presión política para
detener el conteo preliminar, que había sido concebido para garantizar
una mayor transparencia en la votación. Morales, un exlíder sindical de cocaleros, ha encabezado un largo período de estabilidad política y económica para Bolivia, el país más pobre del continente. Pero su apoyo ha disminuido en medio de la desaceleración del crecimientoeconómico y la preocupación por la corrupción y las prácticas antidemocráticas.
Siguen las protestas en Chile, mientras muchos buscan volver a la normalidad
Durante la noche, en el quinto día de toque de queda, los disturbios se
calmaron en el centro de Santiago aunque en la periferia la situación
seguía tensa, con saqueos e incendios que no se detienen en un país en
estado de emergencia y con militares en las calles.
Las
manifestaciones, que estallaron el viernes pasado tras el aumento en
casi 4 centavos de dólar en la tarifa del metro, dejan hasta ahora 18
muertos. (Foto: AFP)
Chile
enfrenta este jueves una nueva jornada de manifestaciones tras un
estallido social que suma 18 muertos y que no cede, en un país donde
muchos quieren retornar a la normalidad mientras otros optan por seguir
en las calles en busca de un profundo cambio al sistema económico.
La
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y una veintena de organizaciones
sociales llamaron a una segunda jornada de paralización este jueves,
pero de mañana muchos acudían a su trabajos en el centro de Santiago y
el comercio abría tímidamente sus puertas.
Lo
que ha hecho hasta ahora el presidente Piñera es polarizar y tensionar
el país. Tenemos hoy en las calles a jóvenes con un fusil en las manos
contra sus propios compatriotas”, dijo a periodistas Bárbara Figueroa, presidente de la CUT, el sindicato más poderoso de Chile.
Durante la noche, en el quinto día de toque de queda, los disturbios se calmaron en el centro de Santiago aunque
en la periferia la situación seguía tensa, con saqueos e incendios que
no se detienen en un país en estado de emergencia y con miles de
militares en las calles.
Las
manifestaciones, que estallaron el viernes pasado tras el aumento en
casi 4 centavos de dólar en la tarifa del metro, dejan hasta ahora 18
muertos, cinco de ellos por acción de agentes del estado, en medio de
crecientes denuncias de abuso policial y militar.
Un
último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
contabiliza, además, 535 personas heridas (239 de ellas por armas de
fuego) y 2.410 detenidos.
Chile
vivió su sexto día de protestas masivas en reclamo de reformas en pos
de la igualdad y la dimisión del presidente Piñera y su Gabinete. (Foto:
AFP)
— Ciudad en movimiento —
Con
militares custodiando las estaciones de las tres líneas del metro
metropolitano que funcionan parcialmente, muchos de los siete millones
de habitantes de Santiago intentaban volver la normalidad siete días después del inicio de la crisis.
Restos
de semáforos y de las barricadas que se encienden al caer la noche en
la ciudad recuerdan a los santiaguinos que los días de estabilidad
social quedaron por ahora en el olvido.
“En
la mañana se ve harto movimiento, la gente se está movilizando pero en
la tarde todo se pone difícil y empiezan los gases y perdemos lo bueno
que tenemos ahora”, dijo Maicol Rojas, peruano de 50 años, que vende comida frente a la sede de gobierno.
A
las tres líneas de metro, se suman unos 6.000 autobuses que en la
superficie intentan compensar la paralización de las otras cuatro líneas
del subterráneo.
Algunos
supermercados que permanecieron cerrados el miércoles abrirán sus
puertas en esta jornada y la mayoría de los colegios públicos recibirán a
sus alumnos, en aparente señal de normalidad.
En
días anteriores ha habido intentos similares de retomar la rutina,
aunque la tranquilidad se ha esfumado al caer la noche, pese a que unos
20.000 militares y policías patrullan las calles apoyados por
helicópteros.
En
la pasada jornada, cuatro hoteles fueron saqueados y vecinos vestidos
con chalecos amarillos realizaron rondas de vigilancia en comunas
periféricas para evitar robos.
En
la región de Valparaíso se produjeron ataques a casetas de peajes en la
ruta que la une con Santiago, mientras que manifestantes bloqueaban
importantes autopistas en la región de la Araucanía.
El ministerio de Defensa de Chile
confirmó a la AFP que llamó a reservistas para hacer frente a la crisis
social, pero descartó que sean utilizados para patrullar las calles.
El fiscal del equipo Lava Jato Germán Juárez solicitó
36 meses de prisión preventiva para 16 árbitros que habrían favorecido
con laudos irregulares a Odebrecht, según la tesis del Ministerio
Público.
Algunos
de los afectados son Humberto Abanto, Randol Campos, Mario Castillo,
Fernando Cantuarias, Franz Kundmuller y Luis Pebe. (Vea la lista
completa en peru21.pe). Juárez sostiene que los laudos demandaron pérdidas millonarias para el Estado de hasta US$254 millones.
Según
colaboradores eficaces, los imputados recibían de Odebrecht un ‘bono de
éxito’ adicional a su honorario arbitral que ya estaba establecido por
el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.
Según la resolución fiscal a la que accedió Perú21, estos son los pagos ilícitos que habrían recibido los abogados:
Humberto Abanto: S/423,694
Fernando Cantuarias: S/105,934
Franz Kundmuller: S/105,934
Mario Castillo: S/855,924
Marcos Espinoza: S/875,924
Alfredo Zapata: S/855,924
Daniel Linares: S/354,570
Alejandro Álvarez: S/429,134
Randol Campos: US$140,000 y S/557,597
Emilio Cassina Rivas: US$125,000
Emilio Cassina Ramón: US$130,000
Luis Pardo: US$40,000
Richard Martín Tirado: US$40,000
Luis Pebe: US$30,000
Weyden García: US$70,000
Ramiro Rivera: US$106,000 y S/135,374
Resolución fiscal.
Castillo señaló a Perú21
que está sorprendido por la medida porque “no hay ninguna prueba”.
Agregó que de los tres arbitrajes, “dos fallé contra Odebrecht y uno
parcialmente a favor y parcialmente en contra de la empresa”.
Fernado Cantuarias dijo, a través de un intermediario, que se pronunciaría cuando tenga la resolución completa.
Para Horacio Cánepa y Celso Gamarra se solicitó solo comparecencia restringida.
Odebrecht admitió pagos ilícitos en los arbitrajes
La constructora Odebrecht ha reconocido, la semana pasada, ante el equipo especial Lava Jato, actos ilícitos alrededor de los arbitrajes que le ganó al Estado peruano.
El
caso arbitrajes se suma a la lista de 8 proyectos en investigación
fiscal en los que la compañía ha admitido el pago de sobornos. Si bien
Odebrecht venía colaborando desde junio con el fiscal Germán Juárez a
cargo de la pesquisa, recién hace una semanas firmó un acta de
culpabilidad.
Fuentes de Perú21 en el Ministerio Público
señalaron que la constructora realizó la entrega de documentos de los
sistemas Drousys y MyWebDay de la extinta caja de sobornos, y otros
documentos, que corroboraron pagos ilícitos en el ámbito del caso
arbitrajes.
Por IDL-Reporteros (*).- El equipo especial
anticorrupción de la Fiscalía para el caso Lava Jato amplió la
investigación sobre los arbitrajes entre Odebrecht y el Estado contra 24
personas, entre las que figuran 19 árbitros, dos exfuncionarios del
ministerio de Transportes y Comunicaciones, y tres exejecutivos de la
constructora brasileña. La investigación, que
está dirigida por el fiscal anticorrupción Marcial Paucar, empezó en
setiembre de 2017 y estuvo focalizada inicialmente en el abogado Horacio Cánepa,
que votó a favor de la empresa en 16 de los 19 arbitrajes en los que
participó. Sus votos a favor de la constructora beneficiaron a esta con
más de 500 millones de soles. En esta
nueva disposición, el fiscal Paucar estableció que “no solo estarían
vinculados todos los árbitros que participaron como integrantes y
presidentes de los diferentes Tribunales Arbitrales, sino
también estarían vinculados funcionarios del Estado Peruano (del MTC) y
además funcionarios de Odebrecht, quienes se habrían encargado de
realizar coordinaciones previas, las acciones de concertación y la
entrega de dinero ilegal, tanto a los árbitros como a los funcionarios
del MTC, para que los consorcios o concesionarios de Odebrecht sean
beneficiados con los laudos arbitrales por grandes y cuantiosas sumas de dinero, en dólares”. Dentro
de la relación de árbitros figuran algunos de los que fallaron el mayor
número de veces a favor de la constructora: Luis Pardo Narváez, Randol
Campos Flores y Richard Martín Tirado. También está Humberto Abanto
Verástegui, árbitro nombrado por la compañía para dirimir una diferencia
en el proyecto IIRSA Norte; y que ahora defiende a Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza 2011, en la investigación fiscal por los aportes que hizo Odebrecht a la campaña presidencial de Keiko Fujimori. El fiscal Paucar incluyó en el caso al exprocurador del ministerio de Transportes y Comunicaciones,Jaime Valés Carrillo, y al exdirector de Concesiones de ese portafolio, Celso Gamarra Roig. “En su condición de funcionarios del MTC, habrían aceptado y recibido dinero (donativo) para, en el caso del primero,no
impugnar o presentar nulidades a los laudos favorables a Odebrecht”; y
en el caso del segundo “para no interponer ningún recurso judicial
contra los laudos favorables a Odebrecht y además dar instrucciones” a
los árbitros para que laudaran a favor de la constructora.
Jaime
Valés Carrillo, exprocurador del ministerio de Transportes y
Comunicaciones. (Fuente: Captura de pantalla de entrevista en Buenos
Días Perú en Panamericana).
Los sobornos que
ambos recibieron de Odebrecht fueron transferidos a sus cuentas
bancarias personales para luego comprar bienes, según la tesis del
fiscal. La investigación incluye además a los exejecutivos de Odebrecht, Eleuberto
Antonio Martorelli y Raymundo Trindade Serra, y al exdirector de
contratos de IIRSA Norte, Ronny Loor Campoverde. Según el fiscal, ellos
fueron los encargados de pactar las coimas con los árbitros y
funcionarios del MTC. “El dinero
provendría de las cuentas de AEON Group, perteneciente a Odebrecht, cuyo
origen era completamente ilícito o para el pago de sobornos o dádivas
[…]”, indica la disposición fiscal.
Exejecutivos
de Odebrecht: Eleuberto Antonio Martorelli, Raymundo Trindade Serra, y
Ronny Loor Campoverde. (Fuente: Semana, Diario Uno y Odebrecht Perú)
Según pudo conocer IDL-Reporteros,
los tres exejecutivos de la constructora brasileña se acogieron a la
delación premiada (o colaboración eficaz) en Brasil, que está en proceso
de homologación. Todos ellos están dispuestos a colaborar con las
investigaciones de la fiscalía peruana.
Confesiones
Según el testimonio
del aspirante a colaborador eficaz Nº14-2017, citado en la disposición
fiscal, los árbitros Horacio Cánepa y Fernando Cantuarias se reunieron
con Ronny Loor y Celso Gamarra en el MTC, para coordinar un proceso
arbitral relacionado al proyecto IIRSA Norte. Durante el encuentro, que data de abril de 2012, Gamarra
y Loor decidieron cuál iba a ser “la materia controvertida” y el monto
que Odebrecht reclamaría: 28 millones 261 mil 946 dólares. “Instruyeron a los
árbitros” para que “emitan una decisión favorable a Odebrecht que
previamente había sido acordada entre las partes. El arbitraje iba a ser
el ropaje legal para cobrar al Estado el monto señalado y continuar con
la obra”. En contrapartida, los abogados cobrarían honorarios
“superiores a las tablas de los centros arbitrales”. Cuando el proceso
arbitral resultó favorable a Odebrecht, el MTC pagó inmediatamente y no
presentó ninguna acción de impugnación. Ese
mismo año, para los arbitrajes de IIRSA Sur – Tramos 2 y 3, Cánepa
sostuvo varias reuniones con Ronny Loor, quien le ofreció “el 1% del
monto total de los 13 arbitrajes bajo dos premisas, la primera que el 1%
sea del monto bruto sin incluir IGV, la segunda que hayan sido pagadas
por el MTC”. A cambio, Cánepa debía realizar “su mayor esfuerzo” para
que Odebrecht gane esos arbitrajes. Le dijo, además, que si había un
árbitro que no quisiera fallar a favor de la constructora, le avisara
para darle “un incentivo”. De los 13 laudos arbitrales, 10 resultaron favorables a Odebrecht. Entre octubre y
noviembre de 2012, Loor llamó por teléfono a Cánepa para reunirse en las
oficinas de Odebrecht. “Allí le mencionó que el MTC le había pagado los
primeros laudos y la única manera que tenía de pagarle era a través de
la BPA de Andorra, y allí le presentó al funcionario Francisco Xavier
Pérez, quien le gestionó la apertura de una cuenta bancaria en dicha
entidad”. En total, Odebrecht le transfirió a Cánepa 1,4 millones de dólares a través de la offshore Maxcrane Finance SA. Poco tiempo después,
en abril de 2013, el abogado Randol Campos, designado como árbitro por
el MTC en un proceso, dio un voto en minoría contra Odebrecht. Loor
llamó a Cánepa para indicarle que en lo sucesivo viera que “no salga
ningún laudo por mayoría sino por unanimidad”. “Cánepa buscó a Randol
Campos Flores a fin de proponerle el pago de dinero a cambio de
favorecer a Odebrecht en los proceso que tenía a su cargo”, indicó el
colaborador. Según
esta versión, Campos recibió tres pagos, en efectivo, de 20 mil dólares.
De la misma forma, fueron sobornados los árbitros Luis Pebe Romero (30 mil dólares) y Luis Pardo Narváez (20 mil dólares).
Si bien
la investigación se circunscribe a personas relacionadas a 24
arbitrajes sobre controversias en los proyectos IIRSA Sur tramos 2 y 3,
IIRSA Norte, Sistema de Agua Potable Chimbote y la Carretera Callejón de
Huaylas Chacas – San Luis; IDL-Reporteros publica a
continuación la relación de 42 arbitrajes entre Odebrecht y distintas
entidades del Estado, en los que intervinieron 40 árbitros. De los 42 procesos, la empresa ganó 35 y logró cobrar 254 millones 656 mil dólares. Más de la mitad de
los arbitrajes que perdió el Estado tuvieron como fundamentación
deficiencias en las bases (contratos, modificaciones al contrato y
expedientes técnicos) de los proyectos. De ese total, el 85% de
ocasiones, fue la propia Odebrecht la responsable de realizar el
expediente técnico o el proyecto de ingeniería de detalle del proyecto.
Es decir, Odebrecht logró que el Estado firme y se responsabilice por un
proyecto defectuoso hecho por esta y luego lo demandó para que le pague
por esas fallas.[Ver: Tras cuernos, palos]
(*) Esta es una
publicación de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas
liderada por IDL-Reporteros e integrada por periodistas de O Globo
(Brasil), La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando.Info
(Venezuela), Sudestada (Uruguay), y Quinto Elemento Lab (México).
LA SUJECION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE PERU, AL DICTADOR MARTIN VIZCARRA ES DE TODOS CONOCIDA, TAN ES ASI, QUE DESIGNO A UN MAGISTRADO VENAL, PARA SER EL PONENTE EN LA DEMANDA COMPETENCIAL QUE PRESENTO EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL PERU........
Carlos Ramos, ponente de la demanda competencial, adelantó opinión
Varias voces pidieron su inhibición por haber adelantado una postura en
un caso complejo en el que debió mantenerse neutral.
MAGISTRADO DE MEDIO PELO, A CARGO DE ALGO QUE SE HACE PARA RECUPERAR ELE STADO DE DERECHO........ESTE MISERABLE DE LA FOTO DIJO QUE --EN PERU NO HABIA HABIDO NINGUN GOLPE----------Y AHORA ES EL PONENTE DE LA DEMANDA-------
ASI ES EN PERU LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA----TODA UNA FARSA-----
Jueves 17 de Octubre del 2019
12:40 pm
El magistrado Carlos Ramos
ha sido seleccionado con 4 votos a favor contra 3, el integrante del
Tribunal Constitucional que tendrá a su cargo la ponencia de la demanda
competencial interpuesta por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea,
contra el gobierno de Martín Vizcarra.
Fueron los tribunos Manuel Miranda, Marianela Ledesma, Eloy
Espinosa-Saldaña y el mismo Ramos, quienes escogieron a este último
ponente, contra los votos de Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto
Ferrero.
Cabe recordar que el ponente ya ha adelantado opinión en
declaraciones a un medio de comunicación, por lo que debía inhibirse del
caso. En entrevista para El Comercio, Ramos no condenó la
inconstitucional acción de Vizcarra Cornejo y, más bien, la describió
como un “mecanismo” legal.
“No, no es un golpe de Estado. Es un mecanismo
constitucional previsto en la Constitución y que forma parte de algo muy
típico de la Constitución del 93, que es reforzar el poder del
presidente de la República”, dijo.
Por esta declaración, varios juristas y hasta voces de la Izquierda,
demandaron su inhibición. Por ejemplo, el militante del Frente Amplio
-agrupación que favoreció la disolución del Congreso- Justiniano Apaza,
se refirió a que está en condición de apartarse del caso.
“Por
transparencia y claridad ningún tribuno puede dar una opinión por
adelantada, (…) está en el derecho de inhibirse”, afirmó el
frenteamplista.
El segundo vicepresidente de la Comisión Permanente, Salvador Heresi,
también se aunó a lo señalado por su colega parlamentario. “Los
magistrados Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña han adelantado opinión
porque están dando por hecho una situación (la disolución del Congreso)
que para una de las partes es inconstitucional, (…) por lo tanto, vamos a
recusar a esos dos magistrados que han adelantado opinión”, dijo,
aunque no se conoció después si es que había presentado o no una
recusación.
En un reciente artículo publicado en Lampadia, el periodista Jaime de
Althaus explicó así la situación del magistrado: “Carlos Ramos,
magistrado del Tribunal Constitucional, ha adelantado opinión de manera
copiosa e incontinente sobre si la disolución del Congreso fue
constitucional, por lo que deberá inhibirse en la demanda competencial
sobre la cuestión cuando ésta sea vista por el Tribunal”.
En Peru hay funcionarios publicos, venales, que persiguen personas naturales o juridicas, acusandolas de mil tonterias, para obligarles a que les paguen una coima en dinero----para ellos darles permisos entre comillas: para que --trabajen--para que tengan un Centro Educativo---Farmacia--Cebicheria--Academia--
Te mandan a sus subalternos, para que te presionen, adviertan, amenacen, que tu trabajas ilegalmente, aun cuando ud tenga absolutamente todos los permisos.
La COIMA lo es todo para esos funcionarios publicos miserables como son: Victor Severo Linares Prado, Betsi Elena Vasquez Navarro, Segundo Lopez Ipanama, Anibal Rios Catashunga, Martha Flora Romani Sanchez de Ruiz, Daniel Shapiama, y otros miserables mas que alguna vez , tuvieron un carguito temporal en la Direccion Regional de Educacion de Loreto y como ellos muchos otros a nivel nacional.
Como el alcalde de la municipalidad distrital de Asillo (Puno), Dimas Chinoapaza Apaza,que fue detenido por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, ante una denuncia en la que se le acusa de pedir una coima de 20 mil soles. Según la denuncia, el alcalde pedía coimas por dar el
visto bueno del pago de 443 mil soles a una empresa con la que se firmó
un convenio por implementar con mobiliario médico al centro de salud El
Progreso. 11/04/2017.
Luis Castillo Córdova | 5434 Lunes, 14 de Octubre de 2019
El autor sostiene que es irrazonable exigir la
formalidad de la aprobación del Pleno del Congreso para admitir a
trámite la demanda competencial, no solo porque no es posible de ser
cumplida sino también porque impediría que el proceso competencial
consiga su finalidad y que el TC cumpla con el encargo que justifica su
existencia. En todo caso, refiere que, ante la duda razonable acerca de
la procedencia o no de la demanda competencial, el TC deberá aplicar el
principio pro actione y declararla admitida a trámite.
La posición jurídica del Tribunal Constitucional
Todos los órganos creados por la
Constitución ocupan un determinado lugar en el sistema jurídico. Un tal
lugar viene definido por la función que debe cumplir, y de esta
dependerá las atribuciones que se le reconozcan. Al Tribunal
Constitucional (en adelante TC) el Constituyente le ha encargado
expresamente el control de la constitucionalidad de las decisiones
públicas y privadas (artículo 201 de la Constitución). Para cumplir un
tal encargo, le ha reconocido una serie de atribuciones (artículo 202 de
la Constitución) de tal envergadura que permiten sostener que, en
comparación a las atribuciones del otro controlador de la
constitucionalidad (el Juez, según el segundo párrafo del artículo 138
de la Constitución), son mayores en número e intensidad. Esto reclama
reconocer al TC como controlador mayor o controlador supremo de la
constitucionalidad.
En la medida que no es posible una labor
de control constitucional sin previa interpretación de la Constitución,
deberá reconocerse que quien es controlador de la constitucionalidad
necesariamente será intérprete de la Constitución. De modo que quien es
controlador supremo irremediablemente será también intérprete supremo de
la Constitución. Estos dos elementos dibujan la posición jurídica del
TC en el sistema constitucional peruano: es supremo intérprete de la
Constitución y supremo controlador de la constitucionalidad.
Consecuentemente, debe ser reconocido que
el Constituyente le ha encargado al TC que controle la
constitucionalidad de las interpretaciones que de la Constitución lleven
a cabo los poderes públicos y los particulares; y que controle las
decisiones (normativas y no normativas) que adopten los poderes públicos
y los particulares. Esta es la razón de ser del TC en el sistema
jurídico peruano: velar por la plena vigencia de la Constitución,
evitando que sea falseada con interpretaciones inconstitucionales, y
evitando que sea transgredida con decisiones (normativas o no
normativas) inconstitucionales.
El proceso competencial
Al TC como supremo intérprete y
controlador de la constitucionalidad, se le ha atribuido “[c]onocer los
conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la
Constitución, conforme a ley” (artículo 202.3 de la Constitución). Como
intérprete supremo de la Constitución, el TC identifica el contenido
normativo de las distintas disposiciones que regulan las atribuciones y
consecuentes competencias que el Constituyente ha asignado a los
distintos órganos constitucionales.
El Poder Ejecutivo está habilitado para
interpretar las disposiciones de la Constitución que regulan sus
atribuciones; de la misma manera, el Congreso de la República está
habilitado para interpretar las disposiciones de la Constitución que
regulan sus atribuciones. Si estas interpretaciones son contrarias entre
sí, el TC no solo tiene la posibilidad sino también la obligación
constitucional de cumplir con la misión que le ha encomendado el
Constituyente y que da sentido a su existencia, y debe proceder a
dilucidar cuál de las dos interpretaciones efectuadas es la que se
ajusta a la Constitución y cuál no.
El Constituyente ha decidido, pues, que
el control de constitucionalidad tanto de las interpretaciones de las
disposiciones de la Constitución que realicen los poderes públicos en
relación a sus atribuciones y competencias, así como de las decisiones
que hayan sido adoptadas con base en tales interpretaciones, se lleve a
cabo a través del proceso competencial.
La legitimidad para obrar en el proceso competencial
El desarrollo del proceso competencial se
recoge en el Código Procesal Constitucional, en el que se ha decidido
que “[l]os poderes o entidades estatales en conflicto actuarán en el
proceso a través de sus titulares. Tratándose de entidades de
composición colegiada, la decisión requerirá contar con la aprobación
del respectivo pleno” (artículo 109). Desde esta disposición es posible
concluir las siguientes dos normas constitucionales adscriptas:
N109: Está ordenado a los
poderes públicos o a las entidades estatales en conflicto, actuar en el
proceso a través de sus titulares.
N109’: Está ordenado que,
tratándose de entidades de composición colegiada, la decisión de
interponer una demanda competencial cuente con la aprobación del
respectivo pleno.
Estas dos normas predicadas del Congreso de la República, tendrán los siguientes enunciados deónticos:
N109: Está ordenado al Congreso de la República actuar en el proceso competencial a través de su Presidente.
N109’: Está ordenado que,
tratándose del Congreso de la República, la decisión de interponer una
demanda competencial cuente con la aprobación de su pleno.
Conviene preguntarse por la aplicación de
estas dos normas constitucionales a la concreta demanda competencial
presentada por Pedro Olaechea contra la decisión del Presidente de la
República de disolver el Congreso de la República para indagar de cada
una de ellas, primero, si es aplicable, y si siendo aplicable ha sido o
no cumplida en la presentación de la concreta demanda competencial.
La subsistencia del Presidente del Congreso de la República
Resolver ambas cuestiones en relación a
la norma N109, exige tomar en cuenta que el segundo párrafo del artículo
42 del Reglamento del Congreso, dispone que “[l]a Comisión Permanente
está presidida por el Presidente del Congreso y está conformada por no
menos de veinte Congresistas elegidos por el Pleno, guardando la
proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario”. La
Comisión permanente está integrada y presidida por el Presidente del
Congreso de la República. La disolución del Congreso de la República,
signifique lo que signifique, no alcanza ni al Presidente del Congreso
de la República, ni a los congresistas que integran la Comisión
Permanente. Todos ellos la integran en calidad de miembros del Congreso
de la República y con tal calidad se mantienen. Si no se les considerase
congresistas y, como tales, miembros del Órgano constitucional que
titulariza el poder legislativo, no habría modo ni lógico, ni jurídico,
de cumplir ninguna de las atribuciones que la Constitución asigna a la
Comisión Permanente, atribuciones que son propias del poder legislativo
que titulariza el Congreso y que ejerce a través de sus distintos
órganos internos.
Bien vistas las cosas, la disolución del
Congreso de la República lo que significa es la disolución de un
concreto Pleno, pero no puede significar la disolución del Órgano ni la
suspensión del poder público que éste órgano titulariza. El Congreso de
la República como Órgano público sigue existiendo, ya no con todas sus
atribuciones propias del poder público que titulariza y que ejercía a
través de su Pleno que, aunque “máxima asamblea deliberativa (artículo
29 del Reglamento), no deja de ser uno de los órganos internos del
Congreso (artículo 27.a del Reglamento); sino con algunas muy pocas
atribuciones que ejercerá a través de otro (más que simple) órgano: la
Comisión Permanente que, por mandato de la Constitución, seguirá
existiendo. La existencia de esta Comisión es prueba inequívoca de que
el Congreso como Órgano y el poder público que titulariza, no se han
suspendido, siguen existiendo y, consecuentemente, sigue manteniéndose
la figura de Presidente del Congreso de la República.
En el caso concreto, la demanda
competencial ha sido presentada por Jorge Olaechea quien al momento de
la disolución del Pleno del Congreso de la República era Presidente del
Congreso, y que como tal no le alcanzó la disolución porque, por mandato
del artículo 42 del Reglamento del Congreso, integra y preside la
Comisión Permanente que no ha sido disuelta.
En contra se ha sostenido que Pedro
Olaechea no es Presidente del Congreso de la República porque no existe
un tal Congreso al haber sido disuelto, consecuentemente no tiene
legitimidad para demandar. Sin embargo, esta es una afirmación que no le
acompaña la corrección exigida para ser tomada en cuenta. Nuevamente es
importante una adecuada diferenciación entre lo fáctico y lo jurídico.
Aun asumiendo que el Congreso de la República como Órgano constitucional
ha sido suspendido, afirmación que acaba de ser negada, tal suspensión
se ha verificado en los hechos, y queda por determinar si lo ha sido
también jurídicamente. Solo si el Decreto Supremo de disolución es
constitucionalmente válido, se podrá sostener que la disolución ha sido
también jurídica, si no es constitucionalmente válido significará que
jurídicamente no se ha producido la disolución del Congreso.
Esto tiene muchas y relevantes
consecuencias; ahora solo podré mostrar una de ellas: algo que se va a
discutir para definir su validez jurídica en un proceso constitucional,
es manifiestamente inidóneo para definir el cumplimiento o no de un
requisito de procedencia de ese mismo proceso constitucional. Esta
consecuencia se sostiene sobre una exigencia básica de razón: el efecto
nunca antecede a la causa y nada puede definir de ella. Así, es
imposible dar por disuelto jurídicamente el Congreso para inmediatamente
sostener que su Presidente no puede presentar la demanda competencial,
cuando, precisamente, lo que hay por dilucidar en el proceso
competencial es si éste, además de fácticamente, ha sido disuelto
también jurídicamente (de modo válido).
Debe concluirse, entonces y en relación a
la norma N109, no solo que es una norma aplicable, sino que es una
norma que ha sido cumplida a la hora de ser presentada la concreta
demanda competencial. Esta demanda ha sido interpuesta por quien tiene
la representatividad del Congreso: su Presidente (“El
Presidente del Congreso tiene las siguientes funciones y atribuciones:
a) Representar al Congreso”, dice el artículo 32 del Reglamento del
Congreso). Veamos si lo mismo puede ser dicho de la norma N109’.
La inexigibilidad del acuerdo del pleno del Congreso de la República
Es indudable que en el caso concreto la
norma N109’ no se ha cumplido en los hechos. En efecto, a la demanda
competencial presentada por el Presidente del Congreso de la República,
no se ha anexado ninguna acta con el acuerdo del Pleno del Congreso
autorizando a presentar la concreta demanda competencial. Sin embargo,
no todo incumplimiento fáctico significa necesariamente un
incumplimiento jurídico. Saber si este caso es o no un incumplimiento
jurídico, reclama averiguar si la norma N109’ es o no aplicable al caso
concreto. Si se concluyese que sí lo es, entonces, el constatado
incumplimiento fáctico habrá significado irremediablemente también un
incumplimiento jurídico; si se concluyese que no es aplicable, no habrá
habido incumplimiento jurídico y, consecuentemente, la demanda
competencial habrá sido interpuesta debidamente por el Presidente del
Congreso como su representante que es. Al menos tres razones pueden ser
mostradas para sostener que la norma N109’ no es aplicable en este caso
concreto.
En primer lugar, es una básica exigencia
de razón que solo pueda ser exigido lo que es posible de ser cumplido o,
dicho de otro modo, es irrazonable exigir el cumplimiento de lo que es
imposible de ser cumplido. La imposibilidad de cumplimiento puede ser
fáctica o jurídica. En este caso, no cabe duda de que el deber que trae
consigo la norma N109’ es imposible de ser cumplido fáctica y
jurídicamente desde que el Pleno del Congreso no existe porque ha sido
disuelto fáctica y jurídicamente, aunque en este último caso aún está
por dilucidarse si lo ha sido válidamente. La norma N109’ resulta
irrazonable en este caso concreto y, consecuentemente, resulta contraria
al artículo 200 de la Constitución que reconoce expresamente el
principio de razonabilidad.
La segunda razón es el principio de
flexibilidad recogido en el artículo III del Código Procesal
Constitucional en los siguientes términos: “el Juez y el Tribunal
Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas
en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales”.
Los fines de los procesos constitucionales han sido expresados en el
artículo II del mismo Código de la siguiente manera: “Son fines
esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la
Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”.
A través de la demanda competencial se
intenta asegurar la supremacía de la Constitución, particularmente, de
la parte referida a la regulación de la cuestión de confianza y de la
disolución del Congreso, así como en relación al derecho fundamental a
ser elegido que titularizan los congresistas disueltos. El principio de
flexibilidad significa un deber de exigir razonablemente el cumplimiento
de las formalidades. Será una tal exigencia razonable aquella que
permite el aseguramiento pleno de la normatividad de la Constitución, es
decir, será una exigencia razonable de las formalidades aquella que no
impida llevar a cabo el respectivo control de constitucionalidad en la
interpretación y ejercicio de las distintas atribuciones y competencias
atribuidas por el Constituyente a los poderes públicos, y que a la vez
no impida al TC cumplir la misión que da sentido a su existencia como
supremo intérprete y controlador de la constitucionalidad en los
términos explicados arriba.
En el caso concreto, es irrazonable
exigir que en estas singulares circunstancias se cumpla la formalidad de
la aprobación del Pleno del Congreso para admitir a trámite la demanda
competencial, no solo porque, como y se advirtió, no es posible de ser
cumplida, sino también porque exigirla impedirá al proceso competencial
conseguir su finalidad y al TC cumplir con el encargo que justifica su
existencia.
Con base en estas dos razones se puede
concluir que la norma N109’ no debe ser aplicada en este caso concreto.
Sin embargo, si no se estuviese de acuerdo, por lo menos se tendría que
estar de acuerdo en que ellas permiten concluir, por lo menos, que en el
caso concreto existe una duda razonable acerca de la procedencia o no
de la concreta demanda competencial. Frente a esa duda, y esta es la
tercera razón, el TC debe aplicar el principio pro actione
recogido también en el artículo III del Código Procesal Constitucional
en los siguientes términos: “Cuando en un proceso constitucional se
presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse
concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su
continuación”. Es decir, ante la duda, el TC tiene la obligación de
continuar con el trámite y declarar admisible la demanda competencial y
dar iniciado el proceso competencial concreto.
[*] Luis
Castillo Córdova es profesor de Derecho constitucional, de Derecho
procesal constitucional y de Argumentación jurídica en la Universidad de
Piura.
Por IDL-Reporteros (*).- 
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