¡No fue plagio, fue compra! La tesis del presidente Pedro Castillo y
esposa Lilia Paredes, con la que ambos obtuvieron el grado de magíster
en la Universidad César Vallejo (UCV), fue elaborada en un comercio de
copias e impresiones, ubicado frente a la Universidad Mayor de San
Marcos.
Así lo aseguró la colaboradora eficaz Karelim Lópezen su última declaración ante la fiscal antilavado Luz Taquire Reynoso, a la que tuvo acceso Contracorriente.
Según López, Bruno Pacheco tenía la misión en
encontrar a alguien que pueda formular, investigar y elaborar la tesis,
que supuestamente se presentó y entregó en el año 2012.
El exsecretario general de Palacio de Gobierno, siempre de acuerdo a
la empresaria, habría pagado hasta 15 mil soles por el trabajo
universitario que le dé sustento al cartón entregado por la UCV a la hoy pareja presidencial.
Incluso, la colaboradora mencionó que ella misma acompañó a Pacheco
al local para pagar un saldo de 8 mil soles, y que antes el exsecretario
general del Despacho Presidencial fue al lugar con Silvia Barrera.
Karelim López detalló, además, que fue Bruno Pacheco quien recogió la tesis recién salida del horno y la llevó hasta la Universidad César Vallejo en el segundo semestre del año pasado.
López contó también que la reunión subrepticia entre la expremier Mirtha Vásquez y César Acuña tuvo
como objetivo subsanar el tema de la tesis inexistente. Sin embargo,
Vásquez no logró su objetivo, lo que fue cuestionado por Bruno Pacheco
en una discusión que tuvo con Pedro Castillo.
Cabe anotar que un equipo de policías de lavado de activos llegó al
mencionado comercio frente a San Marcos luego de obtener una orden
judicial de allanamiento. En el operativo, de unas 5 horas de duración,
se lacraron más de 10 computadores, además de varios USB y CD.
Señaló que el empresario se encuentra en condición de testigo e incluso había programada una audiencia en unos días
El abogado del empresario Zamir Villaverde,
Marco Riveros, sostuvo que es un error que el Ministerio Público haya
ordenado la detención preliminar de su defendido.
Señaló que
actualmente, su situación legal es de testigo y había programada una
audiencia de impedimento de salida del país para el 30 de marzo.
De acuerdo a Riveros, la fiscalía también erró al acusar a
Villaverde de colusión. Según su versión, su cliente no se benefició
monetariamente con la obra del puente Tarata pues no recibió el dinero
de la adjudicación y tampoco es funcionario público. ´
En esa línea, indicó que intentar probar que Villaverde incurrió
en colusión con Karelim López es un error. Precisó que la diligencia
tendrá una duración de 4 a 5 horas y luego de ello se "determinará si
hay indicio que involucre a mi patrocinado", señaló.
El Ministerio Público ordenó la detención preliminar de todos
los involucrados en la adjudicación del puente Tarata. Entre los
implicados se encuentran los sobrinos del presidente Pedro Castillo y el
ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Todos
ellos se encuentran con paradero desconocido.
Pedro Castillo: ordenan detención de sobrinos del presidente por caso Tarata
Así como del exsecretario Bruno Pacheco y del empresario Zamir Villaverde.
El Poder Judicial
autorizó el allanamiento de inmuebles y la detención preliminar de los
presuntos involucrados en la cuestionable licitación del puente Tarata
III, ubicado sobre el río Huallaga (región San Martín), entre ellos dos
sobrinos del presidente Pedro Castillo.
Se trata de Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, quienes fueron mencionados por la lobista Karelim López, en su intento por ser colaboradora eficaz de la Fiscalía. Mientras que Zamir Villaverde fue detenido en su domicilio, Bruno Pacheco aún es buscado por la Policía.
La detención preliminar es por 10 días para las siguientes personas:
Víctor Valdivia Malpartida, Edgar Vargas Mas, Víctor San Miguel
Velásquez, Luis Elías Pasapera Adrianzen, Alcides Villafuerte Vizcarra,
Marco Antonio Zamir Villaverde García, Fray Vásquez Castillo, George
Pasapersa Adrianzen, Gian Marco Castillo Gómez, Hector Pasapera López y
Bruno Pacheco Castillo.
Karelim López afirmó que el mandatario, sus sobrinos y otras personas
integraban una presunta red ilegal en el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC),
que asignaba contratos de obras y servicios de forma irregular. Entre
estos el puente Tarata III, adjudicada por Provías Descentralizado.
El empresario de seguridad, Zamir Villaverde; los miembros de las
empresas Termirex, Luis Carlos, Marco Antonio y George Peter Pasapera
Adrianzén; y del Grupo Arcose SAC a Héctor Pasapera López; enfrentarán
un pedido del Ministerio Público para evitar que salgan del país.
Mientras que el exsecretario de la Presidencia de la República, Bruno Pacheco, y Karelim López fueron impedidos de cruzar la frontera por el plazo de ocho meses, por disposición del Poder Judicial.
Karelim: Castillo con 2 ministros, 5 niños de Acción Popular, empresas chinas se la están llevando.
Karelim López hace graves acusaciones contra el presidente Pedro
Castillo Colaboración por verificar. La declaración de la aspirante a
colaboradora eficaz señala la existencia de una organización ilícita infiltrada
en Palacio de Gobierno y ministerios. La Fiscalía deberá realizar la
verificación de los hechos relatados por la empresaria y lobista del MTC.
La empresaria Karelim López Arredondo se acogió a la colaboración eficaz ante
las fiscalías de lavado de activos. Aún no es claro qué la llevó a cambiar su
declaración de inocencia por culpabilidad. Según trascendió, en uno de los
allanamientos le habrían encontrado un agenda con nombres y presuntos apuntes de
pagos de dinero.
Así, ante la posibilidad de ir a prisión, alrededor del 18 de febrero se
presentó en la Fiscalía, acompañada por su abogado César Nakazaki. Allí, ante la
fiscal provincial Luz Taquire Reynoso empezó a hablar sin pausa. De todo y de
todos. Su declaración supuestamente reservada, como ya es usual, trascendió
minutos después de que terminó de firmar su declaración y retirarse de la
Fiscalía.
La declaración ha trascendido bajo la identidad clave nº 001-2022-2°-FISLAA.
Lo que el colaborador relata todavía no ha sido verificado y debe tomarse como
una versión de parte. No es una sentencia condenatoria. Es la declaración de una
persona que ha cometido un delito. Una persona que para no ser castigada delata
a otros, involucrados en los mismos u otros delitos.
Se supone que lo primero que debe admitir un aspirante a la colaboración
eficaz es que ha cometido un delito y contar todo sobre ese ilícito. En la
versión que ha trascendido no aparecen los hechos ilícitos que el aspirante a
colaborador eficaz nº 001-2022-2°-FISLAA reconoce haber cometido. Fuentes de la
Fiscalía indican que aseguró ser operadora de Zamir Villaverde para negociar las
licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El entorno presidencial Karelim López Arredondo asegura que durante el
tiempo que permaneció en el entorno del presidente Pedro Castillo fue testigo
directa de la perpetración de una serie de delitos y de los preparativos y
planes para cometer otros tantos, en reuniones que se realizaron en la casa de
la cuadra 1 del jirón Sarratea, en el distrito de Breña, y en Palacio de
Gobierno.
Todos esos hechos, asegura, se cometieron por orden expresa y con
conocimiento del presidente de la República. López asegura que el presidente
Castillo Terrones es líder de una organización criminal que se infiltró en el
Gobierno y una serie de ministerios.
El objetivo de dicha organización, asegura, sería obtener dinero de las
licitaciones de obras públicas, los nombramientos de los directores del
Ministerio de Salud, los ascensos en los institutos armados y los reclamos
tributarios ante la Sunat. El dinero recaudado, según el colaborador, sería
utilizado para pagar las deudas que el presidente Castillo habría contraído en
la campaña electoral.
“Tengo que pagar a los empresarios que han financiado mi campaña”, le habría
dicho el presidente.
Además, señala que la organización habría logrado obtener el apoyo legal y la
protección del fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador de las fiscalías
anticorrupción, y de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera. De esta
manera, la Fiscalía no investigaría sus actividades y se les protegería ante
cualquier denuncia.
De acuerdo con su relato, los principales integrantes de la organización
serían el dueño de la casa del jirón Sarratea, Segundo Alejandro Sánchez
Sánchez; los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Rousbelt Oblitas
Paredes y Gian Castillo Gómez; el ex secretario general de la Presidencia Bruno
Pacheco Castillo; el titular del MTC Juan Francisco Silva Villegas; y el
empresario y especialista de seguridad Zamir Villaverde García.
Igualmente, cinco congresistas de Acción Popular, a los que se describe como
‘Los Niños’, porque supuestamente harían todo lo que el presidente Castillo les
dice.
Aunque menciona a cinco parlamentarios, solo menciona directamente a dos:
Raúl Felipe Doroteo Carbajo, parlamentario por Ica, y el médico Juan Carlos Mori
Celis, representante por la región Loreto.
La aspirante a colaboradora dice que estos parlamentarios hacen todo lo que
el presidente les pide, a cambio de beneficiarse de millonarios contratos en el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la empresa INIP
Ingeniería Integración de Proyectos SAC y un grupo de empresas de inversionistas
chinos.
De las empresas chinas menciona a Consorcio Conservación Vial, Mazocruz
(China Civil Engineering Construcción Sucursal del Perú) y Grupo Constructor y
Consultor Asociados. El presidente y Sarratea La aspirante a colaboradora
dice que la casa de Sarratea, que el presidente utilizó en sus primeros días de
Gobierno, era su oficina para las reuniones con los empresarios privados,
quienes luego de dichas reuniones salían beneficiados.
“Allí se reunió con un empresario de tráfico de terrenos cuyo nombre no
recuerda, pero que el mismo día se reunió con una funcionaria de la
Superintendencia de Bienes Nacionales para ver la certificación de
terrenos”.
“También conoce que Tania Peralta, la hermana del dueño de la casa de
Sarratea, ha ganado dos procesos de selección en el Estado en el rubro de salud,
por 20 a 18 millones de soles. Asimismo, entre setiembre y octubre hubo una
reunión para arreglar los nombramientos de los directores de Salud, donde
participaron los sobrinos del presidente y sé que había personas que pagaron 150
mil soles por un puesto”.
Más adelante, López refiere que el presidente Castillo se reunió con una
empresaria cuyo nombre es Leslie Janifer Narváez Rodríguez, que ha licitado con
el Ministerio de Vivienda, y que un sobrino del presidente maneja sus carros y
coordina las licitaciones en ese sector.
También dijo que en setiembre del 2021 escuchó una discusión entre el
presidente Castillo y Bruno Pacheco en la que ambos se reclamaban que debían
atender un pedido del dueño de la casa de Sarratea sobre un negocio de mercurio
y litio. El negocio era poner una empresa y elevar el precio del mercurio y el
presidente debía sacar una resolución a favor de los empresarios.
“Tengo conocimiento de que Bruno Pacheco fue a hablar con el jefe de la Sunat
para sacar la resolución a favor del mercurio, pero le dijeron que era muy
contaminante. Luego, el propio Alejandro Sánchez buscó un contacto directo con
el jefe de la Sunat y en diciembre logró pactar que saliera la resolución a
cambio de ratificar al jefe de la Sunat”.
También asegura que presenció otra discusión entre Castillo y Pacheco sobre
el apoyo a la empresa Deltron, los WhatsApp sobre el martillero de la Sunat, el
dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva.
El 9 de noviembre del 2021 también se produjo una discusión entre el
presidente y su exsecretario de la presidencia donde se hicieron reclamos
mutuos. Pacheco se quejó de que un director le reclamó que había pagado 150 mil
soles para que le den el puesto en el Ministerio de Vivienda y no habrían
cumplido con ello.
Allanamiento. La Fiscalía podría realizar nuevos allanamientos en las
siguientes horas. Foto: Antonio Melgarejo/La República Allanamiento. La
Fiscalía podría realizar nuevos allanamientos en las siguientes horas. Foto:
Antonio Melgarejo/La República
En el MTC El colaborador clave nº 001-2022-2°-FISLAA asegura que el
presidente de la República integraría una mafia en el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, con la participación del ministro Juan Silva y el empresario y
especialista en seguridad Samir Villaverde.
Igualmente, los sobrinos Gian Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, y cinco
congresistas de Acción Popular, de los que identifica a los parlamentarios Raúl
Doroteo Carbajo de Ica, el médico Juan Mori Celis de Loreto y un tercero que
tendría entre sus asesores a Yonhy Lescano.
Agregó que el presidente se refiere a los congresistas de AP como ‘Los
Niños’, pues ellos hacen todo lo que él les dice. Este grupo que opera en el MTC
habría obtenido contratos por 463 millones de soles, a través de la empresa INIP
Ingeniería Integración de Proyectos SAC, cuyo verdadero dueño sería Alejandro
Felipe Aguilar Quispe.
Además, otras empresas relacionadas con inversionistas chinos, entre las que
menciona a Consorcio Conservación Vial, Mazocruz (China Civil Engineering
Construcción Sucursal del Perú) y Grupo Constructor y Consultor Asociados
SAC.
El colaborador anotó que Zamir Villaverde organizó las operaciones en el MTC
recomendando a los altos funcionarios de esa entidad, como el director de
Provías Descentralizado.
Al respecto, López entregó una lista de siete obras de infraestructura que
había sacado de la computadora de Bruno Pacheco, las que habrían negociado en
los primeros meses del Gobierno y que se habrían adjudicado entre fines de
agosto, setiembre y octubre, por unos 223 millones de soles.
“Karelim López le reclamó a Bruno Pacheco por lo que sucedía en el MTC.
Pacheco le respondió que eso estaba mal, porque eso lo manejaba el ministro Juan
Silva y los sobrinos Castillo y Zamir, y no me permiten nada porque eso lo
decide Pedro Castillo”, transcribió la Fiscalía.
“Yo en ese tema no puedo decir nada, ante lo cual Karelim le dice ‘oye pero
se están dirigiendo a muchos empresarios para ofrecer las obras’. Ante lo cual
Bruno Pacheco le dice que no se preocupe, que no se meta, que esos temas son de
mafias”.
Luego de que tuvo que dejar la secretaría general de Palacio de Gobierno,
Bruno Pacheco le habría dicho al colaborador “hay que estar preparados, porque
no me voy a perjudicar solo, si en algún momento me culpan por algo, yo voy a
contarlo todo, que asuma Pedro Castillo su responsabilidad”.
Siguiendo con su relato, Karelim le dijo a la Fiscalía, que en esas
circunstancias Pacheco le confirmó que la campaña electoral a la presidencia fue
financiada por la organización ‘Los Dinámicos del Centro’, que eran la caja del
partido.
Investigación. Fiscalía deberá investigar toda la declaración. Foto: Félix
Contreras/La República Investigación. Fiscalía
deberá investigar toda la declaración. Foto: Félix Contreras/La República
Otros hechos La colaboradora también menciona al premier y exministro de
Justicia, Aníbal Torres. Asegura que Torres le ofreció a Pacheco sacarlo del
país y lograr que le concedan asilo político.
Sobre el exministro de Defensa Walter Ayala, el colaborador asegura que
recomendó la salida de Bruno Pacheco por los chats con el jefe de la Sunat. El
20 y 23 de noviembre, el ministro Ayala se reunió con el sobrino del presidente,
Rousbelt Oblitas, y Bruno Pacheco, en un edificio ubicado en el distrito de
Miraflores, con la finalidad de definir los ascensos en las Fuerzas Armadas.
Igualmente, el colaborador refiere que el 28 de noviembre participó en una
reunión con Rousbelt Oblitas y un primo del fiscal Omar Tello en un restaurante
en Lince cerca de la conocida cadena de comidas Siete Sopas. En esa reunión, el
primo del fiscal les dijo que no se preocuparan porque había hablado con Omar
Tello y que todo estaba “bajo control”.
Igualmente, cuenta que en dicha reunión Pacheco y Oblitas le dijeron que el
presidente Castillo se iba a reunir con la “number one” de la Fiscalía, en
referencia a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
“Ha brindado declaraciones sin sustento probatorio” El presidente Pedro
Castillo respondió que Karelim López ofrece una declaración que no cuenta con
sustento jurídico ni coherencia con la verdad. “Circula en la prensa monopólica
una serie de especulaciones que tienen como objetivo atentar contra la
democracia. Los mismos que conspiraron contra los anteriores mandatarios quieren
hacerlo ahora contra el Gobierno del pueblo”, señaló en su cuenta de
Twitter.
Anotó que las declaraciones de López son “maniobras políticas
antidemocráticas con la finalidad de generar inestabilidad en el país”, ante lo
cual hizo un llamado a la comunidad internacional a estar atenta ante cualquier
intento de desestabilizar el país y dar un golpe de Estado.
Por su parte, su abogado Eduardo Pachas dijo: “El presidente de la República
no está involucrado en ningún acto de corrupción, lo que se ha mencionado es
completamente falso y alejado de la verdad. Esto obedece a un plan vacador, cuyo
primer objetivo se dio la semana pasada”.
Además, Pachas cuestionó que la Fiscalía haya filtrado la declaración de
colaboración sin una mínima corroboración, lo que la desvaloriza como
prueba.
El presidente Pedro Castillo señaló que las declaraciones de Karelim López
buscan justificar un golpe de Estado parlamentario para evitar que continúe en
el Gobierno. Foto: Antonio Melgarejo/La República El presidente Pedro
Castillo señaló que las declaraciones de Karelim López buscan justificar un
golpe de Estado parlamentario para evitar que continúe en el Gobierno. Foto:
Antonio Melgarejo/La República
Presidente en cuidados intensivos Ernesto de la Jara, abogado y profesor
PUCP
El presidente Castillo habría ingresado a la unidad de cuidados intensivos si
es verdad que Karelim López se ha acogido a la colaboración eficaz, a partir de
información sobre una organización criminal liderada por él. Y solo entran allí
los que tienen pronóstico reservado, aunque también se puede salir vivo.
¿Este proceso de colaboración puede precipitar una vacancia por incapacidad
moral? Constitucionalmente no, porque –igual que con Vizcarra– recién se está
comenzando y no sería el primer intento de colaboración que termina en nada.
Solo si se hubiese concluido exitosamente el proceso de colaboración,
mediante un acuerdo firmado con el fiscal y aprobado por el juez, se abriría la
posibilidad de una acusación constitucional, en la que lo dicho por K. López
sería la prueba fundamental, al provenir de una sentencia judicial.
Ahora, es objetivo que la sola aceptación de la Fiscalía de la solicitud de
K. López –la podría rechazar– incrementará las fuertes sospechas de actos de
corrupción que ya habían contra el presidente (licitaciones y nombramientos
irregulares) y el pedido de su renuncia (que ya supera el 50 %). Una cosa es
defender el resultado electoral y rechazar los inventos de fraude, los pedidos
de golpe, los intentos inconstitucionales de vacancia, el terruqueo y el
cargamontón, pero otra cosa es la complicidad con la corrupción.
La noticia es una razón más para que se deje de lado el dictamen aprobado por
la Comisión de Justicia del Congreso, producto nuevamente de una alianza de casi
todas las organizaciones políticas del Congreso –Perú Libre y Fuerza Popular
ente ellas–, las que tienen a sus principales líderes investigados por graves
delitos, en las que existen los malditos (benditos) colaboradores. Un dictamen
encaminado a debilitar una figura poco estética pero muy rendidora (premios para
la delación comprobada). Cesar Romero La República.
CAJAMARQUINO RATERAZO
