Es muy procupante, la forma en que varios presidentes "electos", entre comillas, manejan los gobiernos de sus paises. No ha terminado aun la tentacion comunista en Latinoamerica.
Alli tenemos a Hugo Chavez y sus medidas estatistas, de expropiacion y confiscacion:
El camino se laboró desde 2003 con la fijación del control de precios, receta convertida en un espiral de ajustes y decretos oficiales para garantizar el abastecimiento de alimentos bajo el amparo único del socialismo, con lo que se argumentó el cambio al siglo XXI.
Desde 2004 se marcó el plan político socialista económico. Se definió como “La Nueva Etapa”. Diez objetivos estratégicos se plantó cumplir. Uno de ellos apuntó a “acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico”.
En “comunismo”
Controlar la economía pasó por adecuar leyes, a fin de lograr la misión revolucionaria que trazó: acabar con el “capitalismo salvaje”. Una reforma a la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública se acordó en 2002 en el Parlamento y se adentro el tema de la intervención a la propiedad privada.
Los contenidos de la ley se sustentaron en los principios constitucionales: reconocimiento al derecho de propiedad. Es decir, nacionalizar cuando sea por “causa de utilidad pública o interés social”.
A 10 años de la promulgación, cumplir con la disposición legal se aleja del espíritu fundamental de respeto al derecho privado. Y es que más de mil 200 acciones sobre bienes rayan la gestión del Gobierno desde 2007. Solo en el sector de producción de alimentos industrializados y primarios (plantas y tierras) se calculan 400 hasta 2011.
Ana Di Leo, analista de VenEconomía, estimó que más de 80 por ciento de las expropiaciones se adeudan a los afectados. En un informe sobre las expropiaciones a 2008 analizó que la “intención” era “apoderarse de los sectores”. El tamaño de las empresas varió “y no tenían nada que ver con un diseño estratégico, sino de apoderamiento.
Un comunismo”.
Las demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones (Ciadi), desde 2007, sonaron las alarmas sobre la capacidad de pago restringida. La toma de las propiedades sin el proceso legal de avalúo y omisión de tribunales afinó melodías de “confiscación” o “robo” a la propiedad privada, resaltado este último en la intervención presidencial de enero en la Asamblea Nacional.
El procedimiento
Jesús Vergara Peña, directivo de la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela, explicó que la Constitución, en su artículo 115, garantiza el derecho. Hizo un alto para referirse al caso cuando el Gobierno “limita o suspende la garantía constitucional porque necesita ese bien para una utilidad pública o social” y adelanta depósitos en cuentas.
El sistema socialista mostró otra condición: la de “no pagar”.
Los procesos legales de habilitar un tribunal y fijar los presupuestos para honrar los compromisos son desconocidos. Pasan los años y los bienes expropiados no cuentan con avalúos ni depósitos registrados, pese a las diferencias que surgen en cotejos del valor del bien.
Vergara señaló que “hasta los momentos son muy pocas personas las que lograron que el Gobierno les cancele por concepto de expropiación”. La política se caracterizó por la falta de previsión, sin reserva presupuestaria, con lo que “puede incurrir hasta en malversación, porque pudiera sacar el dinero de una partida a otra para poder pagar”.
La Ley de Expropiación ordena iniciar con un avalúo. Fijar el “justo precio” de la propiedad. La determinación del monto obliga a depositar el dinero donde díctamine el tribunal habilitado. Es a través de la Procuraduría de la República que luego se solicitaría la expropiación del bien.
Contraria actuación se describió al Gobierno. Vergara precisó que se “hace una ocupación previa al procedimiento (legal). Llega con la fuerza pública. Hace un anuncio el Presidente de la República -por medios de comunicación- e inmediatamente la fuerza despoja a los que son propietarios y toma posesión”.
Para el jurista el escenario deja evidente una confiscación de hecho: “El Estado no paga, toma posesión arbitraria de los bienes”. Hay un apoderamiento “ilegítimo” sin resarcir al dueño el justo valor de los bienes. Posteriormente comisiona a la Procuraduría para asumir la evaluación sin presencia de los propietarios.
El argumento oficial de apoderamiento se sustenta en decretos con rango, valor y fuerza de ley publicados en 2008, en la recta final del período de gestión de la Ley Habilitante otorgada al Presidente de la República. El Ejecutivo creó la ley del Indepabis. Legisló sobre la adquisición forzosa por delitos de boicot y acaparamiento de productos esenciales, ordenando la ocupación temporal. La justificación se apoyó en la normativa de seguridad y soberanía agroalimentaria.
¿Siguiendo pasos? Evo Morales ha expropiado cuatro millones de hectáreas
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia expropió o está en proceso de expropiación de cuatro millones de hectáreas de tierras improductivas desde que asumió el presidente Evo Morales en 2006, informó un funcionario. Una de las últimas de estas "reversiones" por 2.000 hectáreas afectó a la diputada opositora Adriana Gil, informó el jueves el viceministro de Tierras, José Manuel Pinto.
Las tierras de Gil ubicadas en la provincia oriental de Santa Cruz, el motor agropecuario del país, fueron expropiadas porque "no cumplían una función económico-social", es decir no estaban cultivadas, explicó Pinto.
Una ley aprobada por Morales en 2006 permite el regreso a manos del Estado o "reversión" de antiguas tierras fiscales entregadas a privados por anteriores gobiernos si es que éstas no están sembradas. Si en las haciendas hay peones en condiciones de servidumbre, es decir no asalariados, las tierras también son expropiadas.
Según la ley las tierras expropiadas serán entregadas a indígenas y campesinos.
Las personas afectadas por la decisión del INRA tienen la opción de apelar ante la justicia agroambiental, que es la última instancia.
Gil confirmó que sus tierras retornaron al Estado y aseguró que sus derechos fueron "avasallados" y que si no hubo inversiones fue porque no hay seguridad jurídica para la tierra.
El gobierno también expropió 12.000 hectáreas a dos senadores oficialistas, el popular folclorista Juan Enrique Jurado y el ex comandante de las fuerzas armadas Freddy Bersati.
El año pasado el INRA expropió 13.184 hectáreas sin cultivar a un conocido empresario de una red de televisión a la que el gobierno acusa de alinearse con la oposición conservadora.
La legalización de la propiedad de las tierras es un asunto central en el gobierno de Morales. Según el INRA poco más de 38 millones de hectáreas fueron tituladas, otros 13 millones están en proceso y restan por titular 55 millones de hectáreas.
Dos semanas después de haber sido reelegido en el cargo con más del 64 por ciento de respaldo, el presidente boliviano, Evo Morales, expropió las tierras de dos empresarios opositores a su gobierno y tendió un cerco policial para impedir que el capitán Manfred Reyes Villa, ex gobernador de Cochabamba y su principal rival en las últimas elecciones, abandone el país. La primera expropiación afectó al empresario de origen croata y ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, y se ejecutó el viernes 11 de diciembre, cinco días después de la elección nacional.
Con el argumento de que no cumple una función económica social, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) expropió la hacienda Yasminka, de 12.587 hectáreas, de propiedad de la familia Marinkovic.
La nueva Constitución política del Estado aprobada bajo el gobierno de Morales prohíbe el latifundio y establece que las tierras que no cumplan una función económica y social serán expropiadas.
La segunda expropiación se ejecutó este jueves y afectó a Oswaldo Monasterios, hijo del también empresario Oswaldo Monasterio Añez, propietario de la cadena de televisión Unitel, la más crítica al gobierno de Evo Morales.
Al igual que en el caso de Marinkovic, las tierras expropiadas a Monasterio se encuentran en Santa Cruz y en conjunto abarcan 3.000 hectáreas.
En ambos casos, el Gobierno anunció que las tierras serán entregadas a los indígenas y campesinos, cuyos dirigentes ya tomaron posesión de los predios, sin siquiera esperar a la decisión legal.
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dijo que se iniciará un juicio contra Monasterio Nieme porque se habría apropiado de las tierras utilizando documentos falsificados. Además, anunció que en los próximos días le serán expropiadas otras 1.000 hectáreas.
Las dos expropiaciones provocaron preocupación entre los empresarios y líderes del oriente Bolivia, que anunciaron una reunión antes del 25 de diciembre para tomar decisiones de autodefensa.
Paralelamente a la expropiación de tierras, el fortalecido gobierno de Morales tomó decisiones para evitar que Reyes Villa, sobre quien pesa una orden judicial, abandone el país. El político está procesado por la presunta adquisición ilegal de un lote de vehículos y la construcción con sobreprecio de un puente, cuando ocupaba el cargo de gobernador de Cochabamba.
Reyes Villa desapareció de la escena política y el ministro de Defensa, Walker San Miguel, anunció que se tendió un cerco en las fronteras para impedir que huya del país. Algo parecido ocurre con el ex gobernador de La Paz, José Luis Paredes, quien habría abandonado Bolivia junto a su familia tras conocer los resultados de la elección.
Ahora se les une la Presidenta de Argentina
Alli tenemos a Hugo Chavez y sus medidas estatistas, de expropiacion y confiscacion:
El camino se laboró desde 2003 con la fijación del control de precios, receta convertida en un espiral de ajustes y decretos oficiales para garantizar el abastecimiento de alimentos bajo el amparo único del socialismo, con lo que se argumentó el cambio al siglo XXI.
Desde 2004 se marcó el plan político socialista económico. Se definió como “La Nueva Etapa”. Diez objetivos estratégicos se plantó cumplir. Uno de ellos apuntó a “acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico”.
En “comunismo”
Controlar la economía pasó por adecuar leyes, a fin de lograr la misión revolucionaria que trazó: acabar con el “capitalismo salvaje”. Una reforma a la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública se acordó en 2002 en el Parlamento y se adentro el tema de la intervención a la propiedad privada.
Los contenidos de la ley se sustentaron en los principios constitucionales: reconocimiento al derecho de propiedad. Es decir, nacionalizar cuando sea por “causa de utilidad pública o interés social”.
A 10 años de la promulgación, cumplir con la disposición legal se aleja del espíritu fundamental de respeto al derecho privado. Y es que más de mil 200 acciones sobre bienes rayan la gestión del Gobierno desde 2007. Solo en el sector de producción de alimentos industrializados y primarios (plantas y tierras) se calculan 400 hasta 2011.
Ana Di Leo, analista de VenEconomía, estimó que más de 80 por ciento de las expropiaciones se adeudan a los afectados. En un informe sobre las expropiaciones a 2008 analizó que la “intención” era “apoderarse de los sectores”. El tamaño de las empresas varió “y no tenían nada que ver con un diseño estratégico, sino de apoderamiento.
Un comunismo”.
Las demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones (Ciadi), desde 2007, sonaron las alarmas sobre la capacidad de pago restringida. La toma de las propiedades sin el proceso legal de avalúo y omisión de tribunales afinó melodías de “confiscación” o “robo” a la propiedad privada, resaltado este último en la intervención presidencial de enero en la Asamblea Nacional.
El procedimiento
Jesús Vergara Peña, directivo de la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela, explicó que la Constitución, en su artículo 115, garantiza el derecho. Hizo un alto para referirse al caso cuando el Gobierno “limita o suspende la garantía constitucional porque necesita ese bien para una utilidad pública o social” y adelanta depósitos en cuentas.
El sistema socialista mostró otra condición: la de “no pagar”.
Los procesos legales de habilitar un tribunal y fijar los presupuestos para honrar los compromisos son desconocidos. Pasan los años y los bienes expropiados no cuentan con avalúos ni depósitos registrados, pese a las diferencias que surgen en cotejos del valor del bien.
Vergara señaló que “hasta los momentos son muy pocas personas las que lograron que el Gobierno les cancele por concepto de expropiación”. La política se caracterizó por la falta de previsión, sin reserva presupuestaria, con lo que “puede incurrir hasta en malversación, porque pudiera sacar el dinero de una partida a otra para poder pagar”.
La Ley de Expropiación ordena iniciar con un avalúo. Fijar el “justo precio” de la propiedad. La determinación del monto obliga a depositar el dinero donde díctamine el tribunal habilitado. Es a través de la Procuraduría de la República que luego se solicitaría la expropiación del bien.
Contraria actuación se describió al Gobierno. Vergara precisó que se “hace una ocupación previa al procedimiento (legal). Llega con la fuerza pública. Hace un anuncio el Presidente de la República -por medios de comunicación- e inmediatamente la fuerza despoja a los que son propietarios y toma posesión”.
Para el jurista el escenario deja evidente una confiscación de hecho: “El Estado no paga, toma posesión arbitraria de los bienes”. Hay un apoderamiento “ilegítimo” sin resarcir al dueño el justo valor de los bienes. Posteriormente comisiona a la Procuraduría para asumir la evaluación sin presencia de los propietarios.
El argumento oficial de apoderamiento se sustenta en decretos con rango, valor y fuerza de ley publicados en 2008, en la recta final del período de gestión de la Ley Habilitante otorgada al Presidente de la República. El Ejecutivo creó la ley del Indepabis. Legisló sobre la adquisición forzosa por delitos de boicot y acaparamiento de productos esenciales, ordenando la ocupación temporal. La justificación se apoyó en la normativa de seguridad y soberanía agroalimentaria.
¿Siguiendo pasos? Evo Morales ha expropiado cuatro millones de hectáreas
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia expropió o está en proceso de expropiación de cuatro millones de hectáreas de tierras improductivas desde que asumió el presidente Evo Morales en 2006, informó un funcionario. Una de las últimas de estas "reversiones" por 2.000 hectáreas afectó a la diputada opositora Adriana Gil, informó el jueves el viceministro de Tierras, José Manuel Pinto.
Las tierras de Gil ubicadas en la provincia oriental de Santa Cruz, el motor agropecuario del país, fueron expropiadas porque "no cumplían una función económico-social", es decir no estaban cultivadas, explicó Pinto.
Una ley aprobada por Morales en 2006 permite el regreso a manos del Estado o "reversión" de antiguas tierras fiscales entregadas a privados por anteriores gobiernos si es que éstas no están sembradas. Si en las haciendas hay peones en condiciones de servidumbre, es decir no asalariados, las tierras también son expropiadas.
Según la ley las tierras expropiadas serán entregadas a indígenas y campesinos.
Las personas afectadas por la decisión del INRA tienen la opción de apelar ante la justicia agroambiental, que es la última instancia.
Gil confirmó que sus tierras retornaron al Estado y aseguró que sus derechos fueron "avasallados" y que si no hubo inversiones fue porque no hay seguridad jurídica para la tierra.
El gobierno también expropió 12.000 hectáreas a dos senadores oficialistas, el popular folclorista Juan Enrique Jurado y el ex comandante de las fuerzas armadas Freddy Bersati.
El año pasado el INRA expropió 13.184 hectáreas sin cultivar a un conocido empresario de una red de televisión a la que el gobierno acusa de alinearse con la oposición conservadora.
La legalización de la propiedad de las tierras es un asunto central en el gobierno de Morales. Según el INRA poco más de 38 millones de hectáreas fueron tituladas, otros 13 millones están en proceso y restan por titular 55 millones de hectáreas.
Dos semanas después de haber sido reelegido en el cargo con más del 64 por ciento de respaldo, el presidente boliviano, Evo Morales, expropió las tierras de dos empresarios opositores a su gobierno y tendió un cerco policial para impedir que el capitán Manfred Reyes Villa, ex gobernador de Cochabamba y su principal rival en las últimas elecciones, abandone el país. La primera expropiación afectó al empresario de origen croata y ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, y se ejecutó el viernes 11 de diciembre, cinco días después de la elección nacional.
Con el argumento de que no cumple una función económica social, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) expropió la hacienda Yasminka, de 12.587 hectáreas, de propiedad de la familia Marinkovic.
La nueva Constitución política del Estado aprobada bajo el gobierno de Morales prohíbe el latifundio y establece que las tierras que no cumplan una función económica y social serán expropiadas.
La segunda expropiación se ejecutó este jueves y afectó a Oswaldo Monasterios, hijo del también empresario Oswaldo Monasterio Añez, propietario de la cadena de televisión Unitel, la más crítica al gobierno de Evo Morales.
Al igual que en el caso de Marinkovic, las tierras expropiadas a Monasterio se encuentran en Santa Cruz y en conjunto abarcan 3.000 hectáreas.
En ambos casos, el Gobierno anunció que las tierras serán entregadas a los indígenas y campesinos, cuyos dirigentes ya tomaron posesión de los predios, sin siquiera esperar a la decisión legal.
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dijo que se iniciará un juicio contra Monasterio Nieme porque se habría apropiado de las tierras utilizando documentos falsificados. Además, anunció que en los próximos días le serán expropiadas otras 1.000 hectáreas.
Las dos expropiaciones provocaron preocupación entre los empresarios y líderes del oriente Bolivia, que anunciaron una reunión antes del 25 de diciembre para tomar decisiones de autodefensa.
Paralelamente a la expropiación de tierras, el fortalecido gobierno de Morales tomó decisiones para evitar que Reyes Villa, sobre quien pesa una orden judicial, abandone el país. El político está procesado por la presunta adquisición ilegal de un lote de vehículos y la construcción con sobreprecio de un puente, cuando ocupaba el cargo de gobernador de Cochabamba.
Reyes Villa desapareció de la escena política y el ministro de Defensa, Walker San Miguel, anunció que se tendió un cerco en las fronteras para impedir que huya del país. Algo parecido ocurre con el ex gobernador de La Paz, José Luis Paredes, quien habría abandonado Bolivia junto a su familia tras conocer los resultados de la elección.
Ahora se les une la Presidenta de Argentina
Expropiación de YPF-Repsol: FMI deplora que Argentina sea "imprevisible"
Un alto cargo del Fondo Monetario Internacional (FMI) deploró este martes que Argentina sea "imprevisible", tras el anuncio por parte del gobierno sudamericano de que va a expropiar 51% de la compañía petrolera YPF, controlada por la española Repsol.
"Pienso que ha habido un cierto deterioro del clima para los inversores en Argentina en los últimos años", afirmó en rueda prensa en Washington Thomas Helbling, economista del Fondo, al ser preguntado sobre la medida.
España ha tildado la decisión de hostil y Repsol ha anunciado que está dispuesta a reclamar 10.000 millones de dólares al gobierno de la presidenta Cristina Kirchner.
"En general, las intervenciones a discreción del gobierno que empeoran el clima, lo convierten en más imprevisible, no ayudan a la inversión ni al crecimiento a largo plazo. Ya hemos tenido en cuenta eso en las previsiones" dijo el economista.
El Fondo publicó este martes sus previsiones económicas mundiales, según las cuales Argentina crecerá un 4,2% en 2012.
El FMI detalló que esa previsión está hecha a partir de los datos oficiales del país, y reclacó que las cifras del gobierno argentino son objeto de disputa.
Argentina mantiene su propia querella con el Fondo, que ha conminado al país sudamericano a poner en regla sus mediciones estadísticas de inflación y Producto Interior Bruto (PIB) de aquí a septiembre, para adaptarlas a estándares internacionales.
Argentina rechaza por su parte desde 2006 las revisiones económicas del FMI, con el que saldó toda su deuda tras la crisis de la moratoria en 2001.
