viernes, 16 de agosto de 2019

WALTER ADUVIRI ESTA SIENDO BUSCADO POR SENTENCIA DE 6 AÑOS

  EL PUEBLO VE EN ESTA CONDENA EXTRAÑA, LA MANO DEL GOBIERNO....

 SE CRIMINALIZA A LOS LIDERES POPULARES....PARA QUE NO SEAN CANDIDATOS.......

Condenan a seis años de prisión a Walter Aduviri, gobernador de Puno

Poder Judicial encontró responsabilidad en Aduviri por el caso “Aymarazo”. Hasta el momento el gobernador de Puno permanece prófugo.



    Walter Aduviri, gobernador regional de Puno. (Foto: GEC)
    Walter Aduviri, gobernador regional de Puno. (Foto: GEC)

    El Juzgado Penal Colegiado de Puno sentenció a seis años de prisión efectiva a Walter Aduviri, gobernador de esa región, como coautor del presunto delito de disturbios en agravio del Estado, por el denominado caso “Aymarazo”.
    El colegiado que preside la magistrada Jackeline Luza Cáceres, dispuso además el pago de S/2 millones de reparación civil en favor del Estado. Además solicitó su inmediata captura y reclusión en un penal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).
    Cabe recordar que Aduviri Calisaya ya había sido sentenciado en dos instancias a siete años de cárcel por liderar la protesta del 26 de mayo del 2011. Sin embargo la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio tras declarar fundado un recurso de casación

    Walter Aduviri es sentenciado a prisión por el 'aimarazo'

    Juzgado de Puno condenó al gobernador regional de Puno a seis años de cárcel y pidió su detención. Días atrás solicitó licencia al cargo y actualmente está prófugo

    Walter Aduviri es sentenciado a prisión pro el 'aimarazo'
    En el 2011, el año de las protestas del denominado 'aimarazo', Walter Aduviri era presidente del frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno (Foto: archivo)
    Varios aspectos de la vida personal y política de Walter Aduviri Calisaya, gobernador regional de Puno, cambiaron en la última semana.
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    inRead invented by TeaEl 8 de agosto, el mismo día en que cumplió 39 años, el Poder Judicial dictó 15 días de prisión preventiva en su contra por reglas de conducta establecidas en el proceso que afronta por el caso ‘aimarazo’.
    Aquel mismo día, Aduviri pidió licencia por 15 días ante el Consejo Regional de Puno. Él estaba en Lima, donde había tenido una reunión con funcionarios del Ministerio del Ambiente. Desde entonces, no se lo vio más.  
     
    Finalmente, la mañana de ayer, el Juzgado Penal Colegiado de Puno lo condenó a seis años de prisión por ser coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública, y se le impuso el pago de S/2 millones por reparación civil. La sala, presidida por la jueza Jackeline 
     Reina Luza dispuso su captura.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     


    –Protestas y juicio–
     
    En noviembre del 2007, el gobierno de Alan García promulgó el Decreto Supremo 083-2007-EM, una disposición que exceptuaba a la empresa Bear Creek de la prohibición (establecida por la Constitución) de que compañías extranjeras pudieran ejecutar actividades dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera. Con ello, siete derechos mineros ubicados en el distrito de Huacullani (Chucuito), cerca del límite con Bolivia, quedaron dispuestos para ser explotados través del proyecto Santa Ana, a cargo de dicha compañía.
    En abril del 2011, el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, encabezado por Aduviri, inició movilizaciones para oponerse al proyecto. Esta se radicalizó. Además de bloquear la vía Puno-Desaguadero, una turba quemó y saqueó locales públicos como el de la Prefectura, la Sunat, la sede de la contraloría y la oficina de Aduanas.
    En julio del 2017, después de un largo juicio, el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno condenó a siete años de prisión a Aduviri Calisaya por el delito de disturbios. La sala consideró que sí se había demostrado que el dirigente tenía dominio de la voluntad sobre los manifestantes que cometieron los actos vandálicos. Su defensa apeló.
    Aduviri permaneció prófugo. Aun así, postuló en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre del 2018 con el Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional–Mi Casita. Dos días antes, el 5 de octubre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró nula la sentencia –por mayoría y con voto discordante– y ordenó un nuevo juicio. Aduviri ganó las elecciones y dejó la clandestinidad para asumir el cargo de gobernador.
    En febrero de este año, en entrevista con El Comercio, Aduviri dijo que el ‘aimarazo’ “fue un acto reivindicativo”. Comentó también la razón por la que se mantuvo en la clandestinidad tras la sentencia del 2017. “¿Por qué me voy a entregar, si yo no he cometido ningún delito y no me lo han probado?”, preguntó.
    El gobernador regional no participó ayer en la lectura de sentencia, tampoco asistió su abogado. Al cierre de esta edición, no se conocía su paradero.

    jueves, 15 de agosto de 2019

    VACANCIA PRESIDENCIAL DE MARTIN VIZCARRA ES INMINENTE

    Mauricio Mulder planteará moción de vacancia contra presidente Martín Vizcarra

    El congresista aprista señaló que la propuesta es a raíz del audio del mandatario sobre Tía María en el que "se muestra conspirando" contra el país.


    Mauricio Mulder


    El congresista Mauricio Mulder también afirmó que el proyecto de adelanto de elecciones debe ser "archivado". (Foto: Difusión)


    Redacción Redacción
    El congresista Mauricio Mulder (Apra) anunció que impulsará una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra por el audio en el que se le escucha dialogar con autoridades de Arequipa sobre el proyecto minero Tía María
    "Nosotros vamos a plantear una moción de vacancia presidencial por la incapacidad del presidente de seguir gobernando el país. Segundo, por el audio en que se muestra conspirando contra la opinión pública y contra los peruanos", dijo a Canal N.
    El congresista aseguró que el eventual pedido no tiene "nada que ver" con la propuesta de adelanto de elecciones, debido a que el procedimiento de una moción sigue un camino diferente al de un proyecto de ley.
    En esa línea, Mauricio Mulder consideró que el proyecto para adelantar los comicios al 2020 "debe ser archivado" en la Comisión de Constitución.
    El vocero de Acción Popular, Luis Iberico, afirmó que no es momento de pensar en vacar al presidente Martín Vizcarra, sino en dialogar.
    "En este momento no conviene una moción de vacancia. Yo le he pedido formalmente al presidente de la República una mesa de conversaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo para salir de este atolladero", expresó.  
    FUERZA POPULAR MUERE POR ESCUCHAR A MULDER Y SU PROPUESTA DE VACANCIA PRESIDENCIAL
     NO ESTARIA MAL......EL PRESIDENTE VIZCARRA ESTA DEMAS EN PALACIO......

     EL NORTE SIGUE DESTRUIDO, NO HUBO RECONSTRUCCION ALGUNA........

        PROTESTAS VIOLENTAS EN AREQUIPA.....LE HICIERON ORINARSE LOS PANTALONES Y DIJO QUE ANULARIA LA LICENCIA A SOUTHERN PERU........

            LUEGO APARECEN AUDIOS DEL PRESIDENTE, QUE CONFIRMAN..QUE TIENE INTENCION DE DEJAR MAL AL PAIS....CON LAS MINERAS.........

              MEJOR SERIA QUE SE VAYA..............

    Y PARA REMATE ---------LA CEREZA EN LA TORTA: PROTESTAS EN REGION MOQUEGUA, PARO REGIONAL CONTRA MINA QUELLAVECO.......POR CULPA DE LA COBARDIA DE VIZCARRA.......

    miércoles, 14 de agosto de 2019

    MIENTRAS AUMENTAN PROTESTAS ANTIMINERAS, VIZCARRA PERSIGUE A URSULA LETONA





    Las claves de la investigación contra Letona y Abugattás

    La Fiscalía de la Nación abrió indagaciones preliminares por presuntos actos de corrupción a la actual congresista, elegida por Fuerza Popular, y al ex legislador, quien fue presidente del Congreso con el nacionalismo.


    El caso por el que ambos son investigados se remonta a 2012. Por esas fechas, Abugattás era presidente del Congreso y Letona, abogada de un conocido estudio jurídico. | Fuente: Andina
    Este miércoles, la Fiscalía de la Nación informó que ha abierto indagaciones preliminares contra la parlamentaria Úrsula Letona y el excongresista Daniel Abugattás por presuntos delitos contra la Administración Pública relacionados con actos de corrupción. 
    El caso se remonta al 2012, cuando Letona Pereyra era abogada del Estudio Jurídico Echecopar y Abugattás Majluf tenía el cargo de presidente del Congreso. De acuerdo con el documento firmado por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, la primera habría cometido tráfico de influencias y cohecho activo genérico; mientras que el segundo habría incurrido en tráfico de influencias agravado. 
    Estos son los puntos más resaltantes de la Disposición Fiscal N° 01, recaída en la Carpeta N° 199-2019, a la que RPP Noticias tuvo acceso:
    1. El caso: En marzo de 2012, la entonces abogada en ejercicio Úrsula Letona Pereyra habría ofrecido a Rolando Machado Sandoval, accionista de la empresa Pesquera Mar S.A.C., interceder a favor de la compañía para que esta recupere -sin mayor trámite- autorizaciones de pesca de cuatro embarcaciones y una licencia de establecimiento industrial. Esta comunicación fue divulgada por medios periodísticos a inicios de julio de 2019. Ese mes, la Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima alertó a la Fiscalía de la Nación sobre la denuncia periodística. 
    2. La supuesta influencia: La ‘movida’ que Letona le habría asegurado a Machado consistía en convencer al congresista y presidente del Congreso Daniel Abugattás Majluf de usar su poder político para presionar a un conocido suyo, que por entonces era asesor del Ministerio de la Producción, y conseguir una nueva y favorecedora resolución.  
    3. ¿Qué había pasado con esta empresa? El 22 de febrero de 2012, el Ministerio de la Producción (Produce) había publicado en el diario El Peruano su Resolución Directoral N° 108-2012. En esta, se devolvía a Pesquera Mar S.A.C. las autorizaciones de transformación de otras autorizaciones y otros permisos de pesca. Estas últimas estaban referidas a cuatro embarcaciones de propiedad de la empresa (“Teresa”, “Mantaro 10”, “Capricornio 5” y “Tres Hermanos VII”). Además, se resolvía devolverle a la compañía la licencia de establecimiento industrial. 
    Esta disposición de Produce recaía en una sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima por un proceso de restitución de derechos administrativos que Pesquera Mar S.A.C. había ganado. Pero, pese a que  la Resolución Directoral N° 108-2012 de Produce fue favorable para la empresa, el Ministerio exigía un trámite adicional para que los permisos se ejecutaran.
    4. La parte que se consiguió anular: Si bien el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 108-2012 disponía el retorno de autorizaciones para la empresa, el artículo 2 condicionaba a Pesquera Mar S.A.C. a cumplir con algunas formalidades legales de procedimiento administrativo. Estas eran presentar en un plazo de 30 días hábiles los requisitos correspondientes al Permiso de Pesca y los instrumentos de gestión ambiental necesarios para la licencia de operación. Este artículo 2 quedó “sin efecto en todo su contenido y extremo” el 26 de junio de 2012, con la Resolución Viceministerial N° 033-2012-Produce/DVP.  
    5. Abugattás habría intervenido: Como lo señalamos en puntos anteriores, Letona era abogada del estudio Echecopar y, en marzo de 2012, habría prometido a un accionista de Pesquera Mar S.A.C. mover contactos para lograr la anulación parcial de la Resolución Directoral N° 108-2012. El contacto clave, según las diligencias preliminares de la Fiscalía de la Nación, era Abugattás. 
    De acuerdo con la Fiscalía de la Nación, el 17 de abril de 2012, al mes siguiente de la comunicación entre Letona y Machado, el entonces presidente del Congreso Daniel Abugattás Majluf envió un oficio al ministro de la Producción José Antonio Urquizo Maggia. En este documento, de número 2352-2011-2012, Abugattás pedía que el sector “informe a la Presidencia del Congreso si dicha cartera había procedido en anular de oficio” la resolución directoral en cuestión. Además, solicitaba que Produce le informe a su despacho si alguna de las cuatro embarcaciones de Pesquera Mar S.A.C. se habían considerado “en el listado para la asignación de Límites Máximos de Captura por Embarcación del primer trimestre de 2012”. 
    Como indicamos en el punto 4, la anulación requerida sí se concretó. 
    6. Lo que la Fiscalía busca probar. La investigación abierta por la fiscal Zoraida Ávalos aún no tiene carácter formal, sino preliminar. Lo que se busca es probar es la supuesta influencia de Letona y Abugattás en la anulación de la resolución directoral de Produce en favor de Pesquera Mar S.A.C.
    Para las indagaciones preliminares que tendrán plazo de 60 días, la Fiscalía de la Nación recibirá las declaraciones indagatorias de ambos investigados. Además, solicitará las declaraciones testimoniales del accionista de Pesquera Mar S.A.C., Rolando Machado Sandoval, y del ex ministro de la Producción José Urquizo Maggia. Otras informaciones que analizará son las correspondientes a Produce, al Congreso de la República y a los medios de comunicación que emitieron los reportajes sobre este caso. 
    7. Los delitos imputados y la situación de Letona. De momento, el delito que se imputa a Abugattás es el de tráfico de influencias. La Fiscalía de la Nación sostiene la posibilidad de que este influyó irregularmente en la anulación de la resolución directoral y considera como indicio el oficio que Abugattás remitió al ministro de la Producción. Y, dado que por ese entonces Abugattás era un alto funcionario público (congresista), el delito sería agravado.
    Letona, por su parte, no era funcionaria pública en este momento, no le asiste el antejuicio político  y, en principio, no correspondería que la investigara la Fiscalía de la Nación, sino una fiscalía de menor jerarquía. Sin embargo, la disposición de Zoraida Ávalos señala que “es facultad del Ministerio Público establecer las estrategias que correspondan en cada una de las investigaciones (artículo 65, numeral 4 del Código Procesal Penal)”.
    Por tanto, decide juntar en una sola investigación los avances que podrían realizarse con las diligencias contra Abugattás y Letona. El documento de Ávalos, por tanto, establece la indagación preliminar contra Letona por los presuntos delitos de tráfico de influencias (simple; por supuestamente ofrecer ventajas en un caso administrativo) y cohecho activo genérico (por posible ofrecimiento de beneficio a un funcionario del Estado).

    PROTESTAS CONTRA MINERA QUELLAVECO

    Quellaveco: Este es el impacto del paro indefinido en Moquegua

    Desde el lunes Moquegua protesta e inicia un nuevo paro minero en el sur del país. El megaproyecto minero Quellaveco tiene una inversión estimada de US$5,300 millones.
    Los conflictos sociales en el país no se detienen, y el lunes empezó un paro indefinido contra la construcción del proyecto cuprífero Quellaveco ubicado en Moquegua, sin embargo, en sus primeros dias no ha tenido mayor trascendencia, según el gobernador regional, Zenón Cuevas Pare.
    El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua, Agustín Callara, admitió que la paralización no ha sido contundente, indicó que hay un tema de “desgaste” y “estamos direccionando la lucha a nivel regional”.

    Paro minero

    En julio del año pasado, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el inicio de la ejecución del megaproyecto minero Quellaveco para la producción de cobre en Moquegua, que estará a cargo de consorcio Anglo American-Mitsubishi. 
    Este proyecto demandará una inversión de hasta US$ 5,300 millones. Y producirá anualmente 300,000 toneladas de cobre, en promedio, en sus primeros 10 años de operación. La mina empezaría a producir en el 2022.
    Según el gobernador regional de Moquegua la minera no ha cumplido con algunos de los acuerdos de la mesa de diálogo, documento firmado el año 2012 con la población hace siete años.

    Pliego de reclamos

    El gobernador regional de Moquegua reclama que la minera no cumplió con contratar el 80% de mano de obra no calificada de la región, sino tan solo el 40%. Seis de cada 10 trabajadores contratados por Anglo American son foráneos y no moqueguanos.
    Agrega que la población también critica que empresas que no son moqueguanas suministren de alimentos a la minera “cuando eso podría ofrecerse desde la misma región”.
    Zenón Cuevas añadió en una publicación del diario Gestión que la dueña de Quellaveco se comprometió a otorgar S/ 1,000 millones al Fondo para el Desarrollo de Moquegua, y que de ese total S/ 300 millones serían destinados durante la etapa de construcción y el resto en la etapa de explotación.
    "Sin embargo, pese a que se les ha pedido su apoyo para usar parte del fondo en educación, ha sido difícil de conseguir. Requerimos de un instituto para la formación de los técnicos para actividades de agro e incluso para la minería, pero ha sido un largo proceso para que parte del fondo se destine S/ 25 millones”, sostuvo la autoridad regional de Moquegua.
    Otro punto del reclamo es la contaminación del río Moquegua debido al inicio de la construcción de la mina de cobre. De acuerdo a Zenón Cuevas, a la población le preocupa muchísimo que los Límites Máximos Permisibles que establece la calidad del agua ya han sido superados.
    “No hay una predisposición de la empresa (Anglo American) por solucionar los problemas. Se ha evidenciado de escombros a raíz de los trabajos realizados por la Anglo American, el agua (del río Moquegua) ya tenían arsénico y boro, pero los niveles se han elevado", comentó.

    Respuesta

    No obstante, Anglo American  respondió que la empresa está cumpliendo los acuerdos de la Mesa de Diálogo en lo relacionado con la contratación de trabajadores de la región.
    "Al mes de junio, el 96% de la mano de obra no calificada proviene de Moquegua, por encima del acuerdo establecido de contratación de un mínimo de 80%. Además, hemos contratado 3,374 trabajadores calificados de Moquegua, que en total suman 4,964 entre calificados y no calificados, número que ha sido verificado por el Comité de Monitoreo integrado por autoridades locales y representantes de la sociedad civil", precisó la empresa. 
    La minera señaló, además, que han realizado compras locales y se ha capacitado a empresas y emprendedores de Moquegua.
    "Desde el inicio de las obras, realizamos compras mensuales por 12 millones de soles en promedio y se ha capacitado a 400 empresas locales a través de los programas Progresa Moquegua y Emerge Perú, lo que les ha permitido incrementar sus ventas y generar trabajo", agregó. 
    Anglo American descartó que se haya contaminado el río Moquegua con las obras de construcción. Mediante reiteradas fiscalizaciones por parte de las autoridades competentes se ha verificado, señalan, que el proceso de construcción se realiza cumpliendo todos los estándares en calidad ambiental.
    "No se está arrojando escombros ni químicos ni ninguna sustancia al río. Además, el río Asana fue protegido por un túnel que rodea el área de trabajo, por lo que sus aguas no son afectadas en lo más mínimo", anotan. 
    Según Radio Americana la medida de protesta inició con bloqueos en la vía de la carretera Binacional, en el sector de Tumilaca. | Fuente: ANDINA

    sábado, 10 de agosto de 2019

    JUECES SUPREMOS PERUANOS.....NO DECIDIERON NADA....CASO KEIKO

    Jueces supremos no se pusieron de acuerdo sobre caso de Keiko Fujimori

    Dos vocales supremos resolvieron que la lideresa de Fuerza Popular siga cumpliendo orden de 36 meses de prisión preventiva. Otros tres optaron por reducirla a 18 meses. Nuevo juez deberá dirimir


    Keiko Fujimori


    Desde noviembre del año pasado, Keiko Fujimori cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, por el Caso Odebrecht. (César Campos / GEC))
    La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, continuará bajo prisión preventiva por el Caso Odebrecht. Ninguno de los cinco jueces supremos que analizaron su recurso de casación, que buscaba su liberación inmediata, le dieron la razón.
    Además, los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema quedaron divididos en su decisión, por lo que no se alcanzaron los cuatro votos necesarios para que haya una resolución. Debido a esto, un nuevo juez deberá intervenir en este caso.
    En la votación, dos de los cinco jueces supremos de la sala, Iván Sequeiros e Iris Pacheco, declararon infundado el recurso de casación de Keiko Fujimori. Es decir, que continúe cumpliendo la orden de 36 meses de prisión preventiva, dictada a fines de octubre del año pasado.
    Hugo Príncipe (presidente de la sala), Jorge Castañeda y Zavina Chávez votaron en el sentido de que se declare fundada en parte la solicitud de Fujimori, pero para que se reduzca de 36 a 18 meses el plazo de la cárcel preventiva.
    Príncipe hizo el anuncio en una audiencia realizada ayer, que solo duró tres minutos. “Esta audiencia es para informar a los abogados y [a] las partes que, en la fecha, al resolver las casaciones interpuestas por los procesados, se ha producido discordia entre los votos de los jueces”, dijo.
    La votación fue la misma para las casaciones de Jaime Yoshiyama (exsecretario general de Fuerza Popular) y Pier Figari (exasesor de Keiko Fujimori), que tenían el mismo objetivo: revocar la prisión preventiva. Solo en el caso de Luis Mejía Lecca, exasesor legal de FP, los jueces Príncipe, Castañeda y Chávez optaron por declarar fundado todo su pedido de libertad.
    —Nuevo juez—
    Para que una resolución pueda hacerse efectiva en la Corte Suprema, es necesario que cuatro magistrados tengan la misma posición, según establece el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este caso, ninguna de las dos posturas alcanzó los votos requeridos. Por tanto, ahora un nuevo vocal (juez dirimente) debe analizar el pedido de Fujimori y los otros investigados por el Caso Odebrecht, a fin de resolver el entrampamiento.
    Príncipe anunció que el nuevo magistrado será convocado de acuerdo al artículo 147 de la Ley Orgánica del PJ. Es decir, un juez superior provisional menos antiguo y de la misma especialidad, habilitado para acceder a la Corte Suprema.
    El juez dirimente convocará a una audiencia para escuchar a los abogados de los implicados. Este magistrado puede plegarse a los que votaron por declarar fundado en parte o infundado el requerimiento. También podría hacer una resolución distinta a la de los otros cinco vocales, con lo cual sería necesario que se llame a otro magistrado.
    Fuentes del Poder Judicial informaron que entre los jueces a ser llamados está la jueza suprema provisional Susana Castañeda Otsu.
    El recurso de casación, cabe precisar, es contra la medida de prisión preventiva por 36 meses que dictó el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho. Su decisión posteriormente fue ratificada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones. Esto por la investigación fiscal del caso de los aportes de Odebrecht y otros para las campañas electorales del 2011 y 2016 de Fuerza Popular (antes Fuerza 2011).
    —Reacción de las defensas—
    Al término de la audiencia, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, declaró que no esperaban el resultado de la sala. Lamentó que ambas posturas opten por que la lideresa de Fuerza Popular siga en prisión. Por la tarde, Loza estuvo en el penal de Chorrillos para conversar con la excandidata presidencial.
    Mark Vito Villanella, esposo de Fujimori, recordó que su esposa lleva nueve meses bajo prisión preventiva en el penal de Chorrillos. Agregó que “algunos [jueces] han caído en algunas presiones externas”.
    Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, consideró que en casos como estos puede haber discordancia entre magistrados, pero que esperaba un resultado positivo.
    Dijo que espera que el juez dirimente opte por la libertad inmediata de su patrocinado. “Esperamos que el nuevo juez adopte una posición distinta a las dos posturas; es decir, la libertad”, anotó.

    miércoles, 7 de agosto de 2019

    LA ABEJA: KEIKO FUJIMORI ES REHEN DE IDL REPORTEROS.......

    KEIKO FUJIMORI, REHÉN DEL IDL Y SUS TENTÁCULOS POLÍTICOS

    Por: Luciano Revoredo
    Keiko Fujimori ha cumplido 250 días en prisión. No existen hechos corroborados de su supuesta culpabilidad. No ha sido gobierno, no ha recibido coimas, no ha hecho obras sobrevaluadas, no ha traicionado al Perú. Van  ocho meses que la mantienen alejada injustamente de sus hijas, de su familia y sus actividades personales y políticas. Hemos visto en este tiempo hasta el extremo que se puede politizar y envilecer la justicia.
    La situación política es pavorosa. Alberto Fujimori a sus ochenta años sigue en prisión. Alan García fue perseguido hasta la muerte y la única cabeza visible de una oposición seria y con masivo respaldo popular es la lideresa de Fuerza Popular. Su indebida prisión, sin motivos legales, es un indicio claro de nuestro inequívoco camino al chavismo.
    Un gobierno mediocre con un Presidente de la República que gobierna con los medios y las encuestas, sin otro plan que consolidar un poder omnímodo a toda costa. En este propósito hay una mente siniestra que también busca consolidar su poder, nos referimos a Gustavo Gorriti y su IDL. Esta alianza tácita mueve los hilos de la política peruana a la sombra de la corrupción y con el disfraz de  luchadores anticorrupción.
    Pocos saben que recientemente Gorriti ha dado una especie de golpe de estado al interior de IDL, ha logrado sacar de la institución a Ernesto de la Jara y ha asumido el control total. Recordemos, que IDL se inició en temas jurídicos y de derechos humanos, y aunque discrepemos profundamente de Ernesto de la Jara, debemos reconocer que es un hombre con formación jurídica. Gorriti lo utilizó como plataforma y creó IDL-Reporteros. Ahora maneja todo como una empresa de su propiedad. Cuenta con un equipo de jóvenes que frisan los treinta años y tiene tres fuentes principales de información: el Ministerio Público, del cual obtiene información filtrada o comprada; el Poder Judicial, donde tiene sembrados topos; la Corte Suprema, que hasta la semana pasada aún no controlaba, pero a la cual ya extendió sus tentáculos y lo hemos podido ver claramente con la suspensión de la casación de Keiko Fujimori, es evidente que el Presidente del Poder Judicial a José Lecaros Cornejo ya se encuentra bajo presión y a su vez él ya empieza a ejercer sus acciones en ese sentido y también cuenta con procuradores y políticos de izquierda y la compra ilegal de información a través de teléfonos, laptops, etc.
    Pero todo esto no es más que el brazo operativo de una conspiración mayor que también compromete a Odebrecht. En esto están comprometidos los fiscales y parte del poder judicial que han bendecido un acuerdo lesivo a la patria. Como se sabe un peritaje privado teniendo en cuenta las obras y los ingresos de Odebrecht en el Perú hubiera recomendado al Ministerio Público que pida una reparación de al menos 6000 millones de dólares, pero hicieron un peritaje que determinó apenas 1600 millones, en la práctica se recibirá mucho menos. Como si eso fuera poco a través de una legislación especial se les ha permitido vender sus activos. La gran beneficiada es OEC (Obras en Construcción) la nueva careta de Odebrecht, una multiempresa de estrategia regional, que como vemos sigue teniendo injerencia en la política
    No hay manera de sostener que el acuerdo sea beneficioso para el estado peruano. El acuerdo es perjudicial en todo sentido, se ha centrado en cuatro casos y los demás casos sólo se podrán añadir mediante una adenda si y sólo si Odebrecht acepta su culpa. De esa magnitud es la traición de los fiscales, IDL y el gobierno.
    Ese es el monstruo que hay que enfrentar. Por eso resulta incómoda la presencia de una oposición articulada, por eso está presa como un rehén Keiko Fujimori, por eso hemos visto como sobre la base de unos audios, guardados para soltarlos en el día y hora exacta, para que sin que estos audios tengan  ninguna relevancia legal, chantajear y tumbarse la casación.
    Estamos advertidos, se viene consolidando una dictadura. No esperemos a que sea demasiado tarde.

    INVENTAN FALSAS REVELACIONES DE BARATA SOBRE KEIKO PARA PERJUDICARLA

     LA MUÑECA ABOGADA DE KEIKO, DICE QUE INTENTAN IMPEDIR QUE KEIKO FUJIMORI SEA LIBERADA........

     

    Caso Keiko Fujimori: Loza afirma que dan información falsa para impedir su libertad

     

      ¿QUIEN HACE ESO?----IDL REPORTEROS ......¿QUE OTROS MANIPULADORES HAY EN PERU?  


    "Supuesto documento que se informa como entrega de dinero a la campaña, fue publicado el año pasado y no vincula a Keiko Fujimori", explicó la abogada de la excandidata presidencial





    Caso Keiko Fujimori: Loza afirma que dan información falsa para impedir su libertad

    Loza pidió dejar que la justicia haga su trabajo, respetando el derecho de todos. Foto: Trome


    Luego de que en la víspera se conociera que Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú, presentó documentos acerca de la presunta financiación a las campañas de Keiko Fujimori y Lourdes Flores, la abogada de la excandidata presidencial de Fuerza Popular, Giuliana Loza, descartó la veracidad de la versión e indicó que la misma se presentó a fin de evitar que Fujimori Higuchi recupere su libertad.
    "Una vez más, se presenta información falsa que pretende interferir tendenciosamente con el proceso judicial e impedir que Keiko Fujimori pueda recuperar su libertad. Es totalmente falso que se haya presentado algún documento que compruebe la entrega de dinero a Keiko, ello no existe", afirmó la abogada.
    Loza se pronunció sobre dicha información, dada a conocer por IDL Reporteros, a través de seis mensajes en su cuenta en Twitter.
    Explicó que "el supuesto documento que se informa como entrega de dinero a la campaña, fue publicado el año pasado y no vincula a Keiko Fujimori. No acredita pago alguno", además, recordó que Jorge Barata "nunca se refirió a Keiko como receptora de dinero" y que "siempre reiteró que su relación fue fría y distante".
    "Los supuestos pagos reconocidos por Barata y Boleira, están referidos a personas identificadas con seudónimos (codinomes), Keiko no está entre ellos. Es falso informar lo contrario", apuntó la abogada.
    Finalmente, pidió que "dejen que la justicia haga su trabajo, respetando el derecho de todos, y en especial de aquellos que por razones políticas son involucrados sin haber sido nunca funcionarios públicos ejecutores de obras".



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