Incongruencias. Siete autorizaciones judiciales plagadas de irregularidades. Evidencias de cómo un sofisticado sistema de escuchas secretas y legales contra el narcotráfico puede quedar fuera de control y ser manipulado.
César Romero y Edmundo Cruz.
El jefe de la Dirección Policial Antidrogas (Dirandro), general Carlos Morán Soto, y el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, niegan que el sistema Constelación de escuchas telefónicas legales (donado por el gobierno norteamericano para la lucha antidrogas) haya sido empleado en operativos de espionaje político ilegal.
Sin embargo, una ojeada a las resoluciones judiciales que autorizan la intervención, escucha, grabación y control de llamadas telefónicas a cargo de una unidad de la Dirandro reafirma las fundadas dudas respecto al manejo de esa potente y sofisticada arma contra el crimen organizado.
Veamos cómo se han procesado las autorizaciones de escuchas telefónicas en el mediático caso Fefer. Por coincidencia, empezaron a gestarse luego de conocerse los nombres de los candidatos a la segunda vuelta electoral, en la que Omar Chehade Moya, socio y amigo del abogado Iván Torres La Torre, a cargo de la defensa de Eva Bracamonte y Liliana Castro, postulaba como segundo vicepresidente.
Coincidencia
Iván Torres es uno de los chuponeados. Sus dos celulares fueron intervenidos formalmente durante junio y julio últimos (hay evidencias de que estas escuchas empezaron antes), lapso en el que mantuvo permanente comunicación con Chehade. Hasta ayer no se le había comunicado el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.
Otra casualidad: la jueza Nancy Carmen Choquehuanca, firmante de las 7 resoluciones del caso, firmó la primera de ellas el pasado 12 de mayo, el mismo día que el fiscal supremo Peláez Bardales asumió la Fiscalía de la Nación.
Rara urgencia: el chuponeo en el caso Fefer fue solicitado por la fiscal Nelly Millones Palmadera el 11 de mayo, una día antes de que la jueza lo aceptara. Pero extrañamente el hecho que motivó el pedido había ocurrido el 24 de junio del 2010, diez meses antes.
Ese día la Fiscalía Provincial Penal de Turno, con apoyo de la policía, realizó un operativo dentro del Penal de Mujeres de Chorrillos (ex Santa Mónica). “Halló en poder de las procesadas Eva Lorena Bracamonte Fefer y Liliana Castro Mannarelli diversa cantidad de documentación y un USB de 8 gigas”, precisa la resolución.
La información encontrada versaba sobre el “pago de personal del INPE, pagos realizados por Angélica Raquel Córdova, pagos de pasajes de un abogado a la República de Argentina, pago por concepto de teléfonos celulares, recargas telefónicas de las procesadas”. Más o menos los mismos hechos que ahora se conocen con las interceptaciones filtradas.
Esa información, al parecer, era vital para la investigación del caso, pero se mantuvo congelada 10 meses y 12 días. Los reflejos de las autoridades se aguzaron recién en plena polarización política del país, cuando la jueza aprobó la interceptación en 24 horas.
La urgencia sabe a formalidad. La República revisó en Dirandro los cargos de las resoluciones judiciales del caso Fefer y comprobó que la autorización tramitada con premura llegó a la policía 8 días después, el 20 de mayo del 2011.
Como dice el general Morán, este tipo de licencias se resuelven en 24 horas, puesto que se busca información relevante sobre un evento que está sucediendo o cuya ocurrencia es inminente. La información se obtiene en tiempo real. Todo indica que en el caso Fefer, eso no era lo esencial. ¿O es que solo se trataba de regularizar un chuponeo ya realizado?
Esa primera resolución autorizó la escucha de cuatro teléfonos móviles: el 998702424 de Eva Bracamonte Fefer, el 975600009 de Liliana Castro Mannarelli, el 990282818 de Juan Manuel Quiroz Marín, abogado de Alejandro Trujillo Ospina, y el 988833051 de Angélica Raquel Córdova Gálvez, administradora y apoderada de la empresa Sideral.
La resolución fijó un plazo de 30 días para el chuponeo, pero no precisó si estos se contaban a partir de la firma del documento por la jueza (12 de mayo) o desde que la policía tomaba conocimiento (20 de mayo), precisión que es usual para que luego no haya ningún cuestionamiento sobre la legalidad de las interceptaciones.
Escuchas adelantadas
La jueza Choquehuanca emitió una segunda resolución el 27 de mayo. Suspendió la escucha de los teléfonos 975600009 y 990282818, que por lo visto no estaban siendo utilizados. Y los reemplazó por otros tantos: el 953550557 usado por Eva Bracamonte desde el penal para llamar y enviar mensajes de texto; y el 4412894, teléfono fijo de la empresa inmobiliaria Sideral.
Esta vez la jueza sí indicó que el periodo de chuponeo de 30 días se contaba desde que la policía recibía la orden.
La tercera resolución se dictó el 3 de junio, el mismo día que la fiscalía hizo la petición. Justo la mañana que La República denunció un presunto espionaje de Dirandro a los teléfonos del entorno del candidato Humala. También a partir de esta resolución entró recién en escena Iván Torres. Constatamos varias coincidencias.
La cuarta autorización es de lo más extraña. Hay dos resoluciones con un mismo texto, una fechada el 9 de junio, que invoca un dictamen de la fiscal Millones emitido el 10 de junio, es decir, al día siguiente. Motivo por el que se emite una nueva versión con el mismo texto pero con fecha 10 de junio.
La resolución se subsanó pero eso no fue indicado en el texto. La policía la recibió el 12 de junio y alguien anotó de puño y letra la palabra “subsanación”. Es probable que allí se detectó el error.
Como si no fuera suficiente, un informe de la Dirandro (N° 445.07-2011) que da cuenta de estas resoluciones no menciona la del 9 de junio, o sea que formalmente no existiría, pero circulan copias de ambas con el mismo número de expediente del caso: 32449-2009.
Programan a “Iván”
El chuponeo al abogado Iván Torres La Torre, socio y amigo de Omar Chehade, se autorizó el 15 de junio. En su pedido, la fiscal Millones menciona al abogado Torres sólo como “Iván”. Le intervienen sus dos celulares: 998595327 de Movistar, y 997453237 de Claro, por 10 días y, justo en ese lapso, se logró lo que probablemente se buscaba.
Sin embargo, en las transcripciones que han trascendido a la prensa hay grabaciones a Torres desde el 8 de junio. Un audio, supuestamente el más importante, es el del 13 de junio. Allí Torres solicitaría a Eva Bracamonte 2.000 dólares. Según versión de “Cuarto Poder”, como adelanto de honorarios. Según la resolución judicial “a fin de ser entregados a los sujetos conocidos como ‘Tito’ y ‘Calin’, que a su vez debían ser entregados a un sujeto conocido como ‘La Flaca’, para negociarse los términos de la confesión sincera al que pretende acogerse el procesado Alejandro Trujillo Ospina”.
La sexta resolución, del 20 de junio, vuelve a los errores. Dispone proseguir con la escucha del celular 998702424 , y para el caso se remite a una resolución judicial del 20 de mayo del 2011 inexistente.
La sétima y última resolución judicial de chuponeo en el caso Fefer data del 30 de junio del 2011. Ordena continuar con las escuchas al teléfono del abogado Iván Torres, a quien ahora sí se menciona con sus nombres completos, por 20 días más, hasta el 20 de julio del 2011.
Resúmenes sin lacrar
La fiscalía pidió y la jueza aprobó veinte días de rastreo, sin embargo, a la semana, el 7 de julio, el fiscal recolector Hércules Limaymanta, adjunto a la titular Millones, solicitó y obtuvo en la Dirandro la cadena de custodia de las evidencias recopiladas hasta ese momento. ¿Por qué tanto apuro?
La Dirandro entregó al fiscal un DVD con 57 archivos de sonido y 57 archivos MD5. Los archivos MD5 son utilizados para verificar que el archivo de audio grabado no ha sufrido ninguna alteración durante el proceso.
El DVD fue entregado en sobre lacrado con todos los sellos de seguridad habituales en estos casos. Adicionalmente, el 8 de julio, el fiscal Limaymanta recibió las actas de intervención, recolección y control de comunicaciones, incluido el resumen de las escuchas en un sobre, en este caso sin lacrar.
Toda esa información fue entregada de inmediato a la jueza Nancy Carmen Choquehuanca en las mismas condiciones. Pero, pese a todas las medidas dispuestas, hubo una filtración, hasta ahora, solo de las transcripciones y resumen de las escuchas realizadas.
Los trascendidos de estas escuchas evidenciarían actividades de corrupción o encubrimiento, a fin de que las procesadas recuperen su libertad, lo que si bien tiene relación con el caso de Homicidio, se aleja del objetivo de la investigación realizada por la jueza Choquehuanca y la fiscal Millones, que es identificar a los asesinos de Miriam Fefer. Los audios podrían sustentar nuevos procesos, pero no ayudan a esclarecer el crimen.
ENTREVISTA
“Investiguen en la fiscalía y el juzgado”
Carlos Morán
Director de la Dirandro
¿Cuándo empiezan las escuchas en el caso Fefer?
El 12 de mayo, a pedido del fiscal. Este no es un caso que ha sido investigado por la Dirandro, el tema está judicializado
Se han filtrado escuchas.
Es la primera vez que sale una transcripción, y es real, se ha dado. Son transcripciones que se han hecho acá.
¿De dónde salieron?
No han salido de Dirandro. Debe investigarse en la fiscalía y el juzgado. En la quincena de mayo ya había una persona (no la identificó), que no era fiscal, que conocía la labor que se estaba realizando o que se iba a realizar en el caso Fefer.
¿Chuponearon a Chehade?
Supongo que los teléfonos de Iván Torres o Eva Bracamonte se han comunicado con el estudio jurídico, con el teléfono fijo.
Entonces, el sistema capta las llamadas entrantes y salientes. Y aparece el teléfono fijo como interceptado. Porque en el sistema también dice qué teléfono está llamando.
Se multiplica el chuponeo
Cierto. Si el teléfono interceptado llama a un teléfono en el extranjero, a un celular de Claro, Movistar o Nextel, si llama a un teléfono satelital o uno fijo, vamos a escuchar las conversaciones. Sí, las interceptaciones se multiplican.
Cara y sello del programa Constelación
Constelación es un programa de escuchas telefónicas legales para la lucha contra el crimen organizado. Lo administra el Ministerio Público y lo opera la Dirandro (Dirección Policial Antidrogas), dependiente del ministerio del Interior.
Se ha organizado con el apoyo de la DEA (agencia norteamericana de la lucha contra las drogas) que aporta la infraestructura de telecomunicaciones de última generación.
Los primeros equipos llegaron en octubre del 2004. Cuatro años más tarde (fines del 2008 y comienzos del 2009) el sistema fue repotenciado a su capacidad actual. Interceptan celulares de Movistar y de Claro. Desde hace 2 meses tienen equipos para captar fonos de tecnología Nextel.
El sistema es capaz de interceptar 300 celulares en tiempo real y en simultáneo. Programa un número muy superior en orden prioritario y en ese mismo orden pasan a ser interceptados cuando uno de los 300 primeros deja de comunicarse.
El sistema tuvo un debut auspicioso. Fue decisivo para la captura del narcotraficante Fernando Zevallos, “Lunarejo”, el 2005. Su actual potencial salió a relucir en el caso BTR a fines del 2008 y comienzos del 2009. Y en la detección de Víctor Ariza, peruano que espió para Chile.
No solo intercepta llamadas de teléfono y mensajes de texto y de voz. También localiza equipos y personas. Lo que permitió la recaptura de José Enrique Crousillat (2011). Otro de sus objetivos sería el clan de los Sánchez Paredes.
Las dudas surgieron el mismo 2009. Personal de Dirandro está acusado de presunta utilización del sistema para borrar los USB en el caso Petroaudios, respondiendo a directivas políticas.
En el reciente proceso electoral se ha denunciado el uso indebido de Constelación (1) para “reglar” a Amilcar Gómez, lugarteniente de Ollanta Humala (2) para espiar al presidente electo y a su entorno en plena campaña electoral. El fiscal de la Nación José Pelaez anunció una investigación que no se ha realizado.
