LA SUJECION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE PERU, AL DICTADOR MARTIN VIZCARRA ES DE TODOS CONOCIDA, TAN ES ASI, QUE DESIGNO A UN MAGISTRADO VENAL, PARA SER EL PONENTE EN LA DEMANDA COMPETENCIAL QUE PRESENTO EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL PERU........
Carlos Ramos, ponente de la demanda competencial, adelantó opinión
Varias voces pidieron su inhibición por haber adelantado una postura en
un caso complejo en el que debió mantenerse neutral.
MAGISTRADO DE MEDIO PELO, A CARGO DE ALGO QUE SE HACE PARA RECUPERAR ELE STADO DE DERECHO........ESTE MISERABLE DE LA FOTO DIJO QUE --EN PERU NO HABIA HABIDO NINGUN GOLPE----------Y AHORA ES EL PONENTE DE LA DEMANDA-------
ASI ES EN PERU LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA----TODA UNA FARSA-----
Jueves 17 de Octubre del 2019
12:40 pm
El magistrado Carlos Ramos
ha sido seleccionado con 4 votos a favor contra 3, el integrante del
Tribunal Constitucional que tendrá a su cargo la ponencia de la demanda
competencial interpuesta por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea,
contra el gobierno de Martín Vizcarra.
Fueron los tribunos Manuel Miranda, Marianela Ledesma, Eloy
Espinosa-Saldaña y el mismo Ramos, quienes escogieron a este último
ponente, contra los votos de Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto
Ferrero.
Cabe recordar que el ponente ya ha adelantado opinión en
declaraciones a un medio de comunicación, por lo que debía inhibirse del
caso. En entrevista para El Comercio, Ramos no condenó la
inconstitucional acción de Vizcarra Cornejo y, más bien, la describió
como un “mecanismo” legal.
“No, no es un golpe de Estado. Es un mecanismo
constitucional previsto en la Constitución y que forma parte de algo muy
típico de la Constitución del 93, que es reforzar el poder del
presidente de la República”, dijo.
Por esta declaración, varios juristas y hasta voces de la Izquierda,
demandaron su inhibición. Por ejemplo, el militante del Frente Amplio
-agrupación que favoreció la disolución del Congreso- Justiniano Apaza,
se refirió a que está en condición de apartarse del caso.
“Por
transparencia y claridad ningún tribuno puede dar una opinión por
adelantada, (…) está en el derecho de inhibirse”, afirmó el
frenteamplista.
El segundo vicepresidente de la Comisión Permanente, Salvador Heresi,
también se aunó a lo señalado por su colega parlamentario. “Los
magistrados Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña han adelantado opinión
porque están dando por hecho una situación (la disolución del Congreso)
que para una de las partes es inconstitucional, (…) por lo tanto, vamos a
recusar a esos dos magistrados que han adelantado opinión”, dijo,
aunque no se conoció después si es que había presentado o no una
recusación.
En un reciente artículo publicado en Lampadia, el periodista Jaime de
Althaus explicó así la situación del magistrado: “Carlos Ramos,
magistrado del Tribunal Constitucional, ha adelantado opinión de manera
copiosa e incontinente sobre si la disolución del Congreso fue
constitucional, por lo que deberá inhibirse en la demanda competencial
sobre la cuestión cuando ésta sea vista por el Tribunal”.
¿Por qué Vizcarra temía que el Congreso elija nuevos integrantes del Tribunal Constitucional?
El TC, como máximo órgano de interpretación de la Constitución peruana
será el encargado en último término de aclarar la enorme crisis política
e institucional que vive el país.
La renovación delTribunal Constitucional (TC) ha llevado a Perú a una tensión sin precedentes entre Gobierno y Congreso que terminó con la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra y a su probable vacancia por parte del Parlamento.
A
ese crítico punto se ha llegado por el conflicto entre el gobierno de
Vizcarra y parlamentarios de izquierda de un lado, y congresistas del
fujimorismo y sus aliados políticos como el Partido Aprista del otro,
que tienen mayoría en el Congreso, por la renovación de los miembros del
Tribunal Constitucional.
Dicho
proceso corresponde a este Congreso, ante el vencimiento de los
periodos de los actuales magistrados del tribunal, pero los candidatos
seleccionados por el Congreso no son los que quiere el gobierno de
Vizcarra por los temas que tendrá que decidir el máximo tribunal del
Estado peruano:
1.- La libertad de Keiko Fujimori
El
Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver un recurso sobre la
prisión preventiva que mantiene a la líder opositora presa desde finales
de octubre del 2018 por obstruir las investigaciones que le siguen por
la presunta financiación irregular de sus campañas electorales para la
Presidencia de Perú por parte de Odebrecht.
Hasta
ahora todas las instancias previas a las que ha recurrido, incluida la
Corte Suprema, han denegado la libertad a Fujimori, hija mayor del
expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y solo consiguió que le
redujeran el periodo de prisión preventiva de 36 a 18 meses.
2.- La libertad de Alberto Fujimori
Pocos
días atrás, el TC recibió un recurso para revocar la anulación del
indulto que el expresidente Alberto Fujimori le otorgó en la Navidad del
2017 el entonces expresidente Pedro Pablo Kuczynski para exonerarlo de la condena que cumple de 24 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
Esa
gracia presidencial fue anulada por la Justicia peruana al considerar
que el proceso para indultar a Fujimori fue irregular al no cumplir los
plazos ni requisitos y darse aparentemente como parte de una negociación
para liberar al expresidente a cambio de que el fujimorismo no
destituyera a Kuczynski en el Congreso.
3.- Los ‘codinomes’ de Odebrecht.
Toda
esta crisis se produce a pocos días de que la Fiscalía interrogue
nuevamente al exdirector de la constructora brasileña Odebrecht en Perú
Jorge Barata para que desvele el nombre de los congresistas cuyas
campañas también fueron financiadas por esta empresa de manera
irregular.
Entre
ellos figuran apodos como "Sipán", "Pastor Alemán" y "Castillo" que
estaban dentro de la contabilidad oculta que manejaba Odebrecht para los
sobornos y partidas ilícitas que entregó a políticos de una docena de
países de Latinoamérica a cambio de adjudicarse grandes contratos en
obras públicas.
4.- El acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht
Las fuerzas opositoras como el partido fujimorista Fuerza Popular, de Keiko Fujimori;
y el Partido Aprista, del fallecido expresidente Alan García, siempre
se han mostrado contrarios a los términos del acuerdo de colaboración
eficaz (delación premiada) que la Fiscalía suscribió con Odebrecht.
Si
se llega a anular ese acuerdo, prácticamente se condenaría al fracaso
todas las investigaciones del caso Odebrecht por sobornos y lavado de
dinero que involucran a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta
Humala y Pedro Pablo Kuczynski. También a Alan García, que se suicidó en
abril antes de ser detenido, y a la misma Keiko Fujimori.
5.- Crisis política
Como
si esto fuera poco, el TC, como máximo órgano de interpretación de la
Constitución peruana será el encargado en último término de aclarar la
enorme crisis política e institucional que vive el país.
En el deseo de proteger a los ciudadanos peruanos, que todos los meses son victimas de chuponeo, sus celulares, conversaciones privadas, violandose el derecho constitucional a la privacidad de las comunicaciones... el más alto tribunal de justicia de Peru, emitió un fallo que prohíbe a los periódicos, radios y la TV difundir grabaciones de conversaciones telefónicas,producto de intersectaciones telefonicas, sin previa autorización judicial o de los interlocutores, bajo sanción penal.
No es posible que un grupo de maleantes, pagados por conspiradores en la sombra, chuponeen, intercepten las comunicaciones, bajo el pretexto, de que es para destapar actos de corrupcion y violen los derechos de empresarios, profesionales, ex ministros, ciudadanos de todo tipo y encima luego las difundan, en los medios de comunicacion social.
El TC tomó esa decisión al resolver un habeas corpus, presentado por la esposa de Alberto Químper, uno de los principales implicados en el caso Petroaudios.
Con este fallo, se establece que los petroaudios de Cuarto Poder y La República son inconstitucionales, por tanto, no pueden ser utilizados en un juicio, bajo ninguna circunstancia, porque se trata de prueba prohibida.
Con este argumento, los fiscales y jueces ya no pueden utilizar los "petroaudios" para acusar, juzgar y menos condenar a Químper, Rómulo León Alegría y los otros implicados en dicho proceso.
Alberto Quimper, Romulo Leon Alegria fueron victimas de este cobarde atentado a las comunicaciones privadas, sus derechos fueron violados de manera grotezca, al mejor estilo de la Alemania Nazi, la Rusia Comunista del siglo pasado.Ellos fueron los agraviados y encima, se los encarcelo.
No es posible que personas profesionales, ex ministros, sean maltratados publicamente, se difundan sus conversaciones, gracias a un grupo de mafiosos, pagados por algunos medios de comunicacion social de Peru, para interceptar sus comunicaciones.Muchas veces, por piconeria, por que los amigos de ciertos periodistas, no ganan licitaciones.
El Chuponeo es delito, los audios que se obtengan de manera ilicita, sin autorizacion judicial, no son prueba valida, en el Peru, segun la ley y la Constitucion.Pero ahora quienes los obtenga y difundan, seran sancionados penalmente. Como debio ser, en "el tonto caso de petroaudios".
Un aplauso al Tribunal Constitucional de Peru, por su valor,por su entereza y por salvar a los peruanos de esta practica antipatica, malvada, a todas luces malintencionada, promovida por acusetes hipocritones.
Un pais, no puede vivir en paz, en concordia, con conspiradores en la sombra, que mandan chuponear, filtrar documentos, divulgar conversaciones privadas, que obtienen de modo absolutamente ilegal, para destruir honras, enlodar a los funcionarios del estado, a connotados miembros de la politica nacional.
No se diga que esto es para favorecer a Quimper, Romulo Leon Alegria, esto favorece ademas a todos los que fueron chuponeados despues. Lourdes Flores Nano, perdio las elecciones municipales, precisamente por ser victima de chuponeo y que se difundieran sus palabras , sus conversaciones privadas. Lo hecho con la politica, es una violacion de sus derechos. Fue una maniobra infame, pero como no habia una setencia del Tribunal Constitucional, que ponga a salvo la privacidad de los hombres de negocios, politicos, de los ciudadanos en general, pues le sirvio a ciertas personas, que en la sombra, financian estos actos delictivos.
Algunos figurones del periodismo y la politica inca, salieron a rasgarse las vestiduras, por esta sentencia. Estos son los que dicen : " La lucha contra la corrupcion, se hace, aunque sea violando la constitucion". Los supuestos moralistas luchan contra la corrupcion en Peru no solo con las armas de la ley, sino incluso valiendose de medios delictivos, prohibidos por ley ........y violando la constitucion.
Felicitaciones señores magistrados.
Nota.- "Antes de criticar, de poner comentarios, piense en lo que escribe, no diga vulgaridades que dejan ver su alma de roedor y eterno inquisidor...". Es delito intersectar, chuponear, grabar conversaciones privadas y punto......"
