Estos son los pagos que habría hecho Odebrecht a 16 árbitros
Según colaboradores de la investigación del fiscal Juárez, montos ilícitos venían como ‘bono de éxito’.
El fiscal del equipo Lava Jato Germán Juárez solicitó
36 meses de prisión preventiva para 16 árbitros que habrían favorecido
con laudos irregulares a Odebrecht, según la tesis del Ministerio
Público.
Algunos
de los afectados son Humberto Abanto, Randol Campos, Mario Castillo,
Fernando Cantuarias, Franz Kundmuller y Luis Pebe. (Vea la lista
completa en peru21.pe). Juárez sostiene que los laudos demandaron pérdidas millonarias para el Estado de hasta US$254 millones.
Según
colaboradores eficaces, los imputados recibían de Odebrecht un ‘bono de
éxito’ adicional a su honorario arbitral que ya estaba establecido por
el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.
Según la resolución fiscal a la que accedió Perú21, estos son los pagos ilícitos que habrían recibido los abogados:
Humberto Abanto: S/423,694
Fernando Cantuarias: S/105,934
Franz Kundmuller: S/105,934
Mario Castillo: S/855,924
Marcos Espinoza: S/875,924
Alfredo Zapata: S/855,924
Daniel Linares: S/354,570
Alejandro Álvarez: S/429,134
Randol Campos: US$140,000 y S/557,597
Emilio Cassina Rivas: US$125,000
Emilio Cassina Ramón: US$130,000
Luis Pardo: US$40,000
Richard Martín Tirado: US$40,000
Luis Pebe: US$30,000
Weyden García: US$70,000
Ramiro Rivera: US$106,000 y S/135,374
Castillo señaló a Perú21
que está sorprendido por la medida porque “no hay ninguna prueba”.
Agregó que de los tres arbitrajes, “dos fallé contra Odebrecht y uno
parcialmente a favor y parcialmente en contra de la empresa”.
Fernado Cantuarias dijo, a través de un intermediario, que se pronunciaría cuando tenga la resolución completa.
Para Horacio Cánepa y Celso Gamarra se solicitó solo comparecencia restringida.
Odebrecht admitió pagos ilícitos en los arbitrajes
La constructora Odebrecht ha reconocido, la semana pasada, ante el equipo especial Lava Jato, actos ilícitos alrededor de los arbitrajes que le ganó al Estado peruano.
El
caso arbitrajes se suma a la lista de 8 proyectos en investigación
fiscal en los que la compañía ha admitido el pago de sobornos. Si bien
Odebrecht venía colaborando desde junio con el fiscal Germán Juárez a
cargo de la pesquisa, recién hace una semanas firmó un acta de
culpabilidad.
Fuentes de Perú21 en el Ministerio Público
señalaron que la constructora realizó la entrega de documentos de los
sistemas Drousys y MyWebDay de la extinta caja de sobornos, y otros
documentos, que corroboraron pagos ilícitos en el ámbito del caso
arbitrajes.
IDL REPORTEROS
Por IDL-Reporteros (*).-
El equipo especial anticorrupción de la Fiscalía para el caso Lava Jato amplió la investigación sobre los arbitrajes entre Odebrecht y el Estado contra 24 personas, entre las que figuran 19 árbitros, dos exfuncionarios del ministerio de Transportes y Comunicaciones, y tres exejecutivos de la constructora brasileña.
La investigación, que está dirigida por el fiscal anticorrupción Marcial Paucar, empezó en setiembre de 2017 y estuvo focalizada inicialmente en el abogado Horacio Cánepa, que votó a favor de la empresa en 16 de los 19 arbitrajes en los que participó. Sus votos a favor de la constructora beneficiaron a esta con más de 500 millones de soles.
En esta nueva disposición, el fiscal Paucar estableció que “no solo estarían vinculados todos los árbitros que participaron como integrantes y presidentes de los diferentes Tribunales Arbitrales, sino también estarían vinculados funcionarios del Estado Peruano (del MTC) y además funcionarios de Odebrecht, quienes se habrían encargado de realizar coordinaciones previas, las acciones de concertación y la entrega de dinero ilegal, tanto a los árbitros como a los funcionarios del MTC, para que los consorcios o concesionarios de Odebrecht sean beneficiados con los laudos arbitrales por grandes y cuantiosas sumas de dinero, en dólares”.
Dentro de la relación de árbitros figuran algunos de los que fallaron el mayor número de veces a favor de la constructora: Luis Pardo Narváez, Randol Campos Flores y Richard Martín Tirado. También está Humberto Abanto Verástegui, árbitro nombrado por la compañía para dirimir una diferencia en el proyecto IIRSA Norte; y que ahora defiende a Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza 2011, en la investigación fiscal por los aportes que hizo Odebrecht a la campaña presidencial de Keiko Fujimori.
El fiscal Paucar incluyó en el caso al exprocurador del ministerio de Transportes y Comunicaciones, Jaime Valés Carrillo, y al exdirector de Concesiones de ese portafolio, Celso Gamarra Roig. “En su condición de funcionarios del MTC, habrían aceptado y recibido dinero (donativo) para, en el caso del primero, no impugnar o presentar nulidades a los laudos favorables a Odebrecht”; y en el caso del segundo “para no interponer ningún recurso judicial contra los laudos favorables a Odebrecht y además dar instrucciones” a los árbitros para que laudaran a favor de la constructora.
Los sobornos que
ambos recibieron de Odebrecht fueron transferidos a sus cuentas
bancarias personales para luego comprar bienes, según la tesis del
fiscal.
La investigación incluye además a los exejecutivos de Odebrecht, Eleuberto Antonio Martorelli y Raymundo Trindade Serra, y al exdirector de contratos de IIRSA Norte, Ronny Loor Campoverde. Según el fiscal, ellos fueron los encargados de pactar las coimas con los árbitros y funcionarios del MTC. “El dinero provendría de las cuentas de AEON Group, perteneciente a Odebrecht, cuyo origen era completamente ilícito o para el pago de sobornos o dádivas […]”, indica la disposición fiscal.
Según pudo conocer IDL-Reporteros,
los tres exejecutivos de la constructora brasileña se acogieron a la
delación premiada (o colaboración eficaz) en Brasil, que está en proceso
de homologación. Todos ellos están dispuestos a colaborar con las
investigaciones de la fiscalía peruana.
Durante el encuentro, que data de abril de 2012, Gamarra y Loor decidieron cuál iba a ser “la materia controvertida” y el monto que Odebrecht reclamaría: 28 millones 261 mil 946 dólares.
“Instruyeron a los árbitros” para que “emitan una decisión favorable a Odebrecht que previamente había sido acordada entre las partes. El arbitraje iba a ser el ropaje legal para cobrar al Estado el monto señalado y continuar con la obra”. En contrapartida, los abogados cobrarían honorarios “superiores a las tablas de los centros arbitrales”. Cuando el proceso arbitral resultó favorable a Odebrecht, el MTC pagó inmediatamente y no presentó ninguna acción de impugnación.
Ese mismo año, para los arbitrajes de IIRSA Sur – Tramos 2 y 3, Cánepa sostuvo varias reuniones con Ronny Loor, quien le ofreció “el 1% del monto total de los 13 arbitrajes bajo dos premisas, la primera que el 1% sea del monto bruto sin incluir IGV, la segunda que hayan sido pagadas por el MTC”. A cambio, Cánepa debía realizar “su mayor esfuerzo” para que Odebrecht gane esos arbitrajes. Le dijo, además, que si había un árbitro que no quisiera fallar a favor de la constructora, le avisara para darle “un incentivo”.
De los 13 laudos arbitrales, 10 resultaron favorables a Odebrecht.
Entre octubre y noviembre de 2012, Loor llamó por teléfono a Cánepa para reunirse en las oficinas de Odebrecht. “Allí le mencionó que el MTC le había pagado los primeros laudos y la única manera que tenía de pagarle era a través de la BPA de Andorra, y allí le presentó al funcionario Francisco Xavier Pérez, quien le gestionó la apertura de una cuenta bancaria en dicha entidad”.
En total, Odebrecht le transfirió a Cánepa 1,4 millones de dólares a través de la offshore Maxcrane Finance SA.
Poco tiempo después, en abril de 2013, el abogado Randol Campos, designado como árbitro por el MTC en un proceso, dio un voto en minoría contra Odebrecht. Loor llamó a Cánepa para indicarle que en lo sucesivo viera que “no salga ningún laudo por mayoría sino por unanimidad”. “Cánepa buscó a Randol Campos Flores a fin de proponerle el pago de dinero a cambio de favorecer a Odebrecht en los proceso que tenía a su cargo”, indicó el colaborador.
Según esta versión, Campos recibió tres pagos, en efectivo, de 20 mil dólares. De la misma forma, fueron sobornados los árbitros Luis Pebe Romero (30 mil dólares) y Luis Pardo Narváez (20 mil dólares).
De los 42 procesos, la empresa ganó 35 y logró cobrar 254 millones 656 mil dólares.
Más de la mitad de los arbitrajes que perdió el Estado tuvieron como fundamentación deficiencias en las bases (contratos, modificaciones al contrato y expedientes técnicos) de los proyectos. De ese total, el 85% de ocasiones, fue la propia Odebrecht la responsable de realizar el expediente técnico o el proyecto de ingeniería de detalle del proyecto. Es decir, Odebrecht logró que el Estado firme y se responsabilice por un proyecto defectuoso hecho por esta y luego lo demandó para que le pague por esas fallas.[Ver: Tras cuernos, palos]
(*) Esta es una publicación de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas liderada por IDL-Reporteros e integrada por periodistas de O Globo (Brasil), La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando.Info (Venezuela), Sudestada (Uruguay), y Quinto Elemento Lab (México).
IDL REPORTEROS
Arbitrajes arreglados
Por IDL-Reporteros (*).- El equipo especial anticorrupción de la Fiscalía para el caso Lava Jato amplió la investigación sobre los arbitrajes entre Odebrecht y el Estado contra 24 personas, entre las que figuran 19 árbitros, dos exfuncionarios del ministerio de Transportes y Comunicaciones, y tres exejecutivos de la constructora brasileña.
La investigación, que está dirigida por el fiscal anticorrupción Marcial Paucar, empezó en setiembre de 2017 y estuvo focalizada inicialmente en el abogado Horacio Cánepa, que votó a favor de la empresa en 16 de los 19 arbitrajes en los que participó. Sus votos a favor de la constructora beneficiaron a esta con más de 500 millones de soles.
En esta nueva disposición, el fiscal Paucar estableció que “no solo estarían vinculados todos los árbitros que participaron como integrantes y presidentes de los diferentes Tribunales Arbitrales, sino también estarían vinculados funcionarios del Estado Peruano (del MTC) y además funcionarios de Odebrecht, quienes se habrían encargado de realizar coordinaciones previas, las acciones de concertación y la entrega de dinero ilegal, tanto a los árbitros como a los funcionarios del MTC, para que los consorcios o concesionarios de Odebrecht sean beneficiados con los laudos arbitrales por grandes y cuantiosas sumas de dinero, en dólares”.
Dentro de la relación de árbitros figuran algunos de los que fallaron el mayor número de veces a favor de la constructora: Luis Pardo Narváez, Randol Campos Flores y Richard Martín Tirado. También está Humberto Abanto Verástegui, árbitro nombrado por la compañía para dirimir una diferencia en el proyecto IIRSA Norte; y que ahora defiende a Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza 2011, en la investigación fiscal por los aportes que hizo Odebrecht a la campaña presidencial de Keiko Fujimori.
El fiscal Paucar incluyó en el caso al exprocurador del ministerio de Transportes y Comunicaciones, Jaime Valés Carrillo, y al exdirector de Concesiones de ese portafolio, Celso Gamarra Roig. “En su condición de funcionarios del MTC, habrían aceptado y recibido dinero (donativo) para, en el caso del primero, no impugnar o presentar nulidades a los laudos favorables a Odebrecht”; y en el caso del segundo “para no interponer ningún recurso judicial contra los laudos favorables a Odebrecht y además dar instrucciones” a los árbitros para que laudaran a favor de la constructora.
Jaime
Valés Carrillo, exprocurador del ministerio de Transportes y
Comunicaciones. (Fuente: Captura de pantalla de entrevista en Buenos
Días Perú en Panamericana).
La investigación incluye además a los exejecutivos de Odebrecht, Eleuberto Antonio Martorelli y Raymundo Trindade Serra, y al exdirector de contratos de IIRSA Norte, Ronny Loor Campoverde. Según el fiscal, ellos fueron los encargados de pactar las coimas con los árbitros y funcionarios del MTC. “El dinero provendría de las cuentas de AEON Group, perteneciente a Odebrecht, cuyo origen era completamente ilícito o para el pago de sobornos o dádivas […]”, indica la disposición fiscal.
Exejecutivos
de Odebrecht: Eleuberto Antonio Martorelli, Raymundo Trindade Serra, y
Ronny Loor Campoverde. (Fuente: Semana, Diario Uno y Odebrecht Perú)
Confesiones
Según el testimonio
del aspirante a colaborador eficaz Nº14-2017, citado en la disposición
fiscal, los árbitros Horacio Cánepa y Fernando Cantuarias se reunieron
con Ronny Loor y Celso Gamarra en el MTC, para coordinar un proceso
arbitral relacionado al proyecto IIRSA Norte.Durante el encuentro, que data de abril de 2012, Gamarra y Loor decidieron cuál iba a ser “la materia controvertida” y el monto que Odebrecht reclamaría: 28 millones 261 mil 946 dólares.
“Instruyeron a los árbitros” para que “emitan una decisión favorable a Odebrecht que previamente había sido acordada entre las partes. El arbitraje iba a ser el ropaje legal para cobrar al Estado el monto señalado y continuar con la obra”. En contrapartida, los abogados cobrarían honorarios “superiores a las tablas de los centros arbitrales”. Cuando el proceso arbitral resultó favorable a Odebrecht, el MTC pagó inmediatamente y no presentó ninguna acción de impugnación.
Ese mismo año, para los arbitrajes de IIRSA Sur – Tramos 2 y 3, Cánepa sostuvo varias reuniones con Ronny Loor, quien le ofreció “el 1% del monto total de los 13 arbitrajes bajo dos premisas, la primera que el 1% sea del monto bruto sin incluir IGV, la segunda que hayan sido pagadas por el MTC”. A cambio, Cánepa debía realizar “su mayor esfuerzo” para que Odebrecht gane esos arbitrajes. Le dijo, además, que si había un árbitro que no quisiera fallar a favor de la constructora, le avisara para darle “un incentivo”.
De los 13 laudos arbitrales, 10 resultaron favorables a Odebrecht.
Entre octubre y noviembre de 2012, Loor llamó por teléfono a Cánepa para reunirse en las oficinas de Odebrecht. “Allí le mencionó que el MTC le había pagado los primeros laudos y la única manera que tenía de pagarle era a través de la BPA de Andorra, y allí le presentó al funcionario Francisco Xavier Pérez, quien le gestionó la apertura de una cuenta bancaria en dicha entidad”.
En total, Odebrecht le transfirió a Cánepa 1,4 millones de dólares a través de la offshore Maxcrane Finance SA.
Poco tiempo después, en abril de 2013, el abogado Randol Campos, designado como árbitro por el MTC en un proceso, dio un voto en minoría contra Odebrecht. Loor llamó a Cánepa para indicarle que en lo sucesivo viera que “no salga ningún laudo por mayoría sino por unanimidad”. “Cánepa buscó a Randol Campos Flores a fin de proponerle el pago de dinero a cambio de favorecer a Odebrecht en los proceso que tenía a su cargo”, indicó el colaborador.
Según esta versión, Campos recibió tres pagos, en efectivo, de 20 mil dólares. De la misma forma, fueron sobornados los árbitros Luis Pebe Romero (30 mil dólares) y Luis Pardo Narváez (20 mil dólares).
Lista completa
Si bien
la investigación se circunscribe a personas relacionadas a 24
arbitrajes sobre controversias en los proyectos IIRSA Sur tramos 2 y 3,
IIRSA Norte, Sistema de Agua Potable Chimbote y la Carretera Callejón de
Huaylas Chacas – San Luis; IDL-Reporteros publica a
continuación la relación de 42 arbitrajes entre Odebrecht y distintas
entidades del Estado, en los que intervinieron 40 árbitros. De los 42 procesos, la empresa ganó 35 y logró cobrar 254 millones 656 mil dólares.
Más de la mitad de los arbitrajes que perdió el Estado tuvieron como fundamentación deficiencias en las bases (contratos, modificaciones al contrato y expedientes técnicos) de los proyectos. De ese total, el 85% de ocasiones, fue la propia Odebrecht la responsable de realizar el expediente técnico o el proyecto de ingeniería de detalle del proyecto. Es decir, Odebrecht logró que el Estado firme y se responsabilice por un proyecto defectuoso hecho por esta y luego lo demandó para que le pague por esas fallas.[Ver: Tras cuernos, palos]
(*) Esta es una publicación de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas liderada por IDL-Reporteros e integrada por periodistas de O Globo (Brasil), La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando.Info (Venezuela), Sudestada (Uruguay), y Quinto Elemento Lab (México).
