"Hostilidad", "pésima decisión", "medida arbitraria". Las reacciones a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de ordenar la nacionalización de YPF no se han hecho esperar. El Ejecutivo de Rajoy ha prometido que responderá con "medidas claras y contundentes" en defensa de los intereses de Repsol y llamará este martes a consultas al embajador argentino en España. Esta posición del Gobierno ante la toma de control de la filial de Repsol por parte de Argentina fue expuesta anoche en una comparecencia ante los periodistas del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y el titular de Industria José Manuel Soria.
Margallo ha valorado la decisión de Kirchner como "pésima para España y Argentina". Por su parte el ministro Soria ha anunciado que el Ejecutivo español "ultima medidas de respuesta" que traerán consecuencias. Tras reunirse de urgencia con Mariano Rajoy y Soraya Saénz de Santamaría en La Moncloa poco después del discurso de la presidenta argentina, los ministros de Exteriores e Industria han sido la cara del Gobierno ante la opinión pública.
Por su parte, Mariano Rajoy aprovechará su viaje de hoy a México "para hablar con nuestros aliados en América Latina de una cuestión que por ahora afecta a España pero amenaza a cualquier inversor extranjero", según Margallo. En concreto, recordó que México tiene "diferencias" con Argentina por su proteccionismo a la importación de automóviles.
De hecho, el presidente mexicano Felipe Calderón ha calificado de "muy lamentable" la intervención de la petrolera controlada por Repsol por considerar que es una decisión "claramente violatoria de acuerdos y tratados" y que "no lleva a nada". Calderón ha subrayado que la decisión tomada por Kirchner es "poco responsable" y "no le va hacer bien a nadie, ya no digamos a los inversionistas de Repsol".
También ha habido reacción por parte del Gobierno de Obama. El Departamento de Estado afirmó que "sigue los acontecimientos" en torno a la propuesta de ley para tomar el control de la filial de la petrolera. "Las decisiones deben tener su justificación, se debe convivir dentro de esos patrones", ha opinado Hillary Clinton desde Brasil.
Para el Ejecutivo español, la nacionalización de YPF es "arbitraria y discriminatoria" y afectará a millones de pequeños accionistas. Soria recordó durante su intervención que otras empresas españolas tienen intereses e inversiones en Argentina, entre ellas de los sectores financieros, telecomunicaciones y energético.
Margallo ha valorado la decisión de Kirchner como "pésima para España y Argentina". Por su parte el ministro Soria ha anunciado que el Ejecutivo español "ultima medidas de respuesta" que traerán consecuencias. Tras reunirse de urgencia con Mariano Rajoy y Soraya Saénz de Santamaría en La Moncloa poco después del discurso de la presidenta argentina, los ministros de Exteriores e Industria han sido la cara del Gobierno ante la opinión pública.
Por su parte, Mariano Rajoy aprovechará su viaje de hoy a México "para hablar con nuestros aliados en América Latina de una cuestión que por ahora afecta a España pero amenaza a cualquier inversor extranjero", según Margallo. En concreto, recordó que México tiene "diferencias" con Argentina por su proteccionismo a la importación de automóviles.
De hecho, el presidente mexicano Felipe Calderón ha calificado de "muy lamentable" la intervención de la petrolera controlada por Repsol por considerar que es una decisión "claramente violatoria de acuerdos y tratados" y que "no lleva a nada". Calderón ha subrayado que la decisión tomada por Kirchner es "poco responsable" y "no le va hacer bien a nadie, ya no digamos a los inversionistas de Repsol".
También ha habido reacción por parte del Gobierno de Obama. El Departamento de Estado afirmó que "sigue los acontecimientos" en torno a la propuesta de ley para tomar el control de la filial de la petrolera. "Las decisiones deben tener su justificación, se debe convivir dentro de esos patrones", ha opinado Hillary Clinton desde Brasil.
Para el Ejecutivo español, la nacionalización de YPF es "arbitraria y discriminatoria" y afectará a millones de pequeños accionistas. Soria recordó durante su intervención que otras empresas españolas tienen intereses e inversiones en Argentina, entre ellas de los sectores financieros, telecomunicaciones y energético.
