El
Juzgado Penal Colegiado de Puno sentenció a seis años de prisión
efectiva a Walter Aduviri, gobernador de esa región, como coautor del
presunto delito de disturbios en agravio del Estado, por el denominado
caso “Aymarazo”.
El
colegiado que preside la magistrada Jackeline Luza Cáceres, dispuso
además el pago de S/2 millones de reparación civil en favor del Estado.
Además solicitó su inmediata captura y reclusión en un penal del
Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).
Cabe
recordar que Aduviri Calisaya ya había sido sentenciado en dos
instancias a siete años de cárcel por liderar la protesta del 26 de mayo
del 2011. Sin embargo la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio tras
declarar fundado un recurso de casación
Walter Aduviri es sentenciado a prisión por el 'aimarazo'
Juzgado de Puno condenó al gobernador regional de Puno a seis años de cárcel y pidió su detención. Días atrás solicitó licencia al cargo y actualmente está prófugo
En
el 2011, el año de las protestas del denominado 'aimarazo', Walter
Aduviri era presidente del frente de Defensa de los Recursos Naturales
de la Zona Sur de Puno (Foto: archivo)
inRead invented by TeaEl
8 de agosto, el mismo día en que cumplió 39 años, el Poder Judicial
dictó 15 días de prisión preventiva en su contra por reglas de conducta
establecidas en el proceso que afronta por el caso ‘aimarazo’. Aquel mismo día, Aduviri pidió licencia por 15 días ante el Consejo Regional de Puno.
Él estaba en Lima, donde había tenido una reunión con funcionarios del
Ministerio del Ambiente. Desde entonces, no se lo vio más.
Finalmente, la mañana de ayer, el Juzgado Penal Colegiado de Puno lo
condenó a seis años de prisión por ser coautor no ejecutivo del delito
contra la tranquilidad pública, y se le impuso el pago de S/2 millones
por reparación civil. La sala, presidida por la jueza Jackeline
Reina Luza dispuso su captura.
–Protestas y juicio–
En
noviembre del 2007, el gobierno de Alan García promulgó el Decreto
Supremo 083-2007-EM, una disposición que exceptuaba a la empresa Bear Creek
de la prohibición (establecida por la Constitución) de que compañías
extranjeras pudieran ejecutar actividades dentro de los 50 kilómetros de
zona de frontera. Con ello, siete derechos mineros ubicados en el
distrito de Huacullani (Chucuito), cerca del límite con Bolivia,
quedaron dispuestos para ser explotados través del proyecto Santa Ana, a
cargo de dicha compañía.
En abril del
2011, el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de
Puno, encabezado por Aduviri, inició movilizaciones para oponerse al
proyecto. Esta se radicalizó. Además de bloquear la vía
Puno-Desaguadero, una turba quemó y saqueó locales públicos como el de
la Prefectura, la Sunat, la sede de la contraloría y la oficina de
Aduanas.
En julio del 2017, después de un largo juicio, el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno condenó a siete años de prisión a Aduviri
Calisaya por el delito de disturbios. La sala consideró que sí se había
demostrado que el dirigente tenía dominio de la voluntad sobre los
manifestantes que cometieron los actos vandálicos. Su defensa apeló.
Aduviri
permaneció prófugo. Aun así, postuló en las elecciones regionales y
municipales del 7 de octubre del 2018 con el Movimiento de Integración
por el Desarrollo Regional–Mi Casita. Dos días antes, el 5 de octubre,
la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró nula la sentencia
–por mayoría y con voto discordante– y ordenó un nuevo juicio. Aduviri
ganó las elecciones y dejó la clandestinidad para asumir el cargo de
gobernador.
En febrero de este año, en entrevista con El Comercio, Aduviri dijo que el ‘aimarazo’
“fue un acto reivindicativo”. Comentó también la razón por la que se
mantuvo en la clandestinidad tras la sentencia del 2017. “¿Por qué me
voy a entregar, si yo no he cometido ningún delito y no me lo han
probado?”, preguntó.
El gobernador regional no participó ayer en la lectura de sentencia, tampoco asistió su abogado. Al cierre de esta edición, no se conocía su paradero.
El congresista Mauricio Mulder (Apra) anunció que impulsará una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra por el audio en el que se le escucha dialogar con autoridades de Arequipa sobre el proyecto minero Tía María.
"Nosotros
vamos a plantear una moción de vacancia presidencial por la incapacidad
del presidente de seguir gobernando el país. Segundo, por el audio en
que se muestra conspirando contra la opinión pública y contra los
peruanos", dijo a Canal N.
El
congresista aseguró que el eventual pedido no tiene "nada que ver" con
la propuesta de adelanto de elecciones, debido a que el procedimiento de
una moción sigue un camino diferente al de un proyecto de ley.
En esa línea, Mauricio Mulder consideró que el proyecto para adelantar los comicios al 2020 "debe ser archivado" en la Comisión de Constitución.
El vocero de Acción Popular, Luis Iberico, afirmó que no es momento de pensar en vacar al presidente Martín Vizcarra, sino en dialogar.
"En
este momento no conviene una moción de vacancia. Yo le he pedido
formalmente al presidente de la República una mesa de conversaciones
entre el Ejecutivo y el Legislativo para salir de este atolladero",
expresó.
FUERZA POPULAR MUERE POR ESCUCHAR A MULDER Y SU PROPUESTA DE VACANCIA PRESIDENCIAL
NO ESTARIA MAL......EL PRESIDENTE VIZCARRA ESTA DEMAS EN PALACIO......
EL NORTE SIGUE DESTRUIDO, NO HUBO RECONSTRUCCION ALGUNA........
PROTESTAS VIOLENTAS EN AREQUIPA.....LE HICIERON ORINARSE LOS PANTALONES Y DIJO QUE ANULARIA LA LICENCIA A SOUTHERN PERU........
LUEGO APARECEN AUDIOS DEL PRESIDENTE, QUE CONFIRMAN..QUE TIENE INTENCION DE DEJAR MAL AL PAIS....CON LAS MINERAS.........
MEJOR SERIA QUE SE VAYA..............
Y PARA REMATE ---------LA CEREZA EN LA TORTA: PROTESTAS EN REGION MOQUEGUA, PARO REGIONAL CONTRA MINA QUELLAVECO.......POR CULPA DE LA COBARDIA DE VIZCARRA.......
El caso por el que ambos
son investigados se remonta a 2012. Por esas fechas, Abugattás era
presidente del Congreso y Letona, abogada de un conocido estudio
jurídico. | Fuente: Andina
El
caso se remonta al 2012, cuando Letona Pereyra era abogada del Estudio
Jurídico Echecopar y Abugattás Majluf tenía el cargo de presidente del
Congreso. De acuerdo con el documento firmado por la fiscal de la Nación
Zoraida Ávalos Rivera, la primera habría cometido tráfico de
influencias y cohecho activo genérico; mientras que el segundo habría
incurrido en tráfico de influencias agravado.
Estos son los puntos más resaltantes de la Disposición Fiscal N° 01, recaída en la Carpeta N° 199-2019, a la que RPP Noticias tuvo acceso:
1. El caso: En marzo de 2012, la entonces abogada en ejercicio Úrsula Letona Pereyra
habría ofrecido a Rolando Machado Sandoval, accionista de la empresa
Pesquera Mar S.A.C., interceder a favor de la compañía para que esta
recupere -sin mayor trámite- autorizaciones de pesca de cuatro
embarcaciones y una licencia de establecimiento industrial. Esta comunicación fue divulgada por medios periodísticos a
inicios de julio de 2019. Ese mes, la Coordinadora de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima alertó
a la Fiscalía de la Nación sobre la denuncia periodística.
2. La supuesta influencia: La ‘movida’ que Letona le habría asegurado a Machado consistía en convencer al congresista y presidente del Congreso Daniel Abugattás Majluf de
usar su poder político para presionar a un conocido suyo, que por
entonces era asesor del Ministerio de la Producción, y conseguir una
nueva y favorecedora resolución.
3. ¿Qué había pasado con esta empresa? El 22 de febrero de 2012, el Ministerio de la Producción (Produce) había publicado en el diario El Peruano su Resolución Directoral N° 108-2012.
En esta, se devolvía a Pesquera Mar S.A.C. las autorizaciones de
transformación de otras autorizaciones y otros permisos de pesca. Estas
últimas estaban referidas a cuatro embarcaciones de propiedad de la
empresa (“Teresa”, “Mantaro 10”, “Capricornio 5” y “Tres Hermanos VII”).
Además, se resolvía devolverle a la compañía la licencia de
establecimiento industrial.
Esta
disposición de Produce recaía en una sentencia de la Corte Superior de
Justicia de Lima por un proceso de restitución de derechos
administrativos que Pesquera Mar S.A.C. había ganado. Pero, pese a que
la Resolución Directoral N° 108-2012 de Produce fue favorable para la
empresa, el Ministerio exigía un trámite adicional para que los permisos
se ejecutaran.
4. La parte que se consiguió anular: Si
bien el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 108-2012 disponía el
retorno de autorizaciones para la empresa, el artículo 2 condicionaba a
Pesquera Mar S.A.C. a cumplir con algunas formalidades legales de
procedimiento administrativo. Estas eran presentar en un plazo de 30
días hábiles los requisitos correspondientes al Permiso de Pesca y los
instrumentos de gestión ambiental necesarios para la licencia de
operación. Este artículo 2 quedó “sin efecto en todo su contenido y
extremo” el 26 de junio de 2012, con la Resolución Viceministerial N° 033-2012-Produce/DVP.
5. Abugattás habría intervenido: Como
lo señalamos en puntos anteriores, Letona era abogada del estudio
Echecopar y, en marzo de 2012, habría prometido a un accionista de
Pesquera Mar S.A.C. mover contactos para lograr la anulación parcial de
la Resolución Directoral N° 108-2012. El contacto clave, según las
diligencias preliminares de la Fiscalía de la Nación, era Abugattás.
De
acuerdo con la Fiscalía de la Nación, el 17 de abril de 2012, al mes
siguiente de la comunicación entre Letona y Machado, el entonces
presidente del Congreso Daniel Abugattás Majluf envió un oficio al
ministro de la Producción José Antonio Urquizo Maggia. En este
documento, de número 2352-2011-2012, Abugattás pedía que el sector
“informe a la Presidencia del Congreso si dicha cartera había procedido
en anular de oficio” la resolución directoral en cuestión. Además,
solicitaba que Produce le informe a su despacho si alguna de las cuatro
embarcaciones de Pesquera Mar S.A.C. se habían considerado “en el
listado para la asignación de Límites Máximos de Captura por Embarcación
del primer trimestre de 2012”.
Como indicamos en el punto 4, la anulación requerida sí se concretó.
6. Lo que la Fiscalía busca probar. La
investigación abierta por la fiscal Zoraida Ávalos aún no tiene
carácter formal, sino preliminar. Lo que se busca es probar es la
supuesta influencia de Letona y Abugattás en la anulación de la
resolución directoral de Produce en favor de Pesquera Mar S.A.C.
Para las indagaciones preliminares que tendrán plazo de 60 días,
la Fiscalía de la Nación recibirá las declaraciones indagatorias de
ambos investigados. Además, solicitará las declaraciones testimoniales
del accionista de Pesquera Mar S.A.C., Rolando Machado Sandoval, y del
ex ministro de la Producción José Urquizo Maggia. Otras informaciones
que analizará son las correspondientes a Produce, al Congreso de la
República y a los medios de comunicación que emitieron los reportajes
sobre este caso.
7. Los delitos imputados y la situación de Letona. De momento, el delito que se imputa a Abugattás
es el de tráfico de influencias. La Fiscalía de la Nación sostiene la
posibilidad de que este influyó irregularmente en la anulación de la
resolución directoral y considera como indicio el oficio que Abugattás
remitió al ministro de la Producción. Y, dado que por ese entonces
Abugattás era un alto funcionario público (congresista), el delito sería
agravado.
Letona,
por su parte, no era funcionaria pública en este momento, no le asiste
el antejuicio político y, en principio, no correspondería que la
investigara la Fiscalía de la Nación, sino una fiscalía de menor
jerarquía. Sin embargo, la disposición de Zoraida Ávalos señala que “es
facultad del Ministerio Público establecer las estrategias que
correspondan en cada una de las investigaciones (artículo 65, numeral 4
del Código Procesal Penal)”.
Por
tanto, decide juntar en una sola investigación los avances que podrían
realizarse con las diligencias contra Abugattás y Letona. El documento
de Ávalos, por tanto, establece la indagación preliminar contra Letona
por los presuntos delitos de tráfico de influencias (simple; por
supuestamente ofrecer ventajas en un caso administrativo) y cohecho
activo genérico (por posible ofrecimiento de beneficio a un funcionario
del Estado).
SUS REACCIONES
Tras la publicación del oficio de la Fiscalía de la Nación, la legisladora Úrsula Letona señaló en su cuenta de Twitter
que es “la primera en saludar que este tema se investigue” y que está
“segura que una investigación seria hará que la verdad quede clara para
todos”. En cuanto al excongresista Daniel Abugattás, el diario El Comercio
informó que este ha declarado no tener “nada qué ocultar”.
Posteriormente, RPP Noticias accedió a una carta que el ex legislador ha
remitido a la fiscal Ávalos. En ella, pide que se le notifique
formalmente para "colaborar con el pleno esclarecimiento de los hechos".
Abugattás también le expresó su "malestar" a Ávalos por un aparente
error en las publicaciones que la Fiscalía hizo por Twitter. PODER EJECUTIVO USA A FISCAL DE LA NACION PARA ACUSAR A URSULA LETONA.....CONGRESISTA DE FUERZA POPULAR.............
Quellaveco: Este es el impacto del paro indefinido en Moquegua
Desde el lunes Moquegua protesta e inicia un nuevo paro minero en el sur del país. El megaproyecto minero Quellaveco tiene una inversión estimada de US$5,300 millones.
Los conflictos sociales en el país no se detienen, y el lunes empezó un paro indefinido contra la construcción del proyecto cuprífero Quellaveco ubicado en Moquegua, sin embargo, en sus primeros dias no ha tenido mayor trascendencia, según el gobernador regional, Zenón Cuevas Pare. El
presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua, Agustín
Callara, admitió que la paralización no ha sido contundente, indicó que
hay un tema de “desgaste” y “estamos direccionando la lucha a nivel
regional”.
Paro minero
En julio del año pasado, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el inicio de la ejecución del megaproyecto minero Quellaveco para la producción de cobre en Moquegua, que estará a cargo de consorcio Anglo American-Mitsubishi. Este proyecto demandará una inversión de hasta US$ 5,300 millones. Y producirá anualmente 300,000 toneladas de cobre, en promedio, en sus primeros 10 años de operación. La mina empezaría a producir en el 2022. Según el gobernador regional de Moquegua la minera no ha cumplido con algunos de los acuerdos de la mesa de diálogo, documento firmado el año 2012 con la población hace siete años.
La construcción no es viable
Según el presidente del Frente Anticorrupción, Jesús Paredes, el proyecto Quellaveco es inviable por situarse en la cabecera del río Asana. Agregó en una entrevista con Radio Americana de Moquegua que la plataforma de protesta es declarar en emergencia el agua y medioambiente, además del respaldo al Valle de Tambo que pide la anulación de la licencia de construcción del proyecto Tía María de Southern.
Pliego de reclamos
El gobernador regional de Moquegua reclama
que la minera no cumplió con contratar el 80% de mano de obra no
calificada de la región, sino tan solo el 40%. Seis de cada 10
trabajadores contratados por Anglo American son foráneos y no moqueguanos. Agrega que la población también critica que empresas que no son moqueguanas suministren de alimentos a la minera “cuando eso podría ofrecerse desde la misma región”. Zenón Cuevas añadió en una publicación del diario Gestión que la dueña de Quellaveco se comprometió a otorgar S/ 1,000 millones al Fondo para el Desarrollo de Moquegua, y que de ese total S/ 300 millones serían destinados durante la etapa de construcción y el resto en la etapa de explotación. "Sin embargo, pese a que se les ha pedido su apoyo para usar parte del fondo en educación, ha sido difícil de conseguir.Requerimos de un instituto para la formación de los técnicos para actividades de agro e incluso para la minería, pero ha sido un largo proceso para que parte del fondo se destine S/ 25 millones”, sostuvo la autoridad regional de Moquegua. Otro punto del reclamo es la contaminación del río Moquegua
debido al inicio de la construcción de la mina de cobre. De acuerdo a
Zenón Cuevas, a la población le preocupa muchísimo que los Límites
Máximos Permisibles que establece la calidad del agua ya han sido superados. “No
hay una predisposición de la empresa (Anglo American) por solucionar
los problemas. Se ha evidenciado de escombros a raíz de los trabajos
realizados por la Anglo American, el agua (del río Moquegua) ya tenían
arsénico y boro, pero los niveles se han elevado", comentó.
Respuesta
No obstante, Anglo American respondió que la empresa está cumpliendo los acuerdos de la Mesa de Diálogo en lo relacionado con la contratación de trabajadores de la región. "Al
mes de junio, el 96% de la mano de obra no calificada proviene de
Moquegua, por encima del acuerdo establecido de contratación de un
mínimo de 80%. Además, hemos contratado 3,374 trabajadores
calificados de Moquegua, que en total suman 4,964 entre calificados y no
calificados, número que ha sido verificado por el Comité de Monitoreo
integrado por autoridades locales y representantes de la sociedad
civil", precisó la empresa. La minera señaló, además, que han realizado compras locales y se ha capacitado a empresas y emprendedores de Moquegua. "Desde el inicio de las obras, realizamos compras mensuales por 12 millones de soles en promedio y se ha capacitado a 400 empresas
locales a través de los programas Progresa Moquegua y Emerge Perú, lo
que les ha permitido incrementar sus ventas y generar trabajo", agregó. Anglo
American descartó que se haya contaminado el río Moquegua con las obras
de construcción. Mediante reiteradas fiscalizaciones por parte de las
autoridades competentes se ha verificado, señalan, que el proceso de construcción se realiza cumpliendo todos los estándares en calidad ambiental. "No
se está arrojando escombros ni químicos ni ninguna sustancia al río.
Además, el río Asana fue protegido por un túnel que rodea el área de
trabajo, por lo que sus aguas no son afectadas en lo más mínimo",
anotan.
Según Radio Americana la medida de
protesta inició con bloqueos en la vía de la carretera Binacional, en el
sector de Tumilaca. | Fuente: ANDINA
Jueces supremos no se pusieron de acuerdo sobre caso de Keiko Fujimori
Dos vocales supremos
resolvieron que la lideresa de Fuerza Popular siga cumpliendo orden de
36 meses de prisión preventiva. Otros tres optaron por reducirla a 18
meses. Nuevo juez deberá dirimir
Desde
noviembre del año pasado, Keiko Fujimori cumple una orden de 36 meses
de prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, por el
Caso Odebrecht. (César Campos / GEC))
La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, continuará bajo prisión preventiva por el Caso Odebrecht.
Ninguno de los cinco jueces supremos que analizaron su recurso de
casación, que buscaba su liberación inmediata, le dieron la razón.
Además,
los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema
quedaron divididos en su decisión, por lo que no se alcanzaron los
cuatro votos necesarios para que haya una resolución. Debido a esto, un
nuevo juez deberá intervenir en este caso.
En
la votación, dos de los cinco jueces supremos de la sala, Iván
Sequeiros e Iris Pacheco, declararon infundado el recurso de casación de
Keiko Fujimori. Es decir, que continúe cumpliendo la orden de 36 meses de prisión preventiva, dictada a fines de octubre del año pasado.
Hugo
Príncipe (presidente de la sala), Jorge Castañeda y Zavina Chávez
votaron en el sentido de que se declare fundada en parte la solicitud de
Fujimori, pero para que se reduzca de 36 a 18 meses el plazo de la
cárcel preventiva.
Príncipe
hizo el anuncio en una audiencia realizada ayer, que solo duró tres
minutos. “Esta audiencia es para informar a los abogados y [a] las
partes que, en la fecha, al resolver las casaciones interpuestas por los
procesados, se ha producido discordia entre los votos de los jueces”,
dijo.
La votación fue la misma para las casaciones de Jaime Yoshiyama (exsecretario general de Fuerza Popular)
y Pier Figari (exasesor de Keiko Fujimori), que tenían el mismo
objetivo: revocar la prisión preventiva. Solo en el caso de Luis Mejía
Lecca, exasesor legal de FP, los jueces Príncipe, Castañeda y Chávez
optaron por declarar fundado todo su pedido de libertad.
—Nuevo juez—
Para
que una resolución pueda hacerse efectiva en la Corte Suprema, es
necesario que cuatro magistrados tengan la misma posición, según
establece el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este
caso, ninguna de las dos posturas alcanzó los votos requeridos. Por
tanto, ahora un nuevo vocal (juez dirimente) debe analizar el pedido de
Fujimori y los otros investigados por el Caso Odebrecht, a fin de resolver el entrampamiento.
Príncipe
anunció que el nuevo magistrado será convocado de acuerdo al artículo
147 de la Ley Orgánica del PJ. Es decir, un juez superior provisional
menos antiguo y de la misma especialidad, habilitado para acceder a la
Corte Suprema.
El juez
dirimente convocará a una audiencia para escuchar a los abogados de los
implicados. Este magistrado puede plegarse a los que votaron por
declarar fundado en parte o infundado el requerimiento. También podría
hacer una resolución distinta a la de los otros cinco vocales, con lo
cual sería necesario que se llame a otro magistrado.
Fuentes del
Poder Judicial informaron que entre los jueces a ser llamados está la
jueza suprema provisional Susana Castañeda Otsu.
El recurso
de casación, cabe precisar, es contra la medida de prisión preventiva
por 36 meses que dictó el juez de investigación preparatoria Richard
Concepción Carhuancho. Su decisión posteriormente fue ratificada por la
Segunda Sala Penal de Apelaciones. Esto por la investigación fiscal del
caso de los aportes de Odebrecht y otros para las campañas electorales
del 2011 y 2016 de Fuerza Popular (antes Fuerza 2011).
—Reacción de las defensas—
Al
término de la audiencia, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori,
declaró que no esperaban el resultado de la sala. Lamentó que ambas
posturas opten por que la lideresa de Fuerza Popular siga en prisión. Por la tarde, Loza estuvo en el penal de Chorrillos para conversar con la excandidata presidencial.
Mark Vito Villanella, esposo de Fujimori,
recordó que su esposa lleva nueve meses bajo prisión preventiva en el
penal de Chorrillos. Agregó que “algunos [jueces] han caído en algunas
presiones externas”.
Humberto
Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, consideró que en casos como estos
puede haber discordancia entre magistrados, pero que esperaba un
resultado positivo.
Dijo que
espera que el juez dirimente opte por la libertad inmediata de su
patrocinado. “Esperamos que el nuevo juez adopte una posición distinta a
las dos posturas; es decir, la libertad”, anotó.
Por: Luciano Revoredo
Keiko Fujimori ha cumplido 250 días en prisión. No existen hechos
corroborados de su supuesta culpabilidad. No ha sido gobierno, no ha
recibido coimas, no ha hecho obras sobrevaluadas, no ha traicionado al
Perú. Van ocho meses que la mantienen alejada injustamente de sus
hijas, de su familia y sus actividades personales y políticas. Hemos
visto en este tiempo hasta el extremo que se puede politizar y envilecer
la justicia.
La situación política es pavorosa. Alberto Fujimori a sus ochenta
años sigue en prisión. Alan García fue perseguido hasta la muerte y la
única cabeza visible de una oposición seria y con masivo respaldo
popular es la lideresa de Fuerza Popular. Su indebida prisión, sin
motivos legales, es un indicio claro de nuestro inequívoco camino al
chavismo.
Un gobierno mediocre con un Presidente de la República que gobierna
con los medios y las encuestas, sin otro plan que consolidar un poder
omnímodo a toda costa. En este propósito hay una mente siniestra que
también busca consolidar su poder, nos referimos a Gustavo Gorriti y su
IDL. Esta alianza tácita mueve los hilos de la política peruana a la
sombra de la corrupción y con el disfraz de luchadores anticorrupción.
Pocos saben que recientemente Gorriti ha dado una especie de golpe de
estado al interior de IDL, ha logrado sacar de la institución a Ernesto
de la Jara y ha asumido el control total. Recordemos, que IDL se inició
en temas jurídicos y de derechos humanos, y aunque discrepemos
profundamente de Ernesto de la Jara, debemos reconocer que es un hombre
con formación jurídica. Gorriti lo utilizó como plataforma y creó
IDL-Reporteros. Ahora maneja todo como una empresa de su propiedad.
Cuenta con un equipo de jóvenes que frisan los treinta años y tiene tres
fuentes principales de información: el Ministerio Público, del cual
obtiene información filtrada o comprada; el Poder Judicial, donde tiene
sembrados topos; la Corte Suprema, que hasta la semana pasada aún no
controlaba, pero a la cual ya extendió sus tentáculos y lo hemos podido
ver claramente con la suspensión de la casación de Keiko Fujimori, es
evidente que el Presidente del Poder Judicial a José Lecaros Cornejo
ya se encuentra bajo presión y a su vez él ya empieza a ejercer sus
acciones en ese sentido y también cuenta con procuradores y políticos de
izquierda y la compra ilegal de información a través de teléfonos,
laptops, etc.
Pero todo esto no es más que el brazo operativo de una conspiración
mayor que también compromete a Odebrecht. En esto están comprometidos
los fiscales y parte del poder judicial que han bendecido un acuerdo
lesivo a la patria. Como se sabe un peritaje privado teniendo en cuenta
las obras y los ingresos de Odebrecht en el Perú hubiera recomendado al
Ministerio Público que pida una reparación de al menos 6000 millones de
dólares, pero hicieron un peritaje que determinó apenas 1600 millones,
en la práctica se recibirá mucho menos. Como si eso fuera poco a través
de una legislación especial se les ha permitido vender sus activos. La
gran beneficiada es OEC (Obras en Construcción) la nueva careta de
Odebrecht, una multiempresa de estrategia regional, que como vemos sigue
teniendo injerencia en la política
No hay manera de sostener que el acuerdo sea beneficioso para el
estado peruano. El acuerdo es perjudicial en todo sentido, se ha
centrado en cuatro casos y los demás casos sólo se podrán añadir
mediante una adenda si y sólo si Odebrecht acepta su culpa. De esa
magnitud es la traición de los fiscales, IDL y el gobierno.
Ese es el monstruo que hay que enfrentar. Por eso resulta incómoda la
presencia de una oposición articulada, por eso está presa como un rehén
Keiko Fujimori, por eso hemos visto como sobre la base de unos audios,
guardados para soltarlos en el día y hora exacta, para que sin que estos
audios tengan ninguna relevancia legal, chantajear y tumbarse la
casación.
Estamos advertidos, se viene consolidando una dictadura. No esperemos a que sea demasiado tarde.
