Congreso vs. Ejecutivo: ¿Qué tan cierto es que hay un golpe constitucional en Perú?
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La bancada fujimorista descartó debatir la moción de
confianza y suspendió al presidente Vizcarra; en paralelo, el Gobierno
disolvió el Congreso y convocó a legislativas. La actual crisis es una
pugna que se juega en los márgenes de la legalidad.
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La gran lucha de este lunes, con el Congreso versus el Ejecutivo, partió de ahí. Con el fujimorismo, representado por Fuerza Popular y otros grupos afines, descartando la moción como primer punto de debate, impidiendo la entrada del presidente del Consejo de Ministros e iniciando el voto para designar a los magistrados constitucionales, sin considerar al Gobierno.
El primer revés se lo había llevado en 2017 el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (llamado PPK), al defender a la exministra de Educación Marilú Martens; mientras que la segunda negación del voto se ha cumplido con Vizcarra y su proyecto de ley, con el que aspiraba a cambiar la elección de los magistrados del Constitucional, creando un sistema más abierto y transparente. Lo que ha dado lugar a la disolución del Parlamento y a las próximas legislativas del 26 de enero de 2020.
A ojos del fujimorismo, un “golpe inconstitucional”
En el Congreso peruano domina una mayoría fujimorista que se apoya en su líder Keiko Fujimori, en prisión preventiva por presunto lavado de dinero. Así que, en bloque, no solo defendió seguir la resolución de los magistrados, sino que respondió a Vizcarra invalidando la disolución y aprobando una “suspensión temporal de su cargo”, con 86 votos de 130 diputados, pese a que solo aplica en casos de accidentes e inmovilizaciones graves. Ya de noche, juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”; designación que se anuló horas después, con la renuncia del cargo por parte de la propia Aráoz.
“Es un golpe de Estado. Vizcarra no tenía derecho a impedir la elección del Constitucional”, ha llegado a denunciar Fernando Rospigliosi, exministro del Interior a cargo de Alejandro Toledo. Mientras que Milagros Salazar, congresista de Fuerza Popular, ha dicho a France 24 que “Vizcarra presentó una moción de confianza. Nosotros en el Parlamento discutimos esta moción, le dimos la aprobación y él simplemente interpretó que no se le había dado la cuestión de confianza, y él decide hacer la disolución del Congreso, y esto es inconstitucional”.
Este es uno de los argumentos contra el presidente Vizcarra. El hecho de que en el pleno nunca votaron en contra de la moción, algo que sostiene la Defensoría del Pueblo señalando que la interpretación de la ley hecha por el Gobierno "se aleja de la Constitución". Sin embargo, la oposición sí eligió a un primer magistrado del Tribunal Constitucional, lo que iría en contra del orden del día y de la advertencia del mandatario. Además de eso, el presidente recibió todo el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como el respaldo del diaro oficial de la nación, que ha blindado su poder y el control sobre los presupuestos.
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Es en este punto en el que se agudiza el choque entre ambos
poderes, una pugna de acusaciones sobre quién tiene realmente la
legitimidad (o carece de ella) sobre lo ocurrido el lunes; algo que se
remonta a las elecciones de 2016 con la formación de una mayoría
fujimorista en el Congreso. Y es que, si para unos la disolución va en
contra de la Constitución, para otros como los congresistas Marco Arana y
Justiniano Apaza, lo ejercido por Aráoz, el presidente del Congreso
Pedro Olaechea y “los que resultasen responsables” es una “usurpación de
funciones en la medida que un Congreso disuelto no tenía atribuciones
para juramentar a una congresista como presidenta”.
“(Aráoz) no
debió conspirar como lo hizo, durante todas estas semanas y meses,
contra el propio presidente de la República. No debió conspirar y, en
ese sentido, yo creo que hay que restablecer el estado de derecho. Es la
democracia que está en juego y la lucha contra la corrupción”, expresó
Apaza, en la línea de Arana quien, como miembro de la Comisión
Permanente y ante la Fiscalía, dijo que “nos toca jugar el rol que está
previsto en la Constitución (…) que se restablezca el estado de derecho y
el equilibrio de poderes”.
¿Un Congreso convertido en tierra de disputa y un Constitucional como solución clave?
A
pesar de la claridad del artículo 134 de la Constitución, la disputa
legal se está protagonizando en el Congreso de la República, ahora
convertido en una Comisión Permanente en funciones, que permite su
continuidad legislativa (así lo hace también cuando los congresistas se
van de vacaciones). Hasta 2020, esta se limitará a observar y a crear
informes sobre los decretos ley que se produzcan, y que luego deberá
hacer llegar al próximo Congreso.
Los congresistas opuestos a
Vizcarra defendieron este martes 1 de octubre que no se les dejaba
entrar en el edificio, pero como indica el periodista peruano Willie
Vásquez, solo 20 congresistas de 130 (la mitad, diez, son fujimoristas)
poseen esta designación en la Comisión, por lo que el resto debe
cerrarse.
El propio presidente del Congreso, Pedro Olaechea, ha
rechazado la actual Comisión, defendiendo que el Tribunal Constitucional
debería ser el encargado de dirimir sobre la actual crisis. Bajo sus
ojos, Vizcarra “ha capturado” al ente, sin mencionar que la bancada
fujimorista tenía prisa por reelegir a los magistrados constitucionales y
colocar a sus afines antes de que este miércoles 2 de octubre la
Fiscalía vuelva a interrogar al exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge
Barata. De él, bajo acuerdo con el Gobierno, se espera que desvele
nombres de congresistas corruptos y vinculados a la constructora, la
gran bandera de Vizcarra y lo que motivó su intento de limpiar de
anticorrupción el Tribunal Constitucional.
Si bien, la propuesta de convertir al Constitucional en
árbitro de este choque no solo la ha hecho Olaechea, sino también la
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta
ha afirmado que corresponde al Constitucional pronunciarse sobre la
decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso y
convocar nuevas elecciones parlamentarias: “La Secretaría General de la
OEA considera que compete al Tribunal Constitucional de Perú
pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones
institucionales adoptadas”.
Pero a la vez, aplaudió y apoyó al
presidente por impulsar nuevas elecciones, “un paso constructivo (…) ya
que es conveniente que la polarización política que sufre el país la
resuelva el pueblo en las urnas”.
Cada uno, así como el pueblo y
la prensa, ha interpretado la Constitución a su favor. El peligro para
muchos es que este asunto se llegue a comparar con el verdadero golpe de
Estado de 1992, propiciado por Alberto Fujimori, con la salida de
tanques militares y una censura tanto a medios como a políticos. Una
imagen que dista mucho del pulso actual por la legalidad.
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