Las armas en EE UU, ¿un derecho intocable?

Un exmiembro del Supremo pide derogar la Segunda Enmienda de la Constitución

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7 ABR 2018 - 00:00 CEST

Manifestación March For Our Lives contra la violencia armada en Washington, DC, EEUU MANDEL NGAN / AFP

Son 26 palabras escritas a finales del siglo XVIII con un lenguaje directo pero también ambiguo en un país que acababa de nacer y temía por su futuro. “Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a guardar y tener armas, no debe ser infringido”, reza la Segunda Enmienda de la Constitución de EE UU, adoptada en 1791. Más de dos siglos después, esas palabras son las que permiten que un ciudadano privado pueda legalmente comprar un arma y tenerla en su casa. La Segunda Enmienda se ha convertido en un símbolo de identidad para muchos. Pero para otros tantos es el origen de la epidemia de violencia armada en la que vive atrapado EE UU. La matanza en una escuela en Parkland (Florida) ha abierto un incipiente debate sobre la Segunda Enmienda.

El detonante ha sido un artículo de John Paul Stevens, miembro del Tribunal Supremo de 1975 a 2010. “Raramente en mi vida he visto el tipo de activismo cívico de alumnos y sus seguidores”, escribió el jurista de 97 años a finales de marzo en The New York Times tras las manifestaciones masivas contra las armas impulsadas por los supervivientes de Parkland. Stevens aplaudió sus peticiones de endurecer el acceso a pistolas y rifles pero esgrimió que la reforma “más efectiva” sería acabar con la Segunda Enmienda. Argumentó que esa incorporación constitucional buscaba proteger a los nuevos Estados de la amenaza de un Ejército nacional pero que hoy es una “reliquia del siglo XVIII”.

Solo el Congreso podría derogar esa enmienda. Parece imposible. Tras el artículo, el presidente estadounidense, el republicano Donald Trump clamó que “nunca será repelida”. Y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, se mostró en contra de modificarla. El último gran debate legal sobre la Segunda Enmienda fue en 2008 cuando el Supremo, por solo un voto a favor (Stevens votó en contra), sentenció que la Constitución protege el derecho individual de poseer un arma y que es legal tener una pistola cargada en casa para un uso de defensa propia.