Delincuencia en Lima: el impacto en las economías domésticas
Pérdida de un bien promedio representa entre el 21% y 61% del salario familiar, según estudio de la PUCP
La sensación de inseguridad que tenemos los limeños cuando caminamos en la calle y las medidas que tomamos para protegernos se deben en gran parte a la alta incidencia de delitos comunes, principalmente delitos patrimoniales. De hecho el 70% de las denuncias a la policía son por hurto y robo. La diferencia entre ambos es que el segundo involucra el uso de violencia.
El Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la Violencia de la Universidad Católica (PUCP) ha presentado un estudio en la edición 40 de la revista Debate Sociológico sobre el impacto del robo y hurto en la economía doméstica. Es decir, estima el porcentaje que tienen los artículos sustraídos sobre los ingresos familiares y el tiempo que demora en recuperarlos.
Este estudio se efectuó con data del Cercado de Lima entre los años 2011 y 2012 por ser un distrito con alta incidencia de delitos patrimoniales y una zona de tránsito de personas de distintos estratos.
El costo promedio de los bienes sustraídos osciló entre los S/.200 y S/.580, según cifras de la Municipalidad de Lima. Entre estos objetos destacan los celulares, documentos, billeteras y carteras.
COSTOS DIRECTOS
El impacto en la economía doméstica varía según el estrato socioeconómico de la víctima. Serían los sectores de menores recursos los que tendrían mayores impactos relativos. En concreto, el hurto o robo de un objeto promedio implica entre un 21% y 61% de los ingresos familiares mensuales del nivel socioeconómico (NSE) E. En contraste, en el NSE A implica entre 2% y 6%.
El impacto en la economía doméstica varía según el estrato socioeconómico de la víctima. Serían los sectores de menores recursos los que tendrían mayores impactos relativos. En concreto, el hurto o robo de un objeto promedio implica entre un 21% y 61% de los ingresos familiares mensuales del nivel socioeconómico (NSE) E. En contraste, en el NSE A implica entre 2% y 6%.
De igual manera, el tiempo que demora en poder reponer estos objetos varía sustancialmente según el NSE. Por ejemplo, una familia del sector E, en promedio, demora en recuperar el bien sustraído entre cuatro y once meses. Mientras que en sector A, toma menos de un mes.
Fuente: Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la Violencia de la PUCP.
Los costos del delito patrimonial van más allá del valor del objeto perdido. Por ejemplo, el costo de perder un celular o una laptop no solo implica el valor del bien, sino también la pérdida de información relevante o de una herramienta de trabajo que reduce la productividad económica del afectado, señaló Noam López, profesor de la PUCP y uno de los autores de este estudio.
COSTOS ADICIONALES
Por otro lado, los costos para delinquir son bajos en Lima, ya que la ausencia de denuncias que permitan a la policía registrar el delito, la ausencia de sanciones efectivas a los delitos menores y la existencia de mercados informales de objetos robados hacen que la actividad sea poco riesgosa y altamente lucrativa.
Por otro lado, los costos para delinquir son bajos en Lima, ya que la ausencia de denuncias que permitan a la policía registrar el delito, la ausencia de sanciones efectivas a los delitos menores y la existencia de mercados informales de objetos robados hacen que la actividad sea poco riesgosa y altamente lucrativa.
“La gente compra objetos robados; de lo contrario, no habría mercado. Es decir, es el ciudadano el que le está pagando los honorarios al delincuente. Solo en Lima Cercado, existen ocho mercados grandes y 10 de menor magnitud donde se venden objetos robados a vista y paciencia de las autoridades”, indica López.
Asimismo, el robo y hurto también impactan en el consumo de la gente para evitar ser víctimas de este tipo de delitos. “Las personas realizan, por un lado, gastos en alarmas y rejas que impactan en sus economías, simplemente por miedo. Por otro, se limitan a hacer cosas como, por ejemplo, caminar en las noches o disfrutar del espacio público, explica Nicolás Zevallos, doctorado en Ciencias Políticas por la PUCP y coautor del estudio.