Colectivos protestaron contra el “golpe de Estado” de Vizcarra
Desde antes de las 11:00 a.m., cientos de personas se aglomeraron en el
Parque Universitario para protestar contra la disolución del Congreso.
Lunes 7 de Octubre del 2019
3:18 pm
Desde
las 10:30 a.m., cientos de personas se aglomeraron en el Parque
Universitario (Centro de Lima), para protestar contra lo que denominan
el golpe de Estado perpetrado por el presidente Martín Vizcarra.
“Aquí estamos colectivos diversos que vienen a sumar en una voz
unitaria el rechazo al golpe de Estado, una actitud antidemocrática del
presidente Vizcarra donde rompe con el equilibrio democrático y
efectivamente destruye el poder constituyente, el poder Legislativo, que
es la representación de todos los que hemos ido a votar”, dijo una de
las voceras de la manifestación.
En un principio, se tenía planeado iniciar una movilización rumbo al
Palacio Legislativo, sin embargo, la manifestación fue sitiada por la
Policía Nacional.
Concurrieron a la movilización colectivos como “Ciudadanos contra el
Golpe” y “Con mis hijos no te metas”. Se estima que poco menos de mil
personas acudió a la cita.
En tanto, el hashtag #CiudadanosContraelGolpe se hizo viral en la red
social Twitter y miles de personas estuvieron opinando respecto de esta
colectividad de personas que se hizo presente en el Centro de Lima para
exigir la restitución del Congreso de la República.
A continuación, algunas fotografías que pudimos capturar de la protesta (Gerald Suárez):
Puede encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales deFacebookyTwitter.
Vizcarra disuelve el Congreso contra la Constitución y la ley
30 de septiembre del 2019
En
un acto anticonstitucional e ilegal, Martín Vizcarra anunció la
disolución del Congreso sin el decreto correspondiente y sin el respaldo
del Consejo de Ministros. Con ese acto, Vizcarra se pone al margen de
la Constitución y comete ilícitos penales que las instituciones de la
República deberán procesar. La anticonstitucional disolución del
Legislativo se produjo en el preciso instante en que el Congreso
aprobaba la cuestión de confianza planteada alrededor del proyecto de
ley para modificar el proceso de selección de los miembros del Tribunal
Constitucional (TC).
En un
acto soberano, y en defensa de las facultades que le otorga la
Constitución, el Congreso decidió continuar con la elección de los seis
miembros del TC, que ya estaba en curso. Era una manera directa de
defender las facultades establecidas en la Constitución y las
instituciones republicanas del asalto plebiscitario que el presidente
vizcarra y los sectores que lo respaldan vienen desarrollando. En ese
contexto el Legislativo decidió procesar por cuerdas separadas la
cuestión de confianza alrededor de la iniciativa de ley, porque la
Constitución reconoce que el Congreso es la única entidad encargada de
seleccionar a los jueces del TC, como parte del sistema de equilibrio de
poderes.
La Carta
Política excluye expresamente al Ejecutivo de la selección de los
magistrados del TC. Y la exclusión del jefe de Estado de este proceso
solo responde a la voluntad del constituyente de organizar un Estado en
base al criterio del equilibrio de poderes. Como todos sabemos, el
Ejecutivo concentra el manejo de los recursos fiscales y la
discrecionalidad en el Estado se expresa en la conducción de las Fuerzas
Armadas y policiales. Si el jefe de Estado pudiese nombrar a los
magistrados del TC, ¿estaríamos en una república o en una democracia
plebiscitaria, a semejanza del chavismo en donde el Ejecutivo nombra a
todos los tribunales?
La
República, pues, ha sufrido un burdo golpe de Estado que de súbito nos
lleva a la inestabilidad y precariedad de los siglos XIX y XX.
La bancada fujimorista descartó debatir la moción de
confianza y suspendió al presidente Vizcarra; en paralelo, el Gobierno
disolvió el Congreso y convocó a legislativas. La actual crisis es una
pugna que se juega en los márgenes de la legalidad.
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El domingo 29 de septiembre,
antes de que Perú acaparara la palabra crisis, el presidente Martín
Vizcarra había asegurado que, si el Congreso no debatía la cuestión de
confianza de su Gobierno antes de la elección de los magistrados del
Tribunal Constitucional, la consideraría como negada. La gran
lucha de este lunes, con el Congreso versus el Ejecutivo, partió de ahí.
Con el fujimorismo, representado por Fuerza Popular y otros grupos
afines, descartando la moción como primer punto de debate, impidiendo la
entrada del presidente del Consejo de Ministros e iniciando el voto
para designar a los magistrados constitucionales, sin considerar al
Gobierno.
Ante este escenario, Vizcarra aplicó su aviso y acudió
al artículo 134 de la Constitución peruana, el cual le permite “disolver
el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos
de Ministros”, así como poner en marcha “la convocatoria a elecciones
para un nuevo Congreso (…) dentro de los cuatro meses de la fecha de
disolución”. El primer revés se lo había llevado en 2017 el
expresidente Pedro Pablo Kuczynski (llamado PPK), al defender a la
exministra de Educación Marilú Martens; mientras que la segunda negación
del voto se ha cumplido con Vizcarra y su proyecto de ley, con el que
aspiraba a cambiar la elección de los magistrados del Constitucional,
creando un sistema más abierto y transparente. Lo que ha dado lugar a la
disolución del Parlamento y a las próximas legislativas del 26 de enero
de 2020. A ojos del fujimorismo, un “golpe inconstitucional” En
el Congreso peruano domina una mayoría fujimorista que se apoya en su
líder Keiko Fujimori, en prisión preventiva por presunto lavado de
dinero. Así que, en bloque, no solo defendió seguir la resolución de los
magistrados, sino que respondió a Vizcarra invalidando la disolución y
aprobando una “suspensión temporal de su cargo”, con 86 votos de 130
diputados, pese a que solo aplica en casos de accidentes e
inmovilizaciones graves. Ya de noche, juramentó a la vicepresidenta
Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”; designación que se anuló
horas después, con la renuncia del cargo por parte de la propia Aráoz. “Es
un golpe de Estado. Vizcarra no tenía derecho a impedir la elección del
Constitucional”, ha llegado a denunciar Fernando Rospigliosi,
exministro del Interior a cargo de Alejandro Toledo. Mientras que
Milagros Salazar, congresista de Fuerza Popular, ha dicho a France 24
que “Vizcarra presentó una moción de confianza. Nosotros en el
Parlamento discutimos esta moción, le dimos la aprobación y él
simplemente interpretó que no se le había dado la cuestión de confianza,
y él decide hacer la disolución del Congreso, y esto es
inconstitucional”. Este es uno de los argumentos contra el
presidente Vizcarra. El hecho de que en el pleno nunca votaron en contra
de la moción, algo que sostiene la Defensoría del Pueblo señalando que
la interpretación de la ley hecha por el Gobierno "se aleja de la
Constitución". Sin embargo, la oposición sí eligió a un primer
magistrado del Tribunal Constitucional, lo que iría en contra del orden
del día y de la advertencia del mandatario. Además de eso, el presidente
recibió todo el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como
el respaldo del diaro oficial de la nación, que ha blindado su poder y
el control sobre los presupuestos.
1/6
Es en este punto en el que se agudiza el choque entre ambos
poderes, una pugna de acusaciones sobre quién tiene realmente la
legitimidad (o carece de ella) sobre lo ocurrido el lunes; algo que se
remonta a las elecciones de 2016 con la formación de una mayoría
fujimorista en el Congreso. Y es que, si para unos la disolución va en
contra de la Constitución, para otros como los congresistas Marco Arana y
Justiniano Apaza, lo ejercido por Aráoz, el presidente del Congreso
Pedro Olaechea y “los que resultasen responsables” es una “usurpación de
funciones en la medida que un Congreso disuelto no tenía atribuciones
para juramentar a una congresista como presidenta”.
“(Aráoz) no
debió conspirar como lo hizo, durante todas estas semanas y meses,
contra el propio presidente de la República. No debió conspirar y, en
ese sentido, yo creo que hay que restablecer el estado de derecho. Es la
democracia que está en juego y la lucha contra la corrupción”, expresó
Apaza, en la línea de Arana quien, como miembro de la Comisión
Permanente y ante la Fiscalía, dijo que “nos toca jugar el rol que está
previsto en la Constitución (…) que se restablezca el estado de derecho y
el equilibrio de poderes”.
¿Un Congreso convertido en tierra de disputa y un Constitucional como solución clave?
A
pesar de la claridad del artículo 134 de la Constitución, la disputa
legal se está protagonizando en el Congreso de la República, ahora
convertido en una Comisión Permanente en funciones, que permite su
continuidad legislativa (así lo hace también cuando los congresistas se
van de vacaciones). Hasta 2020, esta se limitará a observar y a crear
informes sobre los decretos ley que se produzcan, y que luego deberá
hacer llegar al próximo Congreso.
Los congresistas opuestos a
Vizcarra defendieron este martes 1 de octubre que no se les dejaba
entrar en el edificio, pero como indica el periodista peruano Willie
Vásquez, solo 20 congresistas de 130 (la mitad, diez, son fujimoristas)
poseen esta designación en la Comisión, por lo que el resto debe
cerrarse.
El propio presidente del Congreso, Pedro Olaechea, ha
rechazado la actual Comisión, defendiendo que el Tribunal Constitucional
debería ser el encargado de dirimir sobre la actual crisis. Bajo sus
ojos, Vizcarra “ha capturado” al ente, sin mencionar que la bancada
fujimorista tenía prisa por reelegir a los magistrados constitucionales y
colocar a sus afines antes de que este miércoles 2 de octubre la
Fiscalía vuelva a interrogar al exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge
Barata. De él, bajo acuerdo con el Gobierno, se espera que desvele
nombres de congresistas corruptos y vinculados a la constructora, la
gran bandera de Vizcarra y lo que motivó su intento de limpiar de
anticorrupción el Tribunal Constitucional.
Si bien, la propuesta de convertir al Constitucional en
árbitro de este choque no solo la ha hecho Olaechea, sino también la
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta
ha afirmado que corresponde al Constitucional pronunciarse sobre la
decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso y
convocar nuevas elecciones parlamentarias: “La Secretaría General de la
OEA considera que compete al Tribunal Constitucional de Perú
pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones
institucionales adoptadas”.
Pero a la vez, aplaudió y apoyó al
presidente por impulsar nuevas elecciones, “un paso constructivo (…) ya
que es conveniente que la polarización política que sufre el país la
resuelva el pueblo en las urnas”.
Cada uno, así como el pueblo y
la prensa, ha interpretado la Constitución a su favor. El peligro para
muchos es que este asunto se llegue a comparar con el verdadero golpe de
Estado de 1992, propiciado por Alberto Fujimori, con la salida de
tanques militares y una censura tanto a medios como a políticos. Una
imagen que dista mucho del pulso actual por la legalidad.
Empresa de Martín Vizcarra fue proveedora de Conirsa en 2006 y 2008 para IIRSA Sur
Estas contrataciones con Conirsa (compuesta por Odebrecht, Graña y
Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales) no configuran ningún
delito.
1/10
Las leyes fueron publicadas en el boletín Normas Legales del diario oficial 'El Peruano'. (Foto: Andina)
2/10
Martín Vizcarra respondió a Pedro Chávarry, quien dijo que se está
investigando a la campaña de PPK por presuntos aportes del "club de la
construcción". (TV Perú)
3/10
Presidente Martín Vizcarra resaltó que el desarrollo sostenible del Perú
resulta “inviable” si la situación de corrupción persiste. (Foto: GEC)
4/10
Es el presidente de turno el encargado de hacer oficial el nombre que
llevará el año. En este caso, Martín Vizcarra tendrá que dar a conocer
el Nombre del año 2019. (Foto: Andina)
5/10
martín vizcarra (GEC)
6/10
Frente al Legislativo, Martín Vizcarra sostuvo que sometería a
referéndum la no reelección inmediata de congresistas. (Foto: Andina)
7/10
César Villanueva fue el impulsor de la segunda moción de vacancia contra
el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, por lo que su nombramiento como
primer ministro fue cuestionado. (Foto: Andina)
8/10
Martín Vizcarra asumió la presidencia del Perú el 23 de marzo de 2018,
tras presentar su renuncia como embajador del Perú en Canadá. (Foto:
Andina)
9/10
El entonces primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, fue
designado embajador del Perú en Canadá en setiembre del 2017. (Foto:
Andina)
10/10
Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia del Perú el
21 de marzo, Vizcarra afirmó que volvería al país para asumir el cargo,
"respetando lo que manda la Constitución". (Foto: Andina)
La empresa del presidente de la República, Martín Vizcarra —junto
con su hermano César— tiene como nombre 'C y M Vizcarra SAC Ingenieros
Contratistas' fue una de las proveedoras de Conirsa, consorcio que
construyó la Interoaceánica Sur (IIRSA Sur).
Conirsa estaba conformada por las empresas constructoras Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales.
Según el informe de Panorama, en un archivo de compras de Conirsa aparece la empresa del presidente Martín Vizcarra como su proveedora en los años 2006 (dos veces) y 2008 (una vez).
El
cinco de setiembre del 2006, se detallaba en la celda número 34 de este
documento, el número de registro, el RUC de la empresa y el nombre del
proveedor: C y M Vizcarra SAC ingenieros contratistas.
La
empresa registra S/145,551 como proveedor para la Interoceánica Sur. Un
mes antes, la empresa del presidente aparece también en el registro de
compras con un importe de S/123,386.
En otro registro de compra (Tomo 1, del folio 1479 al 1770) de Conirsa
figuran adquisiciones de Enero a Mayo del 2008 para la ejecución de la
Interoceánica. Ahí aparece, otra vez, la empresa de los hermanos
Vizcarra con un importe total de S/54,107 y fechado en dos de enero de
2008.
NO HAY DELITO César Vizcarra Cornejo,
hermano del presidente y gerente general de CyM Vizcarra, dijo que como
empresa local alquiló maquinarias a Conirsa y aclaró que en esos años,
las empresas no estaban denunciadas en hechos irregulares ni se conocía
la corrupción que albergaba.
"Como
muchas empresas locales, en este tipo de proyectos hemos brindado
servicios como proveedores, a empresas de construcción y consorcios que
tenían a su cargo la ejecución del proyecto y para ello contrataban
proveedores en diversos rubros, como mano de obra, logística,
materiales, entres otros (...) En nuestro caso se trató de alquiler de
maquinaria. Ninguna de las empresas a las que brindamos servicios como
proveedores, se encontraba en aquel momento denunciada o involucrada en
hechos irregulares", agregó el gerente.
Fuentes palaciegas remarcaron que el presidente no ha mentido al responder que su empresa no contrató con Odebrecht porque tal como dice su hermano el contrato fue con Conirsa.
El alcalde de Piura y excongresista fujimorista, Juan José Díaz Dios,
calificó como un golpe de Estado el cierre del Congreso por parte del
presidente de la República, Martín Vizcarra. “Es increíble que el
mensaje se haya producido en momentos que aún se debatía la moción de
confianza y se había anunciado el apoyo a ella. Es totalmente
inconstitucional, tal como pasó en los noventa”, sostuvo.
Asimismo,
dijo que tras el anuncio del mandatario la situación de las Fuerzas
Armadas es incierta. “El alto mando debe estar debatiendo a cuál de los
poderes del Estado va a apoyar. El Perú no se merece esto y como peruano
defiendo la Constitución y la Democracia”, manifestó.
Díaz Dios también señaló que esta medida paralizará al país y, por consiguiente, a las regiones,
sobre todo a las que están en proceso de reconstrucción tras los
embates del Fenómeno El Niño costero de 2017. “Todas las obras quedarán
paralizadas y el perjudicado será la población, que espera atención”,
refirió.
Al
momento de escribir estas líneas (01:25 hora española), las cosas están
meridianamente claras: lo sucedido hace poco en el Perú es un GOLPE DE
ESTADO. Ha quedado claro que Vizcarra estaba buscando cerrar el Congreso
como sea. Y así lo ha hecho. Esto significa que Vizcarra y TODOS los
ministros que le apoyen deben acabar necesariamente en la cárcel por
golpistas, como así también cualquier uniformado, policía o militar que
apoye esto, de raso a oficial. Y también significa que Mercedes Araoz va
a ser presidenta del Perú, porque Vizcarra ya NO es nuestro presidente.
Vizcarra no puede cerrar un Legislativo porque le disguste que una
mayoría congresal legítimamente elegida cumpla con su mandato de elegir a
un TC.
Ahora
vamos a verles las caras a los verdaderos demócratas en el Perú (no
cuento a los rojos entre ellos). No a los que usan la democracia como
les conviene. Vamos a ver qué coleguitas, qué opinólogos y qué medios se
pliegan al golpismo, como ya lamentablemente se observó en una radio
importante ayer. ¡A refregarles en la cara su golpismo, a denunciarles!
Vamos a ver también a los coleguitas “tibios” de siempre, tan
criticables como los anteriores. Porque un periodista aquí NO puede
estar con medias tintas: o eres golpista o no. Por más impresentable que
sea este Congreso, Vizcarra no puede cerrarlo solo porque no obra como
él quiere, buscando cualquier excusa, vía esta absurda “cuestión de
confianza”, que además NO se puede “inferir”, menos aún cuando el
Congreso cumplió EXPRESAMENTE con otorgarle la confianza. Seguramente
este cierre será una medida popular porque este Congreso es una
desgracia, pero lo popular NO es lo legal. Y las masas te abandonan
pronto, Vizcarra. Se trata de cumplir con la Constitución, no “con lo
que le gusta a la gente”.
OEA sobre situación en Perú: "Compete al TC pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad"
"Es conveniente que la polarización política la resuelva el pueblo en las urnas", señala el organismo internacional.
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01 de Octubre del 2019 - 17:43 » Textos: Redacción Multimedia
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La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunció sobre la situación en el país tras la disolución del Congreso de la República. Según indica el organismo internacional, le compete al Tribunal Constitucional peruano (TC) pronunciarse sobre la legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas.
"La
OEA considera que compete al Tribunal Constitucional del Perú
pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones
institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran
existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones
y planteos que realicen los actores políticos al mismo", dice el pronunciamiento.
Además señalan en su comunicado que "la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas".
La integrante de la Comisión Permanente, Karina Beteta, anunció que los miembros del Congreso acudirán a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al Tribunal Constitucional, debido a que lo ocurrido en el Parlamento es un "golpe de Estado".
Sostuvo
que el decreto emitido por el presidente Martín Vizcarra no tiene
"validez jurídica" porque no ha cumplido con el orden constitucional.
"Nosotros hemos sido elegidos democráticamente en unas urnas y es lo que
se tiene que respetar. Vamos a recurrir a la OEA de la misma manera con
la de manda competencial al Tribunal Constitucional", afirmó.
Recordemos que el ex presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, envió cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas (ONU), refiriéndose a la situación política que atraviesa el país.
Las misivas fueron remitidas el jueves 26 de setiembre, cuando la Comisión de Constitución del Congreso decidió rechazar la propuesta del Ejecutivo para adelantar las elecciones generales--
PRESIDENTE MARTIN VIZCARRA--FIRMO DECRETO SUPREMO DE DISOLUCION DE CONGRESO DE PERU, UNICAMENTE CON SU ACTUAL PRIMER MINISTRO VICENTE ZEVALLOS-------LO CUAL ES IRREGULAR--ILEGAL
DEBIERON FIRMAR TODOS LOS MINISTROS DEL GABINETE Y ADEMAS EL PRIMER MINISTRO SALVADOR DEL SOLAR----ESTE DECRETO SUPREMO DE CIERRE DEL CONGRESO DE PERU-------------------PERO NO LO HICIERON MOSTRANDO SU DISCONFORMIDAD CON LA DECISION PRESIDENCIAL------
FOTO: MARTIN VIZCARRA CUANDO FUE MINISTRO DE TRANSPORTES OFRECIO 2 MILLONES DE SOLES AL EX CONTRALOR,PARA QUE DEJE PASAR EL PROYECTO DEL AEROPUERTO CHINCHEROS-
LOS MINISTROS DE VIZCARRA RENUNCIARON ABSOLUTAMENTE TODOS------PERO EL PRESIDENTE---PROSIGUIO CON SU DECISION Y FIRMO EL DECRETO UNICAMENTE EL Y Y VICENTE ZEVALLOS QUE ERA MINISTRO DE JUSTICIA-
EL CONGRESO DE PERU LE DIO LA CONFIANZA AL PRESIDENTE VIZCARRA, SOBRE CAMBIAR LAS REGLAS DE ELECCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL-----PERO EL PRESIDENTE DIJO---QUE EL INTERPRETABA COMO------UNA NEGACION FACTICA DE LA CONFIANZA--------NADIE SABE EN EL PERU---------QUE SIGNIFICA-----UNA NEGACION FACTICA DE LA CONFIANZA------
EN ESTA FECHA, AHORA MISMO----EL PRESIDENTE MARTIN VIZCARRA GOBIERNA SIN GABINETE MINISTERIAL----ES DECIR EL PODER EJECUTIVO ESTA INTEGRADO SOLO POR MARTIN VIZCARRA Y VICENTE ZEVALLOS------------NADIE QUIERE ASUMIR UNA CARTERA MINISTERIAL EN PERU--------
LOS MEDIOS AZUZARON A LA POBLACION A QUE SALGA A LAS CALLES, PERO APENAS 1,500 PERSONAS FUERON A LAS PUERTAS DEL CONGRESO-------DEMOSTRANDOSE QUE MARTIN VIZCARRA NO TIENE EL RESPALDO DE NADIE-------
LA DISOLUCION DEL CONGRESO FUE ILEGAL SEGUN JURISTAS COMO ANIBAL QUIROGA--------QUE SEÑALAN QUE ----NO HUBO NINGUNA RAZON PARA CERRAR EL CONGRESO.------PERO SEGUN MANIFIESTAN PERIODISTAS COMO ALDO MARIATEGUI----EL GOBIERNO DE VIZCARRA DIO UN GOLPE DE ESTADO, PARA PODER CAPTURAR TODAS LAS INSTITUCIONES, COMO SON EL PODER JUDICIAL AL QUE CONTROLA, AL MINISTERIO PUBLICO QUE PERSIGUE A SUS ENEMIGOS POLITICOS.....
LOS MILITARES QUE LE DIERON SU RESPALDO COMETEN DELITO DE SEDICION Y DE TODOS MODOS SERAN LLEVADOS A JUICIO, POR DELITO DE SEDICION------
MIENTRAS TANTO TODAS LAS DENUNCIAS EN EL MINISTERIO PUBLICO CONTRA MARTIN VIZCARRA Y LOS AUTORES DEL GOLPE SON RETENIDAS, IGNORADAS, SORAIDA AVALOS FISCAL DE LA NACION RESPALDA A MARTIN VIZCARRA -----SE QUEBRO EL ESTADO DE DERECHO EN EL PERU---------
El periodista Aldo Mariátegui opinó sobre el golpe
de Estado asestado por el presidente de la República, Martín Vizcarra,
al disolver inconstitucionalmente el Congreso. Según dijo, el mandatario
estuvo buscando cerrar el Parlamento “como sea”.
“Lo sucedido hace poco en el Perú es un GOLPE DE ESTADO.
Ha quedado claro que Vizcarra estaba buscando cerrar el Congreso como
sea. Y así lo ha hecho. Esto significa que Vizcarra y TODOS los
ministros que le apoyen deben acabar necesariamente en la cárcel por
golpistas, como así también cualquier uniformado, policía o militar que
apoye esto, de raso a oficial”, expresó Mariátegui en su columna
publicada este martes en el diario Perú21.
Añadió que el dignatario “no puede cerrar un Legislativo porque le
disguste que una mayoría congresal legítimamente elegida cumpla con su
mandato de elegir a un TC”. Recordemos que Martín Vizcarra interpretó
como negada la confianza, luego de que el Pleno del Congreso prosiguiera
con la designación de los nuevos tribunos antes de que el expremier
Salvador del Solar plantee el recurso constitucional palaciego.
“Ahora vamos a verles las caras a
los verdaderos demócratas en el Perú (no cuento a los rojos entre
ellos). No a los que usan la democracia como les conviene. Vamos a ver
qué coleguitas, qué opinólogos y qué medios se pliegan al golpismo, como
ya lamentablemente se observó en una radio importante ayer. ¡A
refregarles en la cara su golpismo, a denunciarles! Vamos a ver también a
los coleguitas “tibios” de siempre, tan criticables como los
anteriores. Porque un periodista aquí NO puede estar con medias tintas: o eres golpista o no“, manifestó el hombre de prensa.
LEGIS.PE publico la opinion de tres constitucionalistas que aqui transcribimos tal cual....
Disolución del Congreso: ¿Estamos realmente frente a un golpe de estado? (a propósito de la negación «fáctica»)
El presidente de la República, Martín Vizcarra,
anunció la tarde de este lunes la disolución del Congreso, luego de que
el pleno eligiera a Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como nuevo
miembro del Tribunal Constitucional (TC). “Ante la denegación fáctica de la cuestión de confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de parlamentarios de la República”, señaló tajantemente el mandatario. Legis.pe
preguntó a tres constitucionalistas si la disolución del Parlamento,
luego de que el mandatario entendiera que este le negó «fácticamente» la
confianza, constituye o no un «golpe de estado».
Gustavo Gutierrez Ticse “Sí es un golpe de
estado. Cualquier apartamiento de la Constitución y, sobre todo, de las
reglas expresas de la Constitución es un atentado al orden democrático.
La cuestión de confianza requiere de un pronunciamiento expreso y no de
una interpretación de por medio. No hay interpretación en una cuestión
de confianza: o se le otorga o no se le otorga. Entender que no se le ha
otorgado, cuando el Congreso en la mañana ha ejercitado su atribución
constitucional de elegir a un magistrado del TC, desde ese mismo momento
se advierte una intención de quebrar el orden democrático, porque no
pueden ni cuestionarse un procedimiento de elección a través de una
propuesta legislativa, ya que estas propuestas pasan a través del
Parlamente”. Sobre la posible vacancia del presidente de la
República, el constitucionalista explicó que la vacancia es un proceso
largo de aproximadamente siete días. La disolución opera de inmediato. Luciano López Flores.- “Sí
es un golpe de Estado. La medida puede ser popular, pero es recontra
inconstitucional. Es una ruptura del orden democrático que lamento
profundamente. La negación de confianza es algo que se debate y de vota.
Lamento muchísimo quien le pueda haber indicado esa decisión al
presidente. La “negación fáctica” no existe, es un término inventado. No
creo que sea un acto ni legítimo, ni jurídico. El Congreso puede vacar
al presidente Martín Vizcarra porque el decreto supremo de disolución
aún no se ha publicado en El Peruano. Hasta que no esté publicado no
rige. Esta medida puede ser muy popular, pero es un golpe de estado”.
José Palomino Manchego.-
“Esto
se veía venir. Faltó experiencia y manejo político. Vizcarra estuvo mal
asesorado y fue desbordado por la presión mediática. Así se presenta la
situación del presidente de la República al anunciar el cierre del
Congreso de la República. Su arma fue la cuestión de confianza que ha
traído como consecuencia, en la práctica, un golpe de Estado”.