Presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó visitará Perú el próximo domingo
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, visitará nuestro país el próximo domingo tras reunirse con presidentes de Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina
Asunción. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, visitará Perú el próximo domingo y mantendrá una reunión con el mandatario Martín Vizcarra, confirmaron fuentes allegadas a Canal N.
Juan Guaidó continúa realizando una gira de apoyo internacional para fortalecer la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Tras sus visitas a Colombia y Brasil, el presidente encargado fue acogido con honores militares de un jefe de Estado en Paraguay.
El presidente paraguayo lo recibió en la explanada del Palacio de Gobierno donde se entonaron los himnos de los dos países, antes de que Guaidó y Mario Abdo entraran al despacho presidencial.
Guaidó llegó en un vuelo privado procedente de Brasilia, un día después de un encuentro con el presidente Jair Bolsonaro. Además, fuentes cercanas al gobierno paraguayo estimaron que este lunes podría regresar a Caracas.
Si bien no se dieron por el momento más detalles, se sabe queambos políticos mantendrán un encuentro, previsiblemente en la residencia presidencial de la localidad de Olivos, al norte de la capital argentina.
Miles de personas se han visto afectadas por el cierre de fronteras ordenado por el ilegítimo régimen de Nicolás Maduro hace una semana, que ha impedido el normal desplazamiento de estudiantes, trabajadores y enfermos desde las ciudades venezolanas limítrofes con Brasil y, especialmente, Colombia.
Una fuente del Gobierno del estado venezolano de Táchira, vecino del colombiano Norte de Santander, dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana(FANB) no ha hecho excepciones ni siquiera para el paso de pacientes crónicos que reciben tratamiento en Cúcuta.
La prohibición ha sido también tajante esta semana para "los más de 5,000 niños que estudian" del lado colombiano y viven en Táchira, algunos de los cuales han intentado sin éxito persuadir a los militares que custodian los cuatro puentes binacionales ubicados en esta región.
Varios residentes de esta zona aseguraron que el cierre de los pasos es total, al punto de que no ha entrado un solo camión de los que hasta la semana pasada ingresaban cada noche desde Colombia con mercancías de variada índole.
Sin embargo, los caminos ilegales que siempre han existido a lo largo de esa porosa frontera registran estos días mayor presencia de peatones que van de un lado al otro, en algunos casos ante la mirada anuente de las fuerzas del orden de ambos Gobiernos, aunque Colombia ya levantó las restricciones desde su lado.
Mientras tanto, los poblados cercanos a los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, en San Antonio y Ureña, respectivamente, no recuperan al 100% la normalidad en sus calles luego de los intensos enfrentamientos suscitados el fin de semana pasado, cuando la oposición intentó ingresar al país una ayuda humanitaria.
Las escuelas dependientes del Gobierno regional estuvieron cerradas y permanecerán así al menos hasta el próximo miércoles cuando acabe el asueto de carnaval que fue extendido por el oficialismo desde ayer.
Efe tuvo acceso a una convocatoria organizada por vecinos de estas localidades que esperan reclamar el próximo lunes el restablecimiento del paso peatonal para los estudiantes a través de un "corredor" que autoridades eclesiásticas de esa entidad regional han preferido llamar "fraterno" y no humanitario.
El monseñor Mario Moronta pidió esta semana a las autoridades del chavismo gobernante y a la FANB "que se pongan la mano en el corazón" y permitan el desplazamiento de quienes "suelen pasar para ir a realizar sus tratamientos de diálisis u otra clase de tratamiento para enfermedades más delicadas" en Colombia.
Por otra parte, en el sur de Venezuela , la frontera con Brasil sigue contabilizando los daños que dejaron los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y comunidades indígenas que también pedían el ingreso de alimentos y medicinas donadas por otros Gobiernos y que escasean en el país en medio de la severa crisis económica.
El diputado Américo de Grazia indicó que varios miembros de la etnia Pemón se vieron obligados a desplazarse hacia Brasil huyendo de las acciones criminales de la "Narco Dictadura".
Las manifestaciones a favor del ingreso de la ayuda humanitaria desencadenaron en enfrentamientos que se saldaron con unos 300 heridos en Táchira y al menos cinco muertos en el estado venezolano de Bolívar según datos de organizaciones no gubernamentales.
Maduro, que insiste en rechazar las donaciones por considerarlas un show político en su contra, no ha dado señales de querer reabrir los pasos fronterizos y mientras tanto mantiene cerradas las comunicaciones que el país comparte en el Caribe con las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, también cercanas.
Venezuela vive una nueva ola de protestas, que ha derivado en enfrentamientos entre opositores, fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno, así como desórdenes en varias ciudades del país.
Se trata de las mayores protestas registradas en el país desde diciembre de 2014, cuando la oposición también salió a las calles para demandar "la salida" del presidente Nicolás Maduro.
Los opositores han dicho que en esta oportunidad se mantendrán en las calles hasta conseguir sus objetivos, entre los que se destaca la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas.
Desde el gobierno aseguran que las protestas forman parte de una intento golpista.
La situación ha dejado una veintena de muertos, incluyendo 9 personas que murieron electrocutadas durante el saqueo de una panadería de Caracas.
BBC Mundo te explica qué está detrás de las protestas, en qué se diferencian de movilizaciones anteriores y qué puede esperarse de este nuevo capítulo de la prolongada crisis política venezolana.
1. ¿Cuándo y por qué empezaron las protestas?
En Venezuela gobierno y oposición parecen vivir en permanente enfrentamiento, pero la nueva ola de protestas tiene una clara fecha de partida: el 31 de marzo de 2016.
Dos días antes, el Tribunal Supremo de Justicia -que la oposición considera afín al gobierno de Nicolás Maduro- había emitido una sentencia que le permitía ejercer las competencias de la Asamblea Nacional -de mayoría opositora- mientras ese órgano se mantuviera "en desacato".
Y cuando la decisión judicial se hizo pública, la oposición venezolana no dudó en calificarla de "golpe de Estado", anunciando el inmediato inicio de una movilización que ni siquiera el anuncio de que el TSJ había decidido revertir su polémica sentencia logró detener.
2. ¿Qué tiene de nuevo o diferente este nuevo choque?
La situación de desacato de la Asamblea había sido dictada por el propio TSJ luego de que el parlamento decidiera incorporar, en agosto de 2016, a tres diputados del estado de Amazonas, cuya elección había sido impugnada poco después de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.
Y el TSJ ya consideraba nulas las actuaciones del Parlamento, que luego de esos comicios pasó a ser controlado de la oposición por primera vez la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, por lo que en opinión de muchos analistas la nueva sentencia no cambiaba significativamente la situación.
Para la oposición, sin embargo, la decisión del máximo tribunal representó la prueba definitiva del rompimiento del orden democrático en Venezuela y de su disposición a pasar por encima de la voluntad popular expresada en las elecciones legislativas.
"Es un golpe de Estado. Hasta ahora el Tribunal anulaba las decisiones en la Asamblea, pero ahora asumió las competencias de la Asamblea Nacional. Cerró el Parlamento. No es lo mismo, es completamente distinto", le dijo en su momento a BBC Mundo el líder opositor Henrique Capriles.
"Ahora asume, cierra el Parlamento. Está cerrado. Ahora puede, sobre las competencias que están establecidas en la Constitución, empezar a aprobar los endeudamientos, por ejemplo", agregó.
Además, el nuevo choque se da también cuando la posibilidad de un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro ya no está disponible, pues el Consejo Nacional Electoral -que según la oposición también está controlado por el gobierno- le cerró las puertas a esa alternativa contemplada en la Constitución.
Y, sobre todo, en un momento en el que la profunda crisis económica de Venezuela parece estar erosionando cada vez más el apoyo que gozaba el oficialismo entre los más pobres del país, así como insinuando fracturas a lo interno del mismo chavismo.
El trasfondo de las protestas es una prolongada crisis económica, que ha colocado a la mayoría de los venezolanos en una situación mucho peor que la que ya vivían en 2014.
La caída de los precios del petróleo -que se estima representa el 96% de las divisas que necesita Venezuela- ha seguido mermando los ingresos del Estado y agudizando cada vez más la escasez de alimentos y bienes de primera necesidad.
Eso ha generado un desabastecimiento casi crónico, lo que unido a la mayor inflación del mundo ha provocado que buena parte de la población tenga problemas para acceder a la comida.
Y, según las encuestas, la crisis se ha traducido en una caída en la popularidad del presidente Maduro, una de las razones por las que la oposición insiste en unas elecciones adelantadas como la mejor solución.
Muchas de las profundas fracturas que todavía dividen a este país, sin embargo, siguen vigentes en medio de la crisis, por la que el gobierno responsabiliza a la oposición.
Y la no celebración de las elecciones regionales que estaban previstas para el año pasado privó a los venezolanos de un importante barómetro para evaluar la legitimidad de dos visiones políticas en clara confrontación.
4. ¿Qué pide la oposición?
La principal demanda de la oposición es que se adelanten las elecciones presidenciales, originalmente previstas para octubre de 2018.
Pero también se pide la celebración de las elecciones regionales que deberían haber tenido lugar el año pasado, así como los comicios municipales que según el calendario electoral deberían tener lugar este 2017.
Este domingo Nicolás maduro se mostró partidario de que se celebren estos comicios, aunque no llegó a convocarlos.
La oposición reclama además la liberación de los políticos presos, en su mayoría luego de las protestas de enero de 2014, así como la apertura de un canal humanitario para que al país ingresen medicinas y alimentos.
Y, claro está, también una devolución real de las competencias a la Asamblea Nacional, así como la renovación de los otros poderes del Estado -Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral-, a los que acusan de estar alineados con el ejecutivo.
5. ¿Qué dice el gobierno?
El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado a las acciones de la oposición venezolana como una ofensiva golpista.
Y a las denuncias de excesos en la represión policial por parte de la oposición, el Ejecutivo ha respondido acusándolos de fomentar la violencia, de "terrorismo" y de querer preparar el terreno para una intervención extranjera.
El mandatario, sin embargo, también llamó a los líderes opositores a iniciar un diálogo "para que después no se quejen".
Y durante su habitual programa televisivo de los domingos, el presidente respaldó la idea de realizar elecciones para alcaldes y gobernadores, aunque no mencionó comicios presidenciales.
"Estoy ansioso porque vengan las elecciones de gobernadores y cuando se venzan las de alcaldes vengan las de alcaldes, ansioso, porque nuestro terreno natural es la lucha de ideas (en el campo) electoral", dijo Maduro.
"Estoy listo para lo que diga el Poder Electoral y mi búsqueda será la paz y estoy listo para el diálogo", dijo, añadiendo que quiere "construir caminos de paz" para que los opositores "abandonen los caminos de la violencia y el golpismo", agregó.
6. ¿Cuáles son los posibles escenarios hacia adelante?
La posibilidad de unas negociaciones que arrojen resultados concretos como la definición de un calendario electoral o incluso la liberación de algunos de los políticos de oposición actualmente bajo arresto no puede descartarse completamente.
Pero la experiencia fallida del diálogo de 2014 ciertamente alimenta el escepticismo, por lo que es bastante probable que aunque se siente en la mesa de negociación la oposición no renuncie completamente a la calle.
Y, en estos momentos, parece poco probable que el gobierno acceda a la celebración de elecciones presidenciales adelantadas, una condición que para la oposición es irrenunciable.
Así, un segundo escenario de prolongación de las protestas y la violencia parece bastante más probable, al menos en el corto plazo.
Y la pregunta es si las mismas eventualmente perderán fuerza y se desvanecerán sin provocar cambios, como ocurrió en 2014, o si lograrán forzar la mano del gobierno, como pretende la oposición venezolana.