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Una nueva denuncia de tráfico de camas UCI en el hospital Guillermo Almenara (Essalud) agravaría aún más la situación de los ‘Los Ángeles Negros’, una mafia integrada por al menos nueve personas, entre ellas dos funcionarios del referido nosocomio y la exvoleibolista Ana Cecilia Aróstegui.
La fiscalía a cargo de la investigación tiene conocimiento del caso de una mujer a quien la organización criminal le cobró S/25 mil para que un paciente acceda a una cama UCI en el hospital de Essalud. Se trata de un caso distinto al del hombre al que le cobraron S/82 mil para que su hermano sea ingresado a la unidad de cuidados intensivos.
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De acuerdo con la denunciante, Iraida Vanessa Muñoz Arróspide de Agarini (39), quien era integrante de la ONG Donantes de Esperanza, contactó a su familia en el área de emergencia del Hospital de la Policía Nacional porque tenían un paciente grave por COVID-19. Esta mujer les ofreció una cama UCI pero en el hospital Guillermo Almenara a cambio de S/25 mil.
En este nuevo caso, se tiene conocimiento que la familia pagó S/5 mil en efectivo a Muñoz y el resto del dinero lo hizo a través de depósitos a cuentas bancarias a nombre de dos de los hijos de la exvoleibolista Ana Cecilia Aróstegui. El paciente fue trasladado a emergencia del hospital Guillermo Almenara pero no llegó a ocupar la cama UCI.
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Al respecto, el fiscal del caso, Reynaldo Abia Arrieta, del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, señaló a este diario que se trata de una denuncia pública y que espera que la familia afectada la formalice ante su despacho o la canalice a través de la Policía Anticorrupción a la brevedad.
“Tenemos una información de un caso similar. Se ha denunciado en un programa periodístico (que se emitirá próximamente). Se había solicitado S/25 mil. Una de las involucradas también en el mismo hospital Guillermo Almenara. Se trata de la investigada Iraida Vanessa Muñoz. Vamos a cotejar la información con lo que se tiene”, precisó el doctor Abia.
Con relación a la situación actual de los integrantes de la organización criminal, el fiscal señaló que los representantes del sindicato de trabajadores de Essalud formularon una denuncia en su despacho contra los dos funcionarios del hospital Almenara detenidos.
“Nos ha llegado una denuncia de parte de los trabajadores de Essalud donde tienen una serie de hechos de denuncia. Lo estamos analizando, lo estamos cotejando. Los trabajadores cuestionan la designación de Pedro Pino y de Nery Ochoa, que se habrían creado estos puestos por parte de la gerencia. Ambas personas tenían cargos de confianza”, dijo.
Resulta que tanto Nery Magali Ochoa Menacho y Pedro César Pino Gonzales tenían el cargo de Coordinador de Extensión y Cobertura I de la Oficina de Atención de Hospitalización de la Red Prestacional Almenara. Ambos tenían muchos años laborando en el referido nosocomio.
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“Ellos como funcionarios públicos, tenían el deber de garantizar el servicio de administración pública, la toma de decisiones en la parte administrativa para la asignación de camas UCE y UCI”, precisó el fiscal.
Respecto a las investigaciones del caso, sostuvo que algunos de los detenidos se han acogido a la colaboración eficaz y uno de ellos precisó que cuatro de los implicados se reunieron en una casa de La Molina para concertar una versión tras conocerse que el familiar del paciente fallecido los había denunciado. “Ya tenemos avanzado el 90% de las investigaciones por eso muchos están colaborando. Vamos a procesar para determinar quién es el cabecilla e imputar quién es quién. Establecer quién estaba a la cabeza para la comisión de estos actos de corrupción”, sostuvo.
El pasado 25 de marzo el familiar del paciente fallecido por COVID-19 hizo la acusación sobre el presunto tráfico de camas UCI . En dicha denuncia se consignaba a los funcionarios Pedro César Pino Gonzales (59) y a Nery Magali Ochoa Menacho (57), así como a Ana Cecilia Aróstegui Girano (52) e Iraida Vanessa Muñoz Arróspide de Agarini (39).
Tras una investigación interna, el 28 de abril, mediante resolución de la Gerencia General de Essalud, se resolvió dar por concluidos los cargos conferidos a los dos funcionarios. Desde la alta dirección de Essalud se elevó la denuncia al Ministerio Público y ante la Dirección de la Policía Contra la Corrupción.
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