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miércoles, 14 de agosto de 2019

MIENTRAS AUMENTAN PROTESTAS ANTIMINERAS, VIZCARRA PERSIGUE A URSULA LETONA





Las claves de la investigación contra Letona y Abugattás

La Fiscalía de la Nación abrió indagaciones preliminares por presuntos actos de corrupción a la actual congresista, elegida por Fuerza Popular, y al ex legislador, quien fue presidente del Congreso con el nacionalismo.


El caso por el que ambos son investigados se remonta a 2012. Por esas fechas, Abugattás era presidente del Congreso y Letona, abogada de un conocido estudio jurídico. | Fuente: Andina
Este miércoles, la Fiscalía de la Nación informó que ha abierto indagaciones preliminares contra la parlamentaria Úrsula Letona y el excongresista Daniel Abugattás por presuntos delitos contra la Administración Pública relacionados con actos de corrupción. 
El caso se remonta al 2012, cuando Letona Pereyra era abogada del Estudio Jurídico Echecopar y Abugattás Majluf tenía el cargo de presidente del Congreso. De acuerdo con el documento firmado por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, la primera habría cometido tráfico de influencias y cohecho activo genérico; mientras que el segundo habría incurrido en tráfico de influencias agravado. 
Estos son los puntos más resaltantes de la Disposición Fiscal N° 01, recaída en la Carpeta N° 199-2019, a la que RPP Noticias tuvo acceso:
1. El caso: En marzo de 2012, la entonces abogada en ejercicio Úrsula Letona Pereyra habría ofrecido a Rolando Machado Sandoval, accionista de la empresa Pesquera Mar S.A.C., interceder a favor de la compañía para que esta recupere -sin mayor trámite- autorizaciones de pesca de cuatro embarcaciones y una licencia de establecimiento industrial. Esta comunicación fue divulgada por medios periodísticos a inicios de julio de 2019. Ese mes, la Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima alertó a la Fiscalía de la Nación sobre la denuncia periodística. 
2. La supuesta influencia: La ‘movida’ que Letona le habría asegurado a Machado consistía en convencer al congresista y presidente del Congreso Daniel Abugattás Majluf de usar su poder político para presionar a un conocido suyo, que por entonces era asesor del Ministerio de la Producción, y conseguir una nueva y favorecedora resolución.  
3. ¿Qué había pasado con esta empresa? El 22 de febrero de 2012, el Ministerio de la Producción (Produce) había publicado en el diario El Peruano su Resolución Directoral N° 108-2012. En esta, se devolvía a Pesquera Mar S.A.C. las autorizaciones de transformación de otras autorizaciones y otros permisos de pesca. Estas últimas estaban referidas a cuatro embarcaciones de propiedad de la empresa (“Teresa”, “Mantaro 10”, “Capricornio 5” y “Tres Hermanos VII”). Además, se resolvía devolverle a la compañía la licencia de establecimiento industrial. 
Esta disposición de Produce recaía en una sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima por un proceso de restitución de derechos administrativos que Pesquera Mar S.A.C. había ganado. Pero, pese a que  la Resolución Directoral N° 108-2012 de Produce fue favorable para la empresa, el Ministerio exigía un trámite adicional para que los permisos se ejecutaran.
4. La parte que se consiguió anular: Si bien el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 108-2012 disponía el retorno de autorizaciones para la empresa, el artículo 2 condicionaba a Pesquera Mar S.A.C. a cumplir con algunas formalidades legales de procedimiento administrativo. Estas eran presentar en un plazo de 30 días hábiles los requisitos correspondientes al Permiso de Pesca y los instrumentos de gestión ambiental necesarios para la licencia de operación. Este artículo 2 quedó “sin efecto en todo su contenido y extremo” el 26 de junio de 2012, con la Resolución Viceministerial N° 033-2012-Produce/DVP.  
5. Abugattás habría intervenido: Como lo señalamos en puntos anteriores, Letona era abogada del estudio Echecopar y, en marzo de 2012, habría prometido a un accionista de Pesquera Mar S.A.C. mover contactos para lograr la anulación parcial de la Resolución Directoral N° 108-2012. El contacto clave, según las diligencias preliminares de la Fiscalía de la Nación, era Abugattás. 
De acuerdo con la Fiscalía de la Nación, el 17 de abril de 2012, al mes siguiente de la comunicación entre Letona y Machado, el entonces presidente del Congreso Daniel Abugattás Majluf envió un oficio al ministro de la Producción José Antonio Urquizo Maggia. En este documento, de número 2352-2011-2012, Abugattás pedía que el sector “informe a la Presidencia del Congreso si dicha cartera había procedido en anular de oficio” la resolución directoral en cuestión. Además, solicitaba que Produce le informe a su despacho si alguna de las cuatro embarcaciones de Pesquera Mar S.A.C. se habían considerado “en el listado para la asignación de Límites Máximos de Captura por Embarcación del primer trimestre de 2012”. 
Como indicamos en el punto 4, la anulación requerida sí se concretó. 
6. Lo que la Fiscalía busca probar. La investigación abierta por la fiscal Zoraida Ávalos aún no tiene carácter formal, sino preliminar. Lo que se busca es probar es la supuesta influencia de Letona y Abugattás en la anulación de la resolución directoral de Produce en favor de Pesquera Mar S.A.C.
Para las indagaciones preliminares que tendrán plazo de 60 días, la Fiscalía de la Nación recibirá las declaraciones indagatorias de ambos investigados. Además, solicitará las declaraciones testimoniales del accionista de Pesquera Mar S.A.C., Rolando Machado Sandoval, y del ex ministro de la Producción José Urquizo Maggia. Otras informaciones que analizará son las correspondientes a Produce, al Congreso de la República y a los medios de comunicación que emitieron los reportajes sobre este caso. 
7. Los delitos imputados y la situación de Letona. De momento, el delito que se imputa a Abugattás es el de tráfico de influencias. La Fiscalía de la Nación sostiene la posibilidad de que este influyó irregularmente en la anulación de la resolución directoral y considera como indicio el oficio que Abugattás remitió al ministro de la Producción. Y, dado que por ese entonces Abugattás era un alto funcionario público (congresista), el delito sería agravado.
Letona, por su parte, no era funcionaria pública en este momento, no le asiste el antejuicio político  y, en principio, no correspondería que la investigara la Fiscalía de la Nación, sino una fiscalía de menor jerarquía. Sin embargo, la disposición de Zoraida Ávalos señala que “es facultad del Ministerio Público establecer las estrategias que correspondan en cada una de las investigaciones (artículo 65, numeral 4 del Código Procesal Penal)”.
Por tanto, decide juntar en una sola investigación los avances que podrían realizarse con las diligencias contra Abugattás y Letona. El documento de Ávalos, por tanto, establece la indagación preliminar contra Letona por los presuntos delitos de tráfico de influencias (simple; por supuestamente ofrecer ventajas en un caso administrativo) y cohecho activo genérico (por posible ofrecimiento de beneficio a un funcionario del Estado).

domingo, 2 de diciembre de 2018

REFORMA DE VIZCARRA ES PROFUNDAMENTE ANTI DEMOCRATICA--

Reforma antidemocrática, por Federico Salazar

"La no reelección inmediata, lejos de fortalecer, debilita la democracia. Y la debilita sobremanera".

FEDERICO SALAZARPERIODISTA

Federico Salazar
Martín Vizcarra
El presidente Martín Vizcarra dijo que el referéndum es parte de una agenda de su Gobierno "mucho más amplia". (Foto: GEC)
Uno de los varios desatinos del referéndum del 9 de diciembre se refiere a la no reelección inmediata de parlamentarios. El Ejecutivo planteó esta consulta porque traerá “el fortalecimiento de la democracia” (exposición de motivos, proyecto del Ejecutivo).
La no reelección inmediata, lejos de fortalecer, debilita la democracia. Y la debilita sobremanera.

La población está desencantada con el actual Congreso. Quiere castigar a los actuales representantes. El Ejecutivo ha querido sintonizar con esa demanda y ha planteado este cambio.

La democracia, sin embargo, no es la voluntad absoluta de la mayoría absoluta. La democracia no es la forma institucional de la venganza. Es todo lo contrario: es el derecho, las instituciones, la ley por sobre las voluntades, las tendencias, las modas y, por supuesto, por sobre los propios gobernantes.

La esencia de la Constitución es, justamente, prevalecer sobre el momento, sobre el gobierno de turno, sobre la coyuntura y sobre los vaivenes de la política menuda.

Este gobierno ha usado sus poderes para llevarnos a un referéndum en un estado emocional extremo. El actual es un estado de indignación; justificada, por cierto, pero no por ello menos febril.

Los estados febriles son como arenas movedizas: se lo tragan todo. ¿Es este el mejor momento para consultar la reforma de aquello que nos debe dar, más bien, estabilidad institucional?

El principal argumento del gobierno es que solo los congresistas carecen del impedimento de la reelección inmediata. Es diferente en el caso de presidente de la República, gobernadores regionales y alcaldes.

Sostiene el Ejecutivo que, si todas son autoridades elegidas por sufragio directo, no hay razón para excluir a los congresistas. 

Este análisis no se detiene en una diferencia fundamental: el presidente, los gobernadores y los alcaldes desarrollan tareas ejecutivas y manejan presupuestos. Los congresistas, en cambio, tienen el encargo de la representación política para hacer leyes, y no manejan presupuesto.

Lo más grave no es la ceguera selectiva en los argumentos. Lo peor es que, justamente, se quiere limitar el derecho a elegir, por mandato legal, incluso constitucional.

Un principio básico de educación es la conciencia de la relación de los actos y sus consecuencias. Si un niño no aprende que sus actos tendrán consecuencias, ese niño será una persona irresponsable.
Así nos quiere tratar el gobierno: como niños a los que sobreprotege. Quiere desvincular la relación entre los actos y sus consecuencias. La ley (la Constitución) nos prohibirá reelegir y aprender de nuestros actos electorales. 

No tendremos más derecho al error, al arrepentimiento o al rechazo de un candidato o de una opción por la vía electoral. No vamos a aprender nada de lo que hagamos. Seremos, literalmente, irresponsables.

Esto no es “fortalecer” la democracia. Protegernos con prohibiciones de nuestras propias elecciones es lo contrario del fortalecimiento de la democracia.

Decirle a un niño “no vas a elegir porque no sabes” no va a ayudarlo a madurar. Nos ven como niños. Hay que prohibir la reelección inmediata porque el pueblo peruano no sabe reelegir.

¡Pero es una consulta!, dirán los defensores de este despropósito. ¡Depende del pueblo!, agregarán.

El pueblo va a votar, pero con la imagen de un Congreso (el actual) en la mente. Va a votar en un momento de furias, de pasiones, de arrebatos.

Por otro lado, si el político no puede aspirar a reelegirse, ¿le va a importar mantener su prestigio? ¿Le va a interesar hacer una buena gestión? ¿O habrá quienes entren a aprovechar sus cinco años, sin importar las responsabilidades? 

¿Quién querría invertir tiempo, dedicación y dinero para algo que no le permitirá hacer carrera ante la ciudadanía? 

El voto es un sistema de control; al recortarlo lo que hacemos es recortar su poder de control. 

¿Acaso la no reelección inmediata de presidentes nos dejó una sucesión de presidentes intachables? ¿Acaso la no reelección inmediata de gobernadores nos dejó gobernadores impolutos? ¿Acaso la no reelección inmediata de alcaldes nos dejó a los menos corruptos y sacó de carrera a verdaderos delincuentes?

Esta reforma es ladina, contraproducente, irresponsable y, sobre todo, profundamente antidemocrática.

domingo, 25 de noviembre de 2018

EN PERU NO HAY DIVISION DE PODERES-HAY PERSECUSION POLITICA

EN PERU SI HAY UNA PERSECUSION POLITICA---SE ENCARCELA A LOS LIDERES DE OPOSICION---SIN HABER SIDO DENUNCIADOS DE NADA---SIN HABER SIDO CONDENADOS-----PROCESADOS PENALMENTE---NO HAY ESTADO DE DERECHO----MARTIN VIZCARRA MIENTE AL MUNDO DICIENDO QUE EN PERU HAY DIVISION DE PODERES------

EVIDENTE PERSECUSION POLITICA---MARTHA MEIER MIROQUESADA

Evidente persecución política


50382

Martha Meier M.Q.


La persecución política a los opositores del actual régimen es ya una práctica establecida, quien diga lo contrario miente y abona a la demolición del Estado de Derecho y de la democracia. Expertos analistas ya lo advierten: Fernando Rospigliosi escribió en El Comercio que: “los adversarios del gobierno están recibiendo un trato mucho más duro que sus aliados”; mientras la periodista Mariella Balbi en Perú21 sostiene: “Vivimos un totalitarismo que…utiliza a la justicia para perseguir a los opositores del régimen que podrían estar en las próximas elecciones”; también el destacado investigador Víctor Andrés Ponce del portal El Montonero alerta que “en la práctica, se ha iniciado la primera persecución política del siglo XXI”.
Es ante este escenario que el doctor Alan García, dos veces presidente de la República, solicita asilo al Uruguay. ¿Qué le garantizaba a García que no lo detendrían a la entrada de su citación número cincuenta, sí cincuenta, ante la Fiscalía? ¡Nada! Keiko Fujimori fue víctima de tal celada e inicialmente fue apresada por una semana cuando iba a rendir declaración.
La sentencia previa para los adversarios es la perversa receta actual y, guste o no, Keiko es una presa política del vizcarrismo. La lideresa opositora de Fuerza Popular está bajo prisión “preventiva” por tres años, sin existir denuncia contra ella. ¿Estrategia para asustar a sus seguidores y a su propio partido?
Ayer Luis García Miró escribió en este diario: “Lo que se ha establecido desde la renuncia de PPK es un consorcio de intereses políticos-económicos-fácticos representados por quien ha reemplazado a un exgobernante que, mañana, tarde y noche, brega por zafarse del largo brazo de la Justicia. Y hacia ello se orientan los esfuerzos de un Poder Ejecutivo pendenciero [que] de la mano de los medios progre, violenta el Estado de Derecho querellando al fiscal de la Nación e incitando a la Justicia a que persiga y encarcele a sus opositores”.
Dicho lo anterior, el presidente del Uruguay, Tavaré Vázquez, debería tomarse en serio el pedido del doctor Alan García, quien no trata de escapar de la justicia sino más bien de la injusticia. Como bien afirma la periodista Mariella Balbi (voz disidente que en cualquier momento podría ser acallada): “hay un frenesí de encarcelamientos poco jurídicos y más bien políticos. El fiscal y el juez encargados abusan de la prisión preliminar y preventiva sin juicio previo. Resulta notorio que responden a intereses políticos”.

viernes, 23 de noviembre de 2018

CARTA AL PRESIDENTE DE URUGUAY--MARIELA BALBI




Por: Mariella Balbi

Presidente Vázquez, le escribe una periodista con 33 años
 de carrera que no defiende intereses y que trabaja 
honestamente. 

En el Perú de hoy estamos patas arriba. El Estado de 
derecho y la independencia de poderes se vulneran sin que
 nada pase. Reina lo de circo sin pan porque, 
desafortunadamente, la economía no cobra el impulso que 
debería.
El circo nos ha llevado a un estado de polarización, odio 
político y violencia extrema. El gobierno, “Yo el Supremo”,
 llamó a un referéndum el 28 de julio pasado. El Congreso 
no podía hacer “modificaciones sustanciales” al proyecto del
 Ejecutivo. Se amenazó con cerrar el Parlamento, creando 
incertidumbre.
Vivimos un totalitarismo que, dicho sin pasión política, utiliza
 a la justicia para perseguir a los opositores del régimen que
 podrían estar en las próximas elecciones. La lideresa de 
Fuerza Popular y 11 fujimoristas están presos. Abunda la
 colaboración eficaz, pero la justicia no corrobora esos 
dichos. El debido proceso es violado constantemente. 
Arbitrariamente, el fiscal imputa a Fuerza Popular y al Apra 
ser organizaciones criminales, como la camorra o la mafia.

En virtud de ello hay un frenesí de encarcelamientos poco
 jurídicos y más bien políticos. El fiscal y el juez encargados 
abusan de la prisión preliminar y preventiva sin juicio previo. 
Resulta notorio que responden a intereses políticos. La 
prensa, no obstante, los mira con aprobación. Con gran
 tupé, el fiscal en cuestión le escribe a su gobierno que 
“pondría en riesgo el trabajo de la Fiscalía” si asilan a Alan
 García.

Otro rasgo de totalitarismo es la feroz y nunca vista 
embestida contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Más
 de 300 carátulas en su contra, desprestigio en los medios,
 declaraciones intrusivas e ilegales del presidente, el premier
 y otros para que Chávarry salga del cargo. Las campañas 
en su contra continúan.

Como información, el caso Lava Jato estaba adormecido. El
 embate contra Chávarry puede explicarse porque, al 
parecer, hay intereses para que no se active. El presidente 
tiene cerca de 40 investigaciones y tres juicios penales.

Otros miembros del gobierno también son investigados por
 la Fiscalía.Del mismo modo, es totalitarismo que se allane 
un prestigioso estudio de abogados abusivamente. Irrespeta
 el secreto profesional y las garantías fundamentales. Es 
una clara acción de intimidación contra la defensa del 
fujimorismo. La repudiable agresión física al aprista Alva 
Castro significa igualmente despotismo.
Existe un grupo vasto, amplio, acallado mas no silente que 
ve un autoritarismo hipocritón, sin equilibrio de poderes. 
Sea cual fuere su decisión respecto al asilo, sopese lo 
relatado.