Daniel Basteiro 
El Parlament de Cataluña ha proclamado este viernes, 27 de octubre pasadas las tres de la tarde, la independencia de la comunidad autónoma como Estado, de forma unilateral y pese a su patente y reconocida inconstitucionalidad.
La resolución ha recabado el apoyo de 70 diputados, la mayoría de la cámara, que cuenta con 135 escaños. Los apoyos previsiblemente han procedido de Junts pel Sí, que agrupa a ERC y PdeCAT y la CUP, que propusieron el texto, aunque el voto fue secreto.
Ciudadanos, PSC y PP no participaron en la votación. Catalunya sí que es pot (donde se integra Podemos) se dividió previsiblemente entre el voto en blanco y el no. Además de los 70 votos a favor, ha habido 10 en contra y 2 en blanco.
Los diputados de Ciudadanos, PSC y PP han abandonado el hemiciclo antes de ese momento y tras un tenso debate. Los letrados del Parlament también han rechazado el trámite y la oportunidad de la resolución, cuyo texto de una decena de páginas está disponible al final de este artículo. La votación ha sido secreta, ya que los grupos independentistas no han querido que se conociese qué votaba cada uno de los parlamentarios.
Nada más conocerse el resultado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, escribió el siguiente mensaje en Twitter, firmado personalmente: "Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña".

El Parlament asegura la aplicación del 155

Durante el debate en el Parlament, los portavoces de Ciudadanos, PSC, Catalunya sí que es pot y PP rechazaron la unilateralidad como vía para declarar la independencia y advirtieron de sus conscecuencias al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que decidió no intervenir en el debate, que ha durado dos días.
La votación consagra la llamada Declaración Unilateral de Independencia (DUI), que coloca a Cataluña definitivamente fuera del orden constitucional al proclamar el nacimiento de un nuevo Estado.
Mientras el Parlament votaba la resolución, el Senado terminaba el debate sobre las medidas que desarrollan el artículo 155 de la Constitución, propuestas por el Gobierno para dotarse de los instrumentos necesarios que permitan obligar a las autoridades catalanas a volver a la legalidad constitucional.
Su ejecución dependerá de una convocatoria del Consejo de Ministros, facultado para cesar a todo el Govern e intervenir ampliamente las instituciones con el fin de recuperar la estabilidad institucional y preparar unas elecciones autonómicas que deberían celebrarse en un plazo máximo de seis meses.