Vizcarra ha cometido “un nuevo tipo de golpe de Estado”, denuncia Lula Da Silva
Expresidente de Brasil se refirió a la crisis política en Perú y dijo
que Vizcarra debería convocar a elecciones generales.
Domingo 6 de Octubre del 2019
6:34 pm
El
expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que la
disolución del Congreso del Perú, sin recurrir a las Fuerzas Armadas o
al cierre de medios de comunicación, constituye como una nueva modalidad
de golpe de Estado.
“Perú está viviendo lo mismo que están viviendo otros países de
América del Sur. Son nuevos tipos de golpe de Estado que aparecen cada
día. Es decir, no es la primera vez que un presidente trata de cerrar el
Congreso. Ahora, vemos en Londres que el primer ministro, debido al
fracaso de negociar con la Unión Europea, cierra el Congreso. [Vizcarra]
intenta encontrar solución cerrando el congreso peruano”, dijo el
exmandatario brasilero.
Así, Lula expresó que Vizcarra Cornejo debería renunciar a su mandato
por las inacciones o errores que su mandato no ha logrado corregir.
“Solo hay una forma de resolver esto: se llama Democracia. Entonces,
si la situación de Perú es mala, que se convoquen a todas las
elecciones. El primer gesto de un presidente que sea considere
responsable es revocar su mandato porque si la orquesta no va bien, no
culparemos al violín, culparemos al director”, añadió.
Con esto, el expresidente carioca sentenció que “la gran sabiduría de
la democracia es que enseña a los políticos a tener que ejercer el
diálogo, mediando con los opuestos”.
Dijo, además, que un presidente no tiene que creerse ser una deidad,
sino la representación de un pueblo y que cuando se presentan mayorías
opositoras, se debe buscar el diálogo y el trabajo conjunto.
El Perú no se cura de la anemia: 43% de menores de 3 años la padece
El Ejecutivo no cumplió la meta de reducir esta afección al 37,9%
durante el 2017. Cuestionan acciones del Estado para enfrentar el avance
de este mal. Puno y Loreto son las regiones más críticas.
El combate a la anemia infantil
sigue siendo una de las principales tareas pendientes del Ejecutivo: el
43,6% de niños menores de 6 a 35 meses padece esta afección en todo el
país, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes)
efectuada el año pasado. Es decir, la cifra no se ha reducido respecto
al 2016 (43,6%) y al 2015 (43,5%).
Según
este reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), las regiones que presentan una mayor proporción de este mal son
Puno (75,9%), Loreto (61,5%), Ucayali (59,1%), Pasco (58%) y Madre de
Dios (57,3%). El menor índice se registra en Moquegua (37,2%), Tacna
(37%) y Arequipa (34,2%).
—Meta no cumplida— La anemia es
una enfermedad que se presenta cuando la hemoglobina en la sangre
disminuye por la deficiencia de hierro en el organismo (este elemento se
encuentra en alimentos como el pescado, la sangrecita de pollo y el
hígado). Afecta principalmente a gestantes y niños menores de 2 años,
comprometiendo a largo plazo su desarrollo y habilidad para el
aprendizaje.
En
el Perú, durante los últimos diez años, su proporción ha sido mayor al
40%, cifra que según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
representa un problema de salud pública. Por ello, en abril del 2017, el
gobierno de Pedro Pablo Kuczynski –a través del Ministerio de Salud
(Minsa)– publicó el “Plan nacional para la reducción de la anemia (PNRA) al 2021”.
El documento proponía como objetivo principal que hacia el año del bicentenario la anemia infantil
se debía reducir a un 19%. Para el 2017, se proyectó como meta que
pasara de 43,6% a 37,9%. No obstante, la reciente Endes demuestra que
esto no se ha cumplido, sino que se mantiene 6 puntos porcentuales por
encima.
—Acciones del Ejecutivo— El Ejecutivo implementa las acciones para reducir la anemia infantil
a través del Programa Articulado Nutricional (PAN), que involucra al
Minsa, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y otras
instituciones.
En
el 2017, el presupuesto inicial que se asignó al PAN en los tres
niveles (nacional, regional y local) ascendió a S/1.983 millones (el
1,4% de la partida total del Estado), aunque este año se redujo a
S/1.956 millones. Sus principales líneas de acción son la entrega de
suplementos de hierro y multimicronutrientes (conocidos como chispitas),
y los controles de crecimiento y desarrollo (CRED).
La
titular del Midis, Liliana La Rosa, explicó que ante el incumplimiento
de la meta establecida en el PNRA “se van a reajustar las estrategias”.
“Vamos a meter el pie al acelerador [...]. Estamos haciendo las
gestiones necesarias para hacer nuestros ajustes internos y proponer un
presupuesto adicional”, dijo en entrevista con un medio local.
Sin
embargo, un informe de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza, publicado en diciembre pasado, señaló que durante el 2017 se
registró una baja ejecución presupuestal en una intervención clave del
PAN: solo el 55,3% de avance en la distribución de suplementos de hierro
y vitamina A. Por lo cual, concluyeron, se cuenta con el presupuesto,
pero no se invierte adecuadamente.
—El dilema regional—
El
PAN también depende de la gestión de los gobiernos regionales y
locales. De acuerdo con la reciente Endes, Loreto (+0,8), Ucayali (+2),
Madre de Dios (+1,7), San Martín (+2,4) y Amazonas (+6,6) son las
regiones donde más aumentó la proporción de anemia infantil entre el 2016 y 2017. Todas se ubican en la Amazonía.
El INEI explicó a El Comercio que algunos factores determinantes de la anemia en
la selva son la disminución de la lactancia materna (en Loreto cayó en
13 puntos porcentuales durante el mismo período) y el incremento en el
porcentaje de niñas y niños nacidos prematuramente (antes de las 37
semanas de gestación).
Una
realidad distinta se aprecia en Arequipa, la región que logró disminuir
esta enfermedad hasta en 10,3 puntos porcentuales durante el 2017. El
gobierno regional arequipeño invirtió el 96,7% de su presupuesto
asignado al PAN, y priorizó líneas de acción como los CRED y las
campañas de vacunación.
Este Diario solicitó al Midis y Minsa una versión sobre la problemática de la anemia infantil, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.
EL MINISTERIO DE SALUD NO QUIERE HABLAR SOBRE EL PROBLEMA QUE ATACA A LOS NIÑOS DEL PERU------EL PRESIDENTE VIZCARRA OFRECIO 1,000 HOSPITALES EN SU GOBIERNO....... PERO NO HA IMPLMENTADO UNA POLITICA DE SALUD EFICIENTE------NI SIQUIERA HAY INCUBADORAS EN LOS HOSPITALES DONDE HAN MUERTO YA MAS DE 1,000 NIÑOS............ CIERRA EL CONGRESO PARA GOBERNAR SOLO Y POR DECRETO---PARA QUE NADIE PUEDA FISCLIZAR SUS NEGOCIOS CON TRANSNACIONALES---EL PAIS, LOS NIÑOS NO LE IMPORTAN AL PRESIDENTE MARTIN VIZCARRA.......
Vizcarra disuelve el Congreso contra la Constitución y la ley
30 de septiembre del 2019
En
un acto anticonstitucional e ilegal, Martín Vizcarra anunció la
disolución del Congreso sin el decreto correspondiente y sin el respaldo
del Consejo de Ministros. Con ese acto, Vizcarra se pone al margen de
la Constitución y comete ilícitos penales que las instituciones de la
República deberán procesar. La anticonstitucional disolución del
Legislativo se produjo en el preciso instante en que el Congreso
aprobaba la cuestión de confianza planteada alrededor del proyecto de
ley para modificar el proceso de selección de los miembros del Tribunal
Constitucional (TC).
En un
acto soberano, y en defensa de las facultades que le otorga la
Constitución, el Congreso decidió continuar con la elección de los seis
miembros del TC, que ya estaba en curso. Era una manera directa de
defender las facultades establecidas en la Constitución y las
instituciones republicanas del asalto plebiscitario que el presidente
vizcarra y los sectores que lo respaldan vienen desarrollando. En ese
contexto el Legislativo decidió procesar por cuerdas separadas la
cuestión de confianza alrededor de la iniciativa de ley, porque la
Constitución reconoce que el Congreso es la única entidad encargada de
seleccionar a los jueces del TC, como parte del sistema de equilibrio de
poderes.
La Carta
Política excluye expresamente al Ejecutivo de la selección de los
magistrados del TC. Y la exclusión del jefe de Estado de este proceso
solo responde a la voluntad del constituyente de organizar un Estado en
base al criterio del equilibrio de poderes. Como todos sabemos, el
Ejecutivo concentra el manejo de los recursos fiscales y la
discrecionalidad en el Estado se expresa en la conducción de las Fuerzas
Armadas y policiales. Si el jefe de Estado pudiese nombrar a los
magistrados del TC, ¿estaríamos en una república o en una democracia
plebiscitaria, a semejanza del chavismo en donde el Ejecutivo nombra a
todos los tribunales?
La
República, pues, ha sufrido un burdo golpe de Estado que de súbito nos
lleva a la inestabilidad y precariedad de los siglos XIX y XX.
Congreso vs. Ejecutivo: ¿Qué tan cierto es que hay un golpe constitucional en Perú?
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Primera modificación: Última modificación:
El ya exprimer
ministro de Perú, Salvador del Solar, habla con el presidente del
Congreso de Perú, Pedro Olaechea, luego de entregar una solicitud formal
de voto de confianza en Lima, Perú, el 30 de septiembre de 2019.Guadalupe Pardo / Reuters
La bancada fujimorista descartó debatir la moción de
confianza y suspendió al presidente Vizcarra; en paralelo, el Gobierno
disolvió el Congreso y convocó a legislativas. La actual crisis es una
pugna que se juega en los márgenes de la legalidad.
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El domingo 29 de septiembre,
antes de que Perú acaparara la palabra crisis, el presidente Martín
Vizcarra había asegurado que, si el Congreso no debatía la cuestión de
confianza de su Gobierno antes de la elección de los magistrados del
Tribunal Constitucional, la consideraría como negada. La gran
lucha de este lunes, con el Congreso versus el Ejecutivo, partió de ahí.
Con el fujimorismo, representado por Fuerza Popular y otros grupos
afines, descartando la moción como primer punto de debate, impidiendo la
entrada del presidente del Consejo de Ministros e iniciando el voto
para designar a los magistrados constitucionales, sin considerar al
Gobierno.
El presidente de
Perú, Martín Vizcarra, se dirige a la nación, mientras anuncia que
disolverá el Congreso, en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el 30 de
septiembre de 2019.Presidencia de Perú / Reuters
Ante este escenario, Vizcarra aplicó su aviso y acudió
al artículo 134 de la Constitución peruana, el cual le permite “disolver
el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos
de Ministros”, así como poner en marcha “la convocatoria a elecciones
para un nuevo Congreso (…) dentro de los cuatro meses de la fecha de
disolución”. El primer revés se lo había llevado en 2017 el
expresidente Pedro Pablo Kuczynski (llamado PPK), al defender a la
exministra de Educación Marilú Martens; mientras que la segunda negación
del voto se ha cumplido con Vizcarra y su proyecto de ley, con el que
aspiraba a cambiar la elección de los magistrados del Constitucional,
creando un sistema más abierto y transparente. Lo que ha dado lugar a la
disolución del Parlamento y a las próximas legislativas del 26 de enero
de 2020. A ojos del fujimorismo, un “golpe inconstitucional” En
el Congreso peruano domina una mayoría fujimorista que se apoya en su
líder Keiko Fujimori, en prisión preventiva por presunto lavado de
dinero. Así que, en bloque, no solo defendió seguir la resolución de los
magistrados, sino que respondió a Vizcarra invalidando la disolución y
aprobando una “suspensión temporal de su cargo”, con 86 votos de 130
diputados, pese a que solo aplica en casos de accidentes e
inmovilizaciones graves. Ya de noche, juramentó a la vicepresidenta
Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”; designación que se anuló
horas después, con la renuncia del cargo por parte de la propia Aráoz. “Es
un golpe de Estado. Vizcarra no tenía derecho a impedir la elección del
Constitucional”, ha llegado a denunciar Fernando Rospigliosi,
exministro del Interior a cargo de Alejandro Toledo. Mientras que
Milagros Salazar, congresista de Fuerza Popular, ha dicho a France 24
que “Vizcarra presentó una moción de confianza. Nosotros en el
Parlamento discutimos esta moción, le dimos la aprobación y él
simplemente interpretó que no se le había dado la cuestión de confianza,
y él decide hacer la disolución del Congreso, y esto es
inconstitucional”. Este es uno de los argumentos contra el
presidente Vizcarra. El hecho de que en el pleno nunca votaron en contra
de la moción, algo que sostiene la Defensoría del Pueblo señalando que
la interpretación de la ley hecha por el Gobierno "se aleja de la
Constitución". Sin embargo, la oposición sí eligió a un primer
magistrado del Tribunal Constitucional, lo que iría en contra del orden
del día y de la advertencia del mandatario. Además de eso, el presidente
recibió todo el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como
el respaldo del diaro oficial de la nación, que ha blindado su poder y
el control sobre los presupuestos.
Es en este punto en el que se agudiza el choque entre ambos
poderes, una pugna de acusaciones sobre quién tiene realmente la
legitimidad (o carece de ella) sobre lo ocurrido el lunes; algo que se
remonta a las elecciones de 2016 con la formación de una mayoría
fujimorista en el Congreso. Y es que, si para unos la disolución va en
contra de la Constitución, para otros como los congresistas Marco Arana y
Justiniano Apaza, lo ejercido por Aráoz, el presidente del Congreso
Pedro Olaechea y “los que resultasen responsables” es una “usurpación de
funciones en la medida que un Congreso disuelto no tenía atribuciones
para juramentar a una congresista como presidenta”.
“(Aráoz) no
debió conspirar como lo hizo, durante todas estas semanas y meses,
contra el propio presidente de la República. No debió conspirar y, en
ese sentido, yo creo que hay que restablecer el estado de derecho. Es la
democracia que está en juego y la lucha contra la corrupción”, expresó
Apaza, en la línea de Arana quien, como miembro de la Comisión
Permanente y ante la Fiscalía, dijo que “nos toca jugar el rol que está
previsto en la Constitución (…) que se restablezca el estado de derecho y
el equilibrio de poderes”.
¿Un Congreso convertido en tierra de disputa y un Constitucional como solución clave?
A
pesar de la claridad del artículo 134 de la Constitución, la disputa
legal se está protagonizando en el Congreso de la República, ahora
convertido en una Comisión Permanente en funciones, que permite su
continuidad legislativa (así lo hace también cuando los congresistas se
van de vacaciones). Hasta 2020, esta se limitará a observar y a crear
informes sobre los decretos ley que se produzcan, y que luego deberá
hacer llegar al próximo Congreso.
Los congresistas opuestos a
Vizcarra defendieron este martes 1 de octubre que no se les dejaba
entrar en el edificio, pero como indica el periodista peruano Willie
Vásquez, solo 20 congresistas de 130 (la mitad, diez, son fujimoristas)
poseen esta designación en la Comisión, por lo que el resto debe
cerrarse.
El propio presidente del Congreso, Pedro Olaechea, ha
rechazado la actual Comisión, defendiendo que el Tribunal Constitucional
debería ser el encargado de dirimir sobre la actual crisis. Bajo sus
ojos, Vizcarra “ha capturado” al ente, sin mencionar que la bancada
fujimorista tenía prisa por reelegir a los magistrados constitucionales y
colocar a sus afines antes de que este miércoles 2 de octubre la
Fiscalía vuelva a interrogar al exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge
Barata. De él, bajo acuerdo con el Gobierno, se espera que desvele
nombres de congresistas corruptos y vinculados a la constructora, la
gran bandera de Vizcarra y lo que motivó su intento de limpiar de
anticorrupción el Tribunal Constitucional.
La policía
vigila fuera del Congreso, después de que el Presidente Martín Vizcarra
cerró el Congreso en Lima, Perú, 1 de octubre de 2019.
Guadalupe Pardo / Reuters
Si bien, la propuesta de convertir al Constitucional en
árbitro de este choque no solo la ha hecho Olaechea, sino también la
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta
ha afirmado que corresponde al Constitucional pronunciarse sobre la
decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso y
convocar nuevas elecciones parlamentarias: “La Secretaría General de la
OEA considera que compete al Tribunal Constitucional de Perú
pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones
institucionales adoptadas”.
Pero a la vez, aplaudió y apoyó al
presidente por impulsar nuevas elecciones, “un paso constructivo (…) ya
que es conveniente que la polarización política que sufre el país la
resuelva el pueblo en las urnas”.
Cada uno, así como el pueblo y
la prensa, ha interpretado la Constitución a su favor. El peligro para
muchos es que este asunto se llegue a comparar con el verdadero golpe de
Estado de 1992, propiciado por Alberto Fujimori, con la salida de
tanques militares y una censura tanto a medios como a políticos. Una
imagen que dista mucho del pulso actual por la legalidad.
DESPUES DE CERRAR CONGRESO VIZCARRA DA NORMA PARA CONTRATAR MASIVAMENTE A LOS VENEZOLANOS------
El Presidente de la República firma el Decreto Supremo N° 018-2019-TR
con fecha 4 de octubre del 2019 que crea el servicio de visación de
certificado de trabajo para adquirir la nacionalidad peruana por
naturalización o por opción y el servicio de visación de contrato de
trabajo para recuperar la nacionalidad peruana.
Esto permitira que los venezolanos nacionalziados con un simple certificado de trabajo---puedan acceder inmediatamente--a un puesto de trabajo en el Estado Peruanios, en cualquiera de los ministerios del sector publico.
Esta es una estrategia del gobierno, para conseguir mano de obra barata. Como el venezolano es muerto de hambre---misio---ex patriado-----aceptara trabajar por s/.1,000 soles------y asi el gobierno contara copn mano de obra baratisima.......
No por gusto emprende el actual gobierno---una nacionalizacion relampago de venezolanos--------perjudicando a millones de peruanos que no tienen empleo----
MIREN ESTA LEY QUE ACABA DE DAR MARTIN VIZCARRA PARA PODER CONTRATAR A LOS VENEZOLANOS
Según la Ley de Nacionalidad, explica el documento, son peruanos por
naturalización los extranjeros que expresan su voluntad de serlo y que,
entre otros requisitos, ejercen regularmente una profesión, arte, oficio
o actividad empresarial.
Este decreto permite crear la oficina de certificaciones para
nacionalizar a extranjeros, como se sabe el Perú enfrenta una masiva
migración de ciudadanos venezolanos quienes serían los más beneficiados.
Acá las condiciones para la prestación de los servicios:
«En el caso de trabajadores extranjeros que tienen la condición de
trabajadores migrantes andinos, el periodo indicado en el certificado
debe coincidir con el del contrato de trabajo y, de ser el caso, con el
de las prórrogas aprobadas en el Sistema Virtual del Trabajador Migrante
Andino – SIVITMA del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
LO QUE DICEN LOS PERIODISTAS PERUANOS DE ESTE DECRETO DE NACIONALIZACION DE VENEZOLANOS
El periodista Christian Sotomayor a través de su cuenta de twitter
indicó que el Gobierno tiene que solucionar primero el problema del
desempleo y subempleo de todos los peruanos para luego pensar en
ofrecerles trabajo y nacionalización a los extranjeros. «Si “primero es el Perú”…para empezar el gobierno tiene q solucionar
el problema del desempleo y subempleo de los peruanos para luego pensar
en ofrecerles trabajo y nacionalización a extranjeros. Compatriotas y
extranjeros trabajan y duermen en las calles xq NO HAY TRABAJO»,
escribió el periodista Christian Sotomayor.
Mal momento para el presidente de la república. Martín Vizcarra viajó
a Chachapoyas, en la región Amazonas, para dar un mensaje a los
ciudadanos. Sin embargo, las personas no lo respaldaron al no asistir al
mitin. Además, en la plaza, algunos lanzaron arengas pidiendo su
renuncia.
«Renuncia corrupto», «Cierra el Congreso», entre otros gritos,
mostrando posiciones mixtas. Esto fue captado por los propios
ciudadanos, quienes subieron los videos a las redes sociales.
Empresa de Martín Vizcarra fue proveedora de Conirsa en 2006 y 2008 para IIRSA Sur
Estas contrataciones con Conirsa (compuesta por Odebrecht, Graña y
Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales) no configuran ningún
delito.
1/10
Las leyes fueron publicadas en el boletín Normas Legales del diario oficial 'El Peruano'. (Foto: Andina)
2/10
Martín Vizcarra respondió a Pedro Chávarry, quien dijo que se está
investigando a la campaña de PPK por presuntos aportes del "club de la
construcción". (TV Perú)
3/10
Presidente Martín Vizcarra resaltó que el desarrollo sostenible del Perú
resulta “inviable” si la situación de corrupción persiste. (Foto: GEC)
4/10
Es el presidente de turno el encargado de hacer oficial el nombre que
llevará el año. En este caso, Martín Vizcarra tendrá que dar a conocer
el Nombre del año 2019. (Foto: Andina)
5/10
martín vizcarra (GEC)
6/10
Frente al Legislativo, Martín Vizcarra sostuvo que sometería a
referéndum la no reelección inmediata de congresistas. (Foto: Andina)
7/10
César Villanueva fue el impulsor de la segunda moción de vacancia contra
el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, por lo que su nombramiento como
primer ministro fue cuestionado. (Foto: Andina)
8/10
Martín Vizcarra asumió la presidencia del Perú el 23 de marzo de 2018,
tras presentar su renuncia como embajador del Perú en Canadá. (Foto:
Andina)
9/10
El entonces primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, fue
designado embajador del Perú en Canadá en setiembre del 2017. (Foto:
Andina)
10/10
Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia del Perú el
21 de marzo, Vizcarra afirmó que volvería al país para asumir el cargo,
"respetando lo que manda la Constitución". (Foto: Andina)
La empresa del presidente de la República, Martín Vizcarra —junto
con su hermano César— tiene como nombre 'C y M Vizcarra SAC Ingenieros
Contratistas' fue una de las proveedoras de Conirsa, consorcio que
construyó la Interoaceánica Sur (IIRSA Sur).
Conirsa estaba conformada por las empresas constructoras Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales.
Según el informe de Panorama, en un archivo de compras de Conirsa aparece la empresa del presidente Martín Vizcarra como su proveedora en los años 2006 (dos veces) y 2008 (una vez).
El
cinco de setiembre del 2006, se detallaba en la celda número 34 de este
documento, el número de registro, el RUC de la empresa y el nombre del
proveedor: C y M Vizcarra SAC ingenieros contratistas.
La
empresa registra S/145,551 como proveedor para la Interoceánica Sur. Un
mes antes, la empresa del presidente aparece también en el registro de
compras con un importe de S/123,386.
En otro registro de compra (Tomo 1, del folio 1479 al 1770) de Conirsa
figuran adquisiciones de Enero a Mayo del 2008 para la ejecución de la
Interoceánica. Ahí aparece, otra vez, la empresa de los hermanos
Vizcarra con un importe total de S/54,107 y fechado en dos de enero de
2008.
NO HAY DELITO César Vizcarra Cornejo,
hermano del presidente y gerente general de CyM Vizcarra, dijo que como
empresa local alquiló maquinarias a Conirsa y aclaró que en esos años,
las empresas no estaban denunciadas en hechos irregulares ni se conocía
la corrupción que albergaba.
"Como
muchas empresas locales, en este tipo de proyectos hemos brindado
servicios como proveedores, a empresas de construcción y consorcios que
tenían a su cargo la ejecución del proyecto y para ello contrataban
proveedores en diversos rubros, como mano de obra, logística,
materiales, entres otros (...) En nuestro caso se trató de alquiler de
maquinaria. Ninguna de las empresas a las que brindamos servicios como
proveedores, se encontraba en aquel momento denunciada o involucrada en
hechos irregulares", agregó el gerente.
Fuentes palaciegas remarcaron que el presidente no ha mentido al responder que su empresa no contrató con Odebrecht porque tal como dice su hermano el contrato fue con Conirsa.
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